La Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó por 10 años al exsecretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, ante la falta de veracidad en sus declaraciones patrimoniales de tres años consecutivos cuando se desempeñaba como secretario de Relaciones Exteriores y como secretario de Hacienda y Crédito Público, por lo que no podrá ejercer ningún cargo público.
De acuerdo con la dependencia, a cargo de Irma Eréndira Sandoval, ’se ordenó en junio de 2019 el inicio de la investigación patrimonial sobre quien fuera Secretario de Hacienda y Crédito Público de diciembre de 2012 a septiembre de 2016, luego de conocer su posible participación en la compra irregular de la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados’, la cual ocasionó un millonario daño patrimonial al Estado.
Sobre este tema, Luis Videgaray aclaró, a través de su cuenta de Twitter, que las cuentas bancarias a las que se refiere la SFP son en realidad tarjetas de crédito que no tenían saldo deudor a la fecha del reporte de la declaración, por lo que no se incluyeron en el apartado de ’pasivos’ sino en el de ’observaciones y declaraciones’.
Sin embargo, la SFP rebatió su explicación y aseguró que su sanción es “sólida”, pues las cuentas bancarias sí tenían saldo.
El exfuncionario se encuentra en la mira de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que se encuentran investigándolo a partir de la denuncia realizada por Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) quien lo indica que Videgaray fue pieza clave en la compra de votos a legisladores para que aprobaran la Reforma Energética en el sexenio pasado.
Mientras tanto el expresidente Enrique Peña Nieto desde 2019 mantiene un bajo perfil viviendo en Cambridge, Massachusetts, donde trabaja como académico y director del Proyecto Mundial de Políticas de Inteligencia Artificial en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT).
Luis Videgaray llegó al círculo más cercano de Enrique Peña Nieto desde el Gobierno en el Estado de México (2005-2011) como su Secretario de Finanzas.
El nexo fue el entonces Secretario de Hacienda de Carlos Salinas de Gortari, Pedro Aspe Armella, con quien laboró en su consultora Protego, donde reestructuraban deudas estatales. Además, el Secretario de Energía de Ernesto Zedillo, Jesús Reyes Heroles González Garza, fue sinodal de su examen profesional.
Luego llegó al Congreso como Diputado federal y hasta 2011 presidió la comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Ahí, contrató como asesor al exsecretario de Educación, Aurelio Nuño, quien junto con Emilio Lozoya también participó en la campaña presidencial de Peña Nieto en 2012.
Ya como Secretario de Hacienda, lo primero que hizo fue gestionar el Pacto por México con los dirigentes de los principales partidos de la oposición para aprobar las once reformas estructurales que continuarían la apertura económica del salinismo, entre ellas, la Energética, que abrió la puerta a la inversión privada en la producción y explotación de los hidrocarburos.
En 2014, después de la desaparición de 43 normalistas en Ayotzinapa, para tratar de “apagar el incendio” iniciado por la “casa blanca”-Tren México Querétaro, a Videgaray Caso se atribuyó la decisión de nombrar en la Secretaría de la Función Pública a Virgilio Andrade, quien terminó en agosto siguiente exonerando a Peña Nieto y a su propio amigo, encontrado también por The Wall Street Journal como propietario de una casa en Malinalco comprada al contratista Armando Hinojosa.
En 2019, Javier Coello Trejo, abogado del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, pidió que el Gobierno federal investigue a Videgaray y al expresidente Peña por las irregularidades en las compras de las plantas de fertilizante Agro Nitrogenados y Fertinal, entre los años 2013 y 2015.
Las actas de Pemex indican que Videgaray fue integrante del Consejo de Administración de Pemex durante 2013-2014. Y la Ley de la Empresa Productiva del Estado, en su Artículo 35 establece que, como tal, Videgaray sería “solidariamente responsable” de las irregularidades y daños que puedan ser probados, toda vez que estuviera enterado de los hechos, pero sin actuar para evitar el perjuicio y enmendar el daño.
Sin embargo, la responsabilidad de Videgaray en las irregularidades de casos como el de Pemex va más allá de su actuar como funcionario público. Antes de formar parte del Consejo de Administración de la petrolera, el exsecretario de Hacienda laboró (1998-2000) para Evercore (antes Protego). Una compañía que en 2015 fue contratada por el Gobierno federal, para valuar la compra de las plantas de Fertinal.
La vida laboral de Videgaray en Evercore no sólo fue una pieza clave para la compra de las plantas “chatarra” sino que, asimismo, hizo que Videgaray y Lozoya —quien entonces trabajaba en OHL— terminaran por conocerse y entablar una gran amistad y vínculo profesional, según las declaraciones del ex titular de Pemex, en entrevista (2012) con ADNPolítico.
A esto señalamientos se suma uno más: En 2016 habría orquestado, junto con el entonces presidente del partido tricolor, Manlio Fabio Beltrones Rivera, y el otrora Gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, el desvío de 250 millones de pesos de las arcas estatales a los bolsillos del PRI, para los comicios federales del 1 de julio de 2018.
El escándalo de corrupción electoral surgió a raíz de una investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua. En el entramado de malversación de fondos públicos también habrían estado involucradas las administraciones de Durango, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz, cuyas secretarías de Hacienda y Educación Pública participaron como excipiente de transferencia de recursos estatales al PRI.
Pero el nombre del excanciller mexicano y su presunta relación con actos de corrupción aparece no sólo en el sexenio presidencial de Peña Nieto, sino también en su campaña.
Luis Videgaray Caso coordinó en 2012 la campaña política del entonces candidato presidencial Enrique Peña Nieto. Era febrero, cinco meses antes de las elecciones y como mano derecha de Peña ya dejaba huellas en el lodo con una presunta triangulación de recursos ilícitos provenientes de una cuenta del Estado de México (Scotiabank no. 03800806935) para favorecer al PRI, de acuerdo con una denuncia pública del entonces coordinador de campaña de López Obrador, el Senador Ricardo Monreal Ávila.
Monreal también aseguró que Videgaray estuviera registrado (cliente no. 123941072) como uno de los administradores de la cuenta bancaria del Gobierno mexiquense que, de febrero a junio de 2018, tuvo ingresos “inusuales” de más de 8.6 mil millones de pesos mientras que, desde 2011, dicha cuenta tuvo movimientos mensuales promedio de 153 mil pesos. Sin embargo, el rastro de los “ríos de dinero” denunciados por Monreal fue incierto pues, tan pronto como inundaban la cuenta, fluían “para tratar de comprar la Presidencia de la República”.
Las irregularidades durante la campaña política de 2012 —que surgieron a la par que el caso Monex— no pararon con la afluencia de dinero. Monreal acusó que Videgaray manejaba recursos del Estado de México a pesar de que, a partir de 2009, dejó de ser funcionario público en la entidad federativa. De ahí en adelante, hubo incongruencias administrativas que acompañaron a Videgaray en sus años de gestión como funcionario del Gobierno federal y que lo persiguen a la fecha.Guadalupe Fuentes López | SIN EMBARGO
