Durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador atendieron un total de 18 mil 818 juicios, siendo hasta 10 veces más con respecto al sexenio del priista Enrique Peña Nieto, de acuerdo con cifras del gobierno federal.
En el primer año de gobierno de López Obrador realizaron 3 mil 258 juicios, siendo una cifra considerable con respecto a los resultados del primer año de Peña Nieto, quien contó apenas con 232 asuntos atendidos en estancias judiciales.
En el sexto año de gobierno de López Obrador los juicios ascendieron a 4 mil 189 mientras que al finalizar el sexenio de Peña Nieto apenas dieron seguimiento a 320 casos.
Gran parte de los juicios atendidos durante la gestión de López Obrador corresponde a temas agrarios; en segundo lugar a temas civiles y el tercero corresponde a juicios de amparo.
En la cuarta y quinta posición de tipos de juicio de mayor ocurrencia se colocaron los casos de asuntos electorales y las controversias constitucionales.
Durante el gobierno de López Obrador hubo una serie de juicios trascendentes como fue contra Grupo México: uno por el Tren que transita por el Istmo de Tehuantepec y otro por el desastre ecológico ocasionado por un derrame de sustancias peligrosas por una mina en el Río Sonora.
El 19 de mayo de 2023, Grupo México informó que personal armado de la Secretaría de Marina ocupó las instalaciones de Ferrosur, en el tramo Coatzacoalcos-Medias Aguas
Ese mismo día, el gobierno publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto por el que se ordena la ocupación temporal e inmediata del tramo ferroviario por parte del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, empresa de participación estatal mayoritaria.
En junio de 2023, el gobierno federal informó que las secretarías de Marina, Hacienda y Gobernación firmaron un acuerdo con Grupo México, por el cual otorga a la nación los 120 kilómetros del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, en Veracruz.
Se acordó que la empresa recibirá una ampliación por ocho años, de la concesión de Medias Aguas a Veracruz y un pago de cuota. Se pidió una opinión de valor al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), quien determinó un monto de 836 millones 894,000 pesos. La pretensión original de Grupo México era obtener una indemnización de 9,500 millones de pesos.
Otro caso relevante fue el 3 de septiembre de 2018, que la empresa Legacy Vulcan, LLC (Legacy), en representación propia y de Calizas Industriales del Carmen, S.A. de C.V. (CALICA) presentó una notificación de intención para someter una reclamación a arbitraje en contra del gobierno de México al amparo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Reclamó una compensación de 1,529 millones de dólares.
Tren Maya
La construcción del Tren Maya recibió una serie de juicios. Solo en 2024, la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal atendió y siguió 52 juicios de amparo promovidos por actores de la sociedad como particulares interesados, asociaciones civiles y pobladores de las zonas por donde transitará ese medio de transporte, afectados por la construcción, las obras de tala y desmonte, los trámites de expropiación y otras actividades relacionadas con dicha obra.
Fideicomisos del poder Judicial
Durante 2023, el gobierno federal debió atender 213 juicios de amparo relacionados con el decreto que adiciona el artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en el que se ordena la extinción de diversos fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. En la mayoría fue concedida la suspensión definitiva, contra la cual se interpusieron los recursos de revisión correspondientes. Los juicios están pendientes de dictarse sentencia de fondo.
Afectados por modificación de estructura del INE
El gobierno federal también se enfrentó a amparos promovidos en contra del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de marzo de 2023, relativo a la modificación de diversas disposiciones electorales y en el que se ordenaba modificar la estructura orgánica del Instituto Nacional Electoral. Durante 2023 se recibieron 657 juicios de amparo relacionados con dicho decreto, los cuales en su mayoría se han sobreseído.
Agronitrogenados
Por otra parte en septiembre de 2018, la Secretaría de la Función Pública (SFP) inició procedimientos de sanción contra funcionarios de Pemex por la adquisición de plantas de fertilizantes, en quiebra.
En diciembre del 2013, los servidores públicos avalaron un contrato de compraventa por un precio de 273 millones de dólares, con diversas empresas que fueron parte de Altos Hornos de México S.A. (AHMSA).
En mayo de 2019, el presidente de esa compañía, Alonso Ancira, fue detenido, por agentes de Interpol, en Mallorca, España, tras su vinculación con pagos ilegales de la compañía brasileña Odebrecht al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin.
Se informó que Ancira también está vinculado con la presunta venta irregular de la empresa Agro Nitrogenados a Pemex, cuando la petrolera era dirigida por Emilio Lozoya.
En enero de 2021, AHMSA pactó con el gobierno federal que pagaría por la demanda a la operación de compra-venta del complejo petroquímico Agro Nitrogenados. Ese mismo mes Ancira informó a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que cumplió con el Acuerdo Reparatorio con Pemex con el pago de 216 millones 664,040 dólares, adeudo aprobado por la Asamblea de Accionistas de Altos Hornos de México.
En septiembre de 2021, la Fiscalía General de la República (FGR) reveló un acuerdo reparatorio dentro de la causa penal 211/2019, por el que el empresario Alonso Ancira obtuvo la libertad luego de acordar con Pemex resarcir 216.6 millones de dólares, por el asunto de Agronitrogenados.
El acuerdo especifica que se liquidará a Pemex en tres pagos: 50 millones de dólares el 30 de noviembre de 2021; 54 millones el 30 de noviembre de 2022 y 112 millones el 30 de noviembre de 2023.
El 23 de noviembre de 2021 el empresario Alonso Ancira realizó el primer pago, a través de AHMSA por 50.4 millones de dólares por concepto de reparación del daño a Pemex.
Un año después, en noviembre de 2022, el pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa avaló la decisión de la UIF de mantener el nombre de la empresa dentro de la lista de personas morales con cuentas bancarias bloqueadas por la autoridad.
Asimismo, AHMSA perdió un juicio contra la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) respecto de su estatus dentro de la lista de cuentas bloqueadas del órgano de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En marzo de 2024, Ancira renunció al Consejo de Administración de AHMSA y la empresa informó que logró aplazar al 30 de noviembre de 2024 el tercer pago de los más de 112 millones de dólares del acuerdo reparatorio con Pemex.Con información de Diego Badillo | EL ECONOMISTA
