La Hoguera

Emmanuel Ameth


¿Hacen su trabajo las autoridades de Hidalgo para esclarecer las desapariciones?

¿Hacen su trabajo las autoridades de Hidalgo para esclarecer las desapariciones?




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Noviembre 14, 2019 03:10 hrs.
Seguridad Estados › México Hidalgo
Emmanuel Ameth › Emmanuel Ameth Noticias

El fenómeno de la violencia observa tan diversos factores como responsables; en ese sentido, culpar a una sola de su intensificación sería absurdo, sobre todo teniendo en cuenta los pocos elementos que salvaguardan la integridad de la ciudadanía, su nula coordinación así como su evidente falta de capacitación, si observamos todo desde una visión realista.

Hay casos sin embargo, que evidencian que una de estas no hace su tarea y en el caso de las desapariciones, está en duda si de verdad existe la intención de clarificar y disminuir sus incidencias y afectaciones por parte del gobierno de Hidalgo.

Demos dos ejemplos: las desapariciones de Sebastián Yáñez así como la de Cynthia Guadalupe.

En el primero de los casos los padres del joven denunciaron ante las instancias correspondientes el suceso y las autoridades, en apariencia, tomaron cartas en el asunto. Pero algo se rompió que cuatro días después de haberse dado el suceso, familiares y amigos se movilizaron para cerrar parcialmente la carretera México-Pachuca en protesta de encontrar un mayor compromiso.

La respuesta, con poca probabilidad de atribuirse a la casualidad, fue la de difundir mediante trolls (cuentas dedicadas a atacar y calumniar, escondidos los autores en perfiles falsos) fake news en la que se hablaba no sólo de su hallazgo, sino que también se buscó revictimizar al joven.

Los padres del muchacho emitieron un video para desmentir las versiones y posteriormente lo hizo la propia autoridad, pero la noticia ya se había difundido incluso en algunos medios de comunicación -cuyos convenios de publicidad el ejecutivo estatal así como con el ayuntamiento de Pachuca dejan muchas suspicacias-.

Actualmente ya se aprecia un mayor compromiso para encontrar a Sebastián aunque no deja de llamar la atención que los padres en su desesperación evaluaron que era peor seguir como estaban que evidenciar a quienes en apariencia les ayudaban, pudiendo ser el resultado contraproducente: decidieron tomar el riesgo.

Con sólo este caso, sería irresponsable señalar una falta de compromiso por parte de las autoridades, pues entre las variables hay muchas posibles explicaciones, sobre todo en esos momentos de impotencia y estrés extremo

Pero en el caso de Cynthia Guadalupe, la sospecha fundada en una pequeña posibilidad se convierte en una premisa que no puede dejarse pasar.

Antes de que se emitiera la ficha oficial, la madre de la menor ya se había apresurado a repartir hojas, escritas con su puño y letra, buscando la ayuda de la ciudadanía para dar con el paradero de su hija -una decisión muy acertada-.

Entre los números telefónicos que allí se encontraban para proporcionar informes, llama la atención uno que pertenecía al padre de la menor y es allí donde comienzan las irregularidades.

Una fuente que mostró a este medio una serie de conversaciones sostenidas con el mismo, apunta a que al llamar al padre de la menor para obtener mayor información del caso, este le contestó que la menor se encontraba con él. Incrédulo, pidió pruebas y la pasaron al teléfono. Aún así, cabía la sospecha de que no fuera ella o bien estuviera bajo algún tipo de amenaza, así que llamó al teléfono personal de la menor, contestando la misma. Pidió una videollamada y también le fue dada. La comunicación se sostuvo por días hasta que finalmente se decidieron a hacer los trámites para dar de baja la alerta, algo que no se concretó antes porque por asuntos familiares -muy respetables y que no se juzgan en ningún sentido- y por tratarse de una menor, era su tutora legal quien debía hacerlos -y quien ya había hablado con la chica-. Esta historia afortunadamente terminó bien para la familia y es eso lo que debe importar.

Las llamadas sin embargo para la localización de la menor, no fueron realizadas por parte de una autoridad como pudiera suponerse, las hizo otra persona y es allí donde surgen las dudas que son motivo de esta columna.

¿No sería algo evidente, al menos para el sentido común, que el protocolo de búsqueda en algún momento fuera contactar con todos los familiares no sólo para descartar líneas de investigación sino para que aporten datos sustanciales que otros podrían no tener? Si las autoridades hubieran tomado su trabajo con seriedad ¿no se habría incluso dado de baja la ficha de búsqueda el mismo día, teniendo en cuenta que las primeras horas son vitales para la localización de personas? ¿por qué no se les ocurrió marcar ya no digamos a los teléfonos proporcionados por los familiares sino a los contenidos en las mismas hojas de búsqueda repartidos por la madre?

Bajo el análisis de los dos casos aquí expuestos, no se trata de una suposición irresponsable ni de una invención el cuestionar si de verdad existe la intención de hacer algo por los desaparecidos o bien, poner en tela de juicio los protocolos seguidos.

Ojalá se hagan los cambios necesarios para ser más eficientes en las búsquedas para beneficio de todos, pues entre las responsabilidades que asume cada quien, son las fuerzas del Estado las que gozan de mayores instrumentos para garantizar la seguridad de la ciudadanía. Es más, el último caso aquí señalado sería suficiente para que bajo un planteamiento serio, pudiera activarse una alerta de violencia de género contra las mujeres en Hidalgo.

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