En una mina ubicada al noreste de Sonora propiedad de Alberto Baillères González, y que hace un par de días le fueron heredados a su hijo Alejandro Baillères Gual, fueron asesinados los ejidatarios José de Jesús Robledo Cruz y María de Jesús Gómez Vega tras su lucha contra la minera Penmont.
Mientras que en el sexenio de Enrique Peña Nieto, el Senado de la República le entregó la medalla Belisario Domínguez al empresario Alberto Baillères como un reconocimiento a su sobresaliente contribución en la promoción de la salud y al impulso del desarrollo económico, educativo y cultural del país; ceremonia a la que asistió el exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco, el entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera; el extitular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, y el expresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, además de los exsecretarios de Gobernación y de Hacienda, Miguel Ángel Osorio Chong y Luis Videgaray.
Ahora el pasado viernes yacen en sus tierras dos ejidatarios en el municipio de Puerto Peñasco, a una hora de la mina, mismo lugar donde encontraron un cartón con una lista de nombres de ejidatarios de El Bajío que se oponen a la minera de Bailléres.
’Es una clara amenaza a nuestra lucha en contra de Minera Penmont, propiedad del millonario Alberto Baillères, que invadió y saqueó nuestras tierras, por lo que fue sancionado desde el año 2014 en que se le sentenció a devolver el oro extraído y remediar el daño’, denunció la organización Ejido El Bajío.
El empresario a sus 89 años decidió jubilarse hace pocos días para cederle el cargo de Grupo Bal a uno de los siete hijos, Alejandro Baillères Gual, quien se preveía como su sucesor al estar en el Consejo Administrativo de las principales empresas. De acuerdo con la revista Forbes, en el mes de abril su fortuna acumulada por los negocios mineros, tienda departamental y de seguros de Baillères asciende a 10 mil 480 millones de dólares, 63.8 por ciento más que los seis mil 400 millones de dólares que poseía en 2020.
En mayo de 2015 una mina de Penmont derramó cianuro en Caborca, Sonora, y diez años antes la minera Sabinas de Industrias Peñoles derramó sustancias con metales pesados y químicos al arroyo El Canutillo en el municipio de Sombrerete, Zacatecas, y en Ascención, Chihuahua.
Los campesinos y ejidatarios acusaron a la Minera Bismark —subsidiaria de Peñoles— de sobreexplotar los mantos freáticos y contaminar los pozos que abastecen a las comunidades aledañas.
El expresidente ejidal asesinado, José de Jesús, denunció en octubre del 2016 la intromisión ilegal en tierras del ejido por parte de Rafael Pavlovich Durazo, tío de la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.
’Pavlovich Durazo extraía oro de las pilas de lixiviación que la Minera Penmont se vio obligada a abandonar cuando fue desalojada el 13 de junio de 2013’, contextualizó la organización en un comunicado.
El 3 de septiembre de 2017, después de la denuncia contra el familiar de la Gobernadora sonorense José de Jesús, que representaba a los ejidatarios, fue detenido y desaparecido. Un grupo de ejidatarios localizaron las camionetas que lo trasladaban. El defensor fue lesionado gravemente y durante tres años estuvo fuera de la zona.
El 12 de febrero de 2018 Raúl Ibarra de la Paz y su esposa, Noemí Elizabeth López Gutiérrez, fueron vistos por última vez con vida.
La organización Ejido El Bajío exigió a la Gobernadora Claudia Pavlovich que ’deje de proteger’ a su tío Rafael Pavlovich Durazo y permita a la Fiscalía General de Sonora realizar su trabajo.
’Reclamamos tanto al Gobierno de Sonora como al Estado mexicano el esclarecimiento de las muertes de nuestros compañeros José de Jesús Robledo Cruz y su esposa María de Jesús Gómez Vega, así como de las desapariciones de Raúl Ibarra de la Paz y Noemí Elizabeth López Gutiérrez’, requirió.
En respuesta al comunicado del Ejido El Bajío, Minera Penmont emitió un comunicado para lamentar y condenar los asesinatos ocurridos en el municipio Puerto Peñasco, así como la ola de actos delictivos que afectan a Caborca y la región, donde, planteó, se registra el enfrentamiento entre ’grupos de algunos ejidatarios’ y la ’intervención de grupos criminales’.
Pidió a las autoridades investigar para que se haga justicia y rechazó categóricamente insinuación alguna que la vincule de cualquier manera con los actos criminales de este fin de semana. Con información de Dulce Olvera | SIN EMBARGO
