La Cámara de Senadores aprobó por unanimidad la reforma constitucional para proteger el salario de policías, maestros y personal de salud, concluyendo así su proceso legislativo. Esta modificación establece que las remuneraciones de estos servidores públicos no podrán ser inferiores al sueldo registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), aproximadamente 16,777 pesos.
La iniciativa forma parte de las propuestas presentadas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y tiene como objetivo mejorar los ingresos de una fuerza laboral que actualmente reporta salarios promedio más bajos.
Según el dictamen aprobado, el ingreso promedio mensual de los trabajadores afiliados al IMSS alcanzó los 16,777 pesos en 2023, mientras que los salarios de docentes de nivel básico de tiempo completo, policías, guardias nacionales, miembros de la Fuerza Armada permanente, médicos y enfermeros son notablemente inferiores. Esta disparidad salarial refleja la dificultad que enfrentan estos servidores públicos para obtener una remuneración justa acorde con su labor.
De acuerdo con el proyecto avalado por la Cámara Alta, el personal docente tiene en promedio un salario de 12,500 pesos al mes, los guardias y policías del Servicio de Protección Federal reciben una remuneración cercana a los 6,800 mensuales, y el personal de enfermería del IMSS registra ingresos de entre 5,752 y 9,645 pesos al mes.
Dado que se trata de una reforma al apartado B del artículo 123 de la Constitución, esta protección salarial solo aplicará para las personas que trabajan para el Estado, es decir, para servidores públicos.
De esta manera, y en espera de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la referencia para fijar las remuneraciones de docentes, personal de enfermería y médico, y policías que dependen del Gobierno Federal, será el sueldo promedio registrado ante el IMSS.
Según el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, la homologación de salarios de estos servidores públicos tendrá un impacto presupuestario de alrededor de 39,864 millones de pesos.
Por otra parte, la reforma otorga un blindaje al salario mínimo, mismo que no podrá tener incrementos inferiores al crecimiento de la inflación. Si bien esta disposición ya se encuentra en la Ley Federal del Trabajo, con esta aprobación adquiere un blindaje constitucional.