Gobernadores del PRI como Miguel Riquelme y del PAN como Javier Corral están encabezando reuniones hace una semana con el fin de reunir argumentos para pedirle a Andrés Manuel López Obrador que no haya cambios en la Ley de Disciplina Financiera de modo de poder seguir sosteniendo el nivel actual de endeudamiento.
Coahuila y Chichuahua están entre las entidades más endeudadas del país. Actualmente el pasivo de todos los estados se ubica en los 600 mil millones de pesos.
Circula entre los mandatarios estatales el temor de que el indicador referido a la capacidad de endeudamiento que maneja la Secretaría de Hacienda vuelva a su parámetro del 2016, cuando se calculaba la deuda bruta en lugar del pasivo neto. Con ese cambio la capacidad de endeudamiento estatal se reduciría fuertemente.
Los mandatarios estatales creen que ese rumor funciona como un mecanismo de presión del Gobierno para lograr un objetivo que ya había planteado Carlos Urzúa en su paso por SHCP: que los gobernadores incrementen la recaudación de impuestos locales. El probarme es que los gobernadores no quieren pagar ese costo político.
Uno de los argumentos que entienden les jugará a favor ante el presidente es que de las cinco entidades más endeudadas dos son gobernadas por Morena, la CDMX y Veracruz. Confían en que AMLO no complique a sus propios gobernadores.
Otro dato revelador de estas conversaciones es que aparece marginado Francisco Domínguez, jefe de la Conago pero golpeado por el escándalo de la Caja Libertad. Domina la idea de que el gobernador queretano se ha vuelto vulnerable para acordar cualquier asunto importante con AMLO.
