En México, la inseguridad ha ido aumentando desde el 2006 justo cuando el entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa lanzó un ataque frontal al crimen organizado, llamado ’Guerra contra el narcotráfico’. Esta escalada de violencia que ha dejado al menos 268 mil 784 homicidios dolosos, más de 61 mil desaparecidos; sin embargo el sector de la seguridad privada se ha visto beneficiado.
En esta industria, conformada por más de 8 mil empresas y 600 mil empleos directos, destaca la presencia de varios ex funcionarios que estuvieron a cargo de la seguridad pública durante los últimos 20 años. El mercado es fructífero y la demanda de protección y servicios de seguridad aumenta en un entorno en el que cada quince minutos es asesinada una persona, de acuerdo con los números oficiales.
’Este sector ha crecido mucho, [sus empresarios] no estarían interesados en que la violencia se resuelva, porque un país seguro no sería negocio para ellos’, dijo Ricardo Ravelo, mencionó un experto en tema de seguridad, quien precisó que no quiere decir que el sector sea el que detona la violencia, sino que es la inseguridad la que le resulta conveniente.
La incursión de ex funcionarios así como directores de seguridad en las empresas de seguridad privada es una práctica que se “ha normalizado”, pero en la oscuridad, pues la participación de ex servidores públicos en estas compañías no es transparente, porque constituyen sus empresas con prestanombres y porque son pocos los contratos en los que se da información, escudándose bajo el argumento de “temas seguridad”.
Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino y el asesor Facundo Rosas, son algunos de los ex funcionarios de seguridad que, de acuerdo a documentos y fuentes periodísticas, aprovecharon la puerta giratoria para pasar de un puesto público al sector privado en la misma materia. Algunos fueron contratados por empresas, otros se presentaran como sólo como asesores y otros se hicieron las propias. El ejemplo más claro de esto último, es García Luna, hoy preso en Estados Unidos acusado de narcotráfico y lavado de dinero.
El pasado 27 de diciembre, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encabezada por Santiago Nieto, dio conocer que tanto Genaro García Luna y sus familiares se beneficiaron con millones de pesos del erario público en las administraciones del panista, Felipe Calderón Hinojosa, y del priísta Enrique Peña Nieto, cuando Miguel Ángel Osorio Chong era Secretario de Gobernación así como del gobierno capitalino en el sexenio de Miguel Ángel Mancera.
La UIF identificó que, durante el sexenio de Calderón, en 2011, se creó una empresa en Panamá y previo a ello, en 2008, García Luna adquirió de un software de espionaje de la Secretaría de Seguridad Pública, “y siguió utilizando el software más allá de las instalaciones de la SSP. Se usó un bien público para una empresa privada”, explicó Santiago Nieto.
Además, la UIF identificó recursos provenientes de la Tesorería de la Federación por un millón de pesos y de la Secretaría de Gobernación (Segob) en 2017 y 2018 por dos mil 623.4 millones de pesos y 77.7 millones de pesos a las empresas de García Luna. Sugeyry Romina Gándara | SIN EMBARGO
