Doce días le tomó a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEH) ejecutar una orden de aprehensión en contra del abogado José Francisco D. C., esto es, desde su búsqueda y la ejecución del primer cateo, hasta su puesta a disposición en el Centro de Reinserción Social (Cereso) Pachuca; al abogado sin embargo, le bastaron menos de 12 horas para enfrentar su proceso en libertad.
Ni siquiera pudo concretarse la audiencia inicial para determinar si era sujeto a proceso así como tampoco pudo dictarse la medida cautelar de prisión preventiva.
La PGJEH informó en un boletín sobre su aprehensión pero ya no hizo lo mismo sobre su pronta liberación:
Lo anterior pese a que las autoridades comandadas por Santiago Nieto Castillo tenían conocimiento de la ubicación del abogado y pese a que estaban enterados de la suspensión de órdenes de aprehensión promovidas mediante un amparo.
Así, lejos de concretarse la acción de la justicia, la presunta violación al debido proceso daría armas a la defensa del acusado, quien ha sido señalado de diversos delitos a lo largo del tiempo.
En el año 2020 por ejemplo, se dio a conocer el asunto donde fue denunciado por autoridades de México y de Estados Unidos por uno de sus clientes, pues falsificó documentos para hacerse de un depósito en garantía provisional por 114 millones de pesos, elaborando oficios apócrifos mediante los cuales engañó a su representada.
El año pasado tuvo otra denuncia por un fraude de 39 millones de pesos, que es por la que pisó momentáneamente el Cereso, pues según la investigación, engañó a una empresa sobre la expropiación de un predio, diligencias que nunca existieron y tras las cuales falsificó también sentencias absolutorias -sobre el supuesto no ejercicio de la acción-, cobrando a su cliente por supuestos sobornos a la autoridad así como multas y gastos de representación.
De igual forma tiene otra denuncia por haber estafado a una persona con 3 millones de pesos bajo el mismo modus operandi, señalamientos que ha ido acumulando por años.
El polémico abogado es conocido por prestarse a defender clientes en asuntos mediáticos, siendo señalado por aparentemente hacer uso de las influencias de su padre Francisco Díaz Arriaga, quien fuera presidente del Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo (TSJH) -y cobrara por ello un bono millonario a su salida-.
Díaz Arriaga encabezó el TSJEH después de el actual gobernador Julio Menchaca, siendo recordada su gestión por haberse autorizado un préstamo del fondo judicial y luego haber demostrado su pago supuestamente mediante documentos apócrifos. Murillo Karam se lo llevó años después a su fatídica administración en el gobierno de Peña Nieto, siendo un personaje de su confianza. El exprocurador se encuentra el día de hoy tras las rejas.
