Durante el sexenio de Felipe Calderón y Genaro García Luna manipulaban la información con el apoyo incondicional de diversos medios, magnificando la situación de inseguridad para simular que combatian al crimen, encarcelando inocentes y exonerando a los criminales.
El año 2005 fue clave para Genaro García Luna en la promoción de su carrera política y brincar al lado de Felipe Calderón. Para ello, se volvía el eje propulsor de tres temas que posicionaba en la agenda pública desde el CISEN y la AFI: secuestro, narcotráfico y trata de personas. Temas que al ser magnificados por la prensa bajo paga, generaban miedo y manipulaban a las audiencias.
La medida política de García Luna, implementada con dinero del erario, era la construcción alterada de los problemas de seguridad pública, la réplica en los medios corruptos para promover el terror y fortalecer el ambiente de inseguridad, el simular resolverlos metiendo a prisión a gente inocente de manera masiva con la complicidad de procuradores, ministerios públicos, agentes y jueces, incluso con falsos testigos protegidos.
Pero para darle ese toque de legitimidad, se requería el acompañamiento macabro de una sociedad civil manipulable y corrupta que, con recursos ilimitados y poder mediático, ayudaría a ser la máquina destructora de vidas y dignidades a través de la sola acusación inmoral. Pero también esta sociedad civil sería la llave del lucro político de Felipe Calderón para su candidatura a la presidencia de México.
La fabricación del secuestro como problema
En el tema de secuestro, en noviembre de 2005, García Luna se otorgó así mismo el premio de Administración Pública INNOVA por “resolver secuestros en tiempo real”. Esto fue apenas cuatro meses después de la fabricación del secuestro Wallace, y un mes antes de incriminar falsamente por el mismo delito a la ciudadana francesa Florence Cassez y a Israel Vallarta, con el montaje de Televisa y su empleado Carlos Loret de Mola, quien actuaba como reportero.
La imagen de García Luna como “super policía”, no obstante, desde el 2001, era parte de las tareas cotidianas del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, dirigido por Eduardo Medina Mora, y las volvía agenda prioritaria. Las cifras de secuestros aumentaban a la par que el presupuesto federal para combatirlos, al margen de si eran reales o fabricadas y, con información manipulada, exhibían a diario a personas inocentes en los medios, presentándolos como “poderosas” bandas de delincuentes. Incluso, personas que cometían delitos menores u opositores políticos eran carne de cañón para cubrir la cuota que el Ministerio Público se imponía para simular eficiencia. La Agencia Federal de Investigaciones, su creación, se vio involucrada en varios secuestros mediáticos y sucios operativos con los que buscaba distraer la atención de la ciudadanía y mantenerla aterrorizada, mientras los acuerdos con el Cártel de Sinaloa y otros grupos narcotraficantes iban avante.
Entre los secuestros perpetrados en 2001, que operaron como experimento para la AFI, destacó el de las hermanas de la cantante de pop Talía, Ernestina Sodi y Laura Zapata. En la entonces Procuraduría General de la República (PGR), Ricardo Martínez Chávez, abogado de Isabel Miranda de Wallace, dirigía la investigación en conjunto con la Policía federal, y el acompañamiento de la misma Miranda.
En ese año, García Luna, también trabajaba con Eduardo Gallo y Tello, a quien le proveía recursos ilimitados para ejercer venganza por su hija asesinada. Incluso Gallo llegó a presentarse como funcionario de la PGR, y a usar a discreción un comando armado para ejecutar a los secuestradores de su hija y a sus familiares. Después de ser el responsable de seis homicidios, incluyendo a un menor de 4 años, hijo de uno de los secuestradores, y de violar a la madre de uno de ellos, se presentó como “héroe” y activista de derechos humanos en los medios, y se dedicó a disfrazar sus crímenes. Fabricó culpables y torturó por varios días a Antonio Barragán Carrasco, un jornalero agrícola que lleva 19 años en prisión acusado por el secuestro de la hija de Gallo y por el asesinato de los secuestradores.
Cuando Isabel Miranda dio a conocer el caso Wallace, el 13 de julio de 2005, ante la procuraduría del Distrito Federal, ya llevaba al menos cuatro años relacionándose de manera injustificada y sin transparencia con funcionarios de la PGR, tenía una credencial de la Secretaría de Seguridad Pública (federal) y su abogado particular Ricardo Martínez Chávez era encargado del Área de Secuestros, en la SIEDO. Al mismo tiempo, se aliaba con Samuel González Ruiz, alias El Gordo, quien fue exsubprocurador de la UEDO a mediados de los noventa, despedido en 1999 por proteger a los cárteles de Juárez y del Golfo, y liberar a Humberto García Ábrego, hermano del prominente narcotraficante Juan García Ábrego.
Para cuando se declaró el supuesto secuestro del hijo de Isabel Miranda, Hugo Alberto Wallace ya había sido fichado por el delito de contrabando, estaba relacionado con las drogas como consumidor y traficante, y específicamente con el cártel de los Beltrán Leyva. Había cometido incluso abuso sexual contra familiares, a quienes había amenazado de muerte si denunciaban. En tanto, García Luna, desde su posición de poder, daba protección a Hugo Alberto y poder económico y político a Isabel Miranda, quien se convirtía en su principal megáfono mediático para simular “los golpes” al narcotráfico y a las “bandas” de secuestradores.
El problema de trata
Para el tema de la trata sexual, García Luna seguía la instrucción de poner sus fichas en la mesa política con Rosa María de la Garza Ramírez, alias Rosi Orozco.
Surgida de la derecha privilegiada desde los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, con supuesto activismo de derechos humanos, Rosi Orozco cobró relevancia con la administración de Fox, y con el mismo apoyo de García Luna. Al igual que Isabel Miranda, quien recibió recursos para crear, de la noche a la mañana, su empresa de Showcase Publicidad, en 1994, y pagar a su hijo 200 mil pesos mensuales, Rosi Orozco, en 1995, recibía dinero para fundar la Casa sobre la Roca, donde empezó a predicar Felipe Calderón como líder la secta religiosa que sería su pilar electoral años más tarde.
Después de sus eventos evangélicos, en 2005, Rosi Orozco fue lanzada internacionalmente como defensora de los derechos de víctimas de trata, acercándola a asociaciones civiles estadounidenses con sede en Washington. Un par de años después, Felipe Calderón le asignaba varias propiedades millonarias y movía sus asociaciones civiles con recursos del erario; entre éstas, Camino a casa, con el tema de la trata, y la protección fiscal del gobierno federal. En 2009, ya era diputada federal y en 2010 presidenta de la comisión legislativa con el mismo tema, que daba absoluto apoyo a Calderón. Mientras, a la par, se destacaba a Isabel Miranda con el premio nacional de derechos humanos, después de la detención ilegal y arbitraria, tortura y encarcelamiento injusto de sus ocho víctimas inculpadas por el falso secuestro Wallace.
Para 2015, la periodista Lydia Cacho revelaba la falsedad de Rosi Orozco como activista, y la acusaba públicamente, junto a Jorge Hank Rhon, de participar directamente en la trata de mujeres latinoamericanas, y de trabajar para Eruviel Ávila. Además, al igual que Miranda, con el mismo patrón de extorsión a gobernadores y fiscales con el tema de combate al secuestro, Orozco premiaba a los gobernadores que supuestamente combatían la trata bajo sus mandatos.
Incluso colaboradores de la DEA, en el estado de California, han mencionado en varias reuniones privadas el nombre de Rosi Orozco junto al de Juan Manuel Estrada, activista y director de la fundación FIND, de Jalisco. Ambos, parte de la “sociedad civil” de Felipe Calderón, han sido señalados de simular el rescate de supuestas víctimas de trata, de acuerdo con la evidencia videográfica que presentaron a este medio sobre un operativo realizado hace un par de años en Puerto Vallarta.
El posicionamiento del tema de la delincuencia organizada
Otra de las organizaciones al servicio de Calderón que posicionaba el tema de la delincuencia organizada, vinculada además al tema de secuestro y trata, era México Unido contra la Delincuencia, impulsada con la imagen de María Elena Morera, desde 2003. Igualmente entrenada por García Luna y lanzada como “activista” y “líder moral” para denunciar al crimen organizado, Morera subió al escenario de la política mexicana como la “rescatadora” de su esposo, quien, de acuerdo con las denuncias y noticias de la época, fue secuestrado en septiembre de 2001, y como prueba de veracidad, le amputaron cuatro dedos de sus manos. Fue el tiempo de Morera para convertirse en activista y, de acuerdo con sus propias palabras, amiga de Genaro García Luna. Así, emprendió sus primeras campañas contra el entonces jefe de gobierno, y hoy actual presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, por el tema de la inseguridad en la Ciudad de México.
Después de Morera, siguió Ana Franco de Wattnem, alguien prácticamente inexistente en la red, quien fue sustituida por Eduardo Gallo y Tello, acusada por él mismo de falta de transparencia de los estados financieros de la asociación, pero sin embargo en vez de ser despedida, se le asignó otra responsabilidad.
Gallo, desde su nueva posición, jugó el papel de crítico de Calderón, se relacionó rápidamente con la asociación canadiense En Vero, y se sumó a la defensa de Florence Cassez, haciendo pública su distancia con Isabel Miranda y María Elena Morera. La infiltración al activismo por Cassez, le ayudó a Gallo a enterrar sus propios crímenes de aquellos años.
El método
García Luna formaba una sociedad civil favorable al Partido de Acción Nacional, y de lealtad a Felipe Calderón, con el mismo método. Personas sin escrúpulos, simpatizantes de la derecha ideológica, que sufrían una tragedia o la fabricaban, los convertía en “héroes”, les ponía caretas de líderes morales, y se volvían activistas fundadores de asociaciones civiles que recibían por una parte recursos del erario, y por otra, triangulaban millonarios recursos por servicios inexistentes o simulados como el dar conferencias y leer estadísticas en los medios, además de ser portavoces para promover los temas de los que García era el propulsor, y Felipe Calderón el favorecido con los votos políticos.
Una vez que los volvían personajes mediáticos, accedían a cargos de elección popular, como Isabel Miranda a la Jefatura del Gobierno de la Ciudad de México, Rosi Orozco a la diputación federal, o se entrenaban como contrapeso político, como María Elena Morera o Javier Sicilia y sus marchas, entre otros. La prensa era movida a su antojo, a favor con “Los Chayoteros” como se le conoce al grupo formado con conductores como Adela Micha, Denise Maercker, López Dóriga, Carlos Marín, Ciro Gómez Leyva, Sarmiento, entre varios más; y en la simulada crítica con nombres destacados como el de Anabel Hernández, quien en sus libros incriminaba a las víctimas de Isabel Miranda, dándole credibilidad al secuestro Wallace, y en las redes sociales ponía en duda el mismo secuestro.
Los activistas de esta corrupta sociedad civil tuvieron en común, a Calderón y García Luna. Pero sobre todo, Isabel Miranda y Rosi Orozco, además, coincidieron en que sus fortunas económicas iniciaron por las mismas fechas, y de un día para otro. La primera en 1994, la segunda, un año después. Para 2001, ambas ya estaban metidas en los temas claves de seguridad nacional, y en 2005 eran posicionadas como activistas, con asociaciones y empresas que recibían dinero público por publicidad gubernamental o por determinados servicios, mientras la red de corrupción con funcionarios públicos les permitía expropiar bienes, incrementar su fortuna y su imagen política. Para 2010, ambas con sus ACs se volvían personajes de la vida pública empapeladas de liderazgo moral, que subcontrataban intermediarios y servicios de empresas mediáticas y de periodistas para legitimar su activismo inexistente.
Este remedo de activismo social, causó mucho dolor a México, y lo sigue causando, porque las verdaderas víctimas que cargaron con delitos fabricados siguen en prisión padeciendo las secuelas de las torturas.
Una historia macabra de la sociedad civil de García Luna y Calderón a la que el presidente López Obrador le quitó los recursos del erario, y algunas propiedades, pero siguen en impunidad, caminando por las calles y haciendo negocios a beneficio de terceros, muy al estilo de la Estafa maestra. Guadalupe Lizárraga | LOS ÁNGELES PRESS
