La Jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, informó que a partir de ahora a las personas físicas y morales que participaron en el esquema de evasión fiscal mediante facturas falsas podrían ser condenados hasta 16 años en la cárcel; les darán un plazo de tres meses para que se regularicen con los pagos a las personas que no estaban enteradas que utilizaban facturas falsas.
Raquel Buenrostro presentará un primer paquete de denuncias en las que se ubican a 43 factureras, las cuales operan su facturación a través de servicios; junto con Carlos Romero Aranda, Procurador Fiscal de la Federación dieron a conocer el modelo en el que operaron las factureras dando un lapso de tiempo para reivindicarse antes de proceder legalmente.
El procurador fiscal, Carlos Romero, también anunció que se presentarán siete querellas contra quienes ofrecen facturas bajo este esquema, el cual será presentado como defraudación fiscal y lavado de dinero, para equiparar este delito a delincuencia organizada.
Desde hace 10 años, iniciando en el sexenio de Felipe Calderón, surgió el esquema de defraudación con base en la facturación simulada de operaciones. Algunas de las facturas emitidas no pertenecieron al modelo presentado, sino se trató de un servicio o un bien que realmente existió.
’El esquema de ‘factureros’ se utiliza también para justificar gastos en actividades ilícitas, como lo es la corrupción. Algunas empresas, así, inventan facturas de gastos falsos y para disfrazar pagos ilícitos’, dijo.
En el caso de una operación simulada, dijo la Jefa del SAT, se trata de bienes que facturaron y se documentaron, pero nunca existieron, ’porque a veces resulta difícil comprobar a lo largo del tiempo las operaciones’.
’Por ejemplo, si nosotros tenemos una construcción, es muy difícil saber si una columna tenía cuatro varillas, ocho varillas o 10 varillas reforzadas, tendríamos que romper para ver cuántas son; o en el caso de los servicios, también después de muchos años es difícil saber cuántas veces se pintó un edificio, aunque se ha gastado, se haya pagado a lo mejor tres veces el mantenimiento, a lo mejor nada más se hizo una vez o ninguna’, explicó la funcionaria.
La Procuraduría Fiscal atacará, en primer lugar, a las empresas que venden las facturas y a quienes constituyen las empresas, que son en conjunto el grupo criminal.
Para evitar ser apercibido por la Procuraduría, se debe atender el requerimiento o exhorto que será enviado a los contribuyentes. Se hará ’pensando que todos actuaron de buena fe y que no saben que compraron estas facturas’.
El llamado también se hará para quienes no saben que las utilizaron en su contabilidad o que incluso recibieron algún dinero vía asimilables a salario, que es otra versión de las factureras, por lo que les darán un plazo de tres meses para que cumplan y regularicen los pagos.
Si en ese lapso no se regularizan, la Procuraduría Fiscal presentará las querellas contra con quien compró las facturas, quien se benefició, o quien recibió el dinero por asimilable a salario, porque en tal caso se presumirá que hubo contubernio. Con información de SIN EMBARGO.