Exige Cencos la liberación de Gabriela Mejía Valencia


Señalaron que las acusaciones en su contra fueron realizadas con fines político-electorales

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Agosto 14, 2018 08:50 hrs.
Derechos Humanos Nacional › México Ciudad de México
Adriana Hernández Islas / EL INDEPENDIENTE DE HIDALGO › Emmanuel Ameth Noticias

Defensoras de los derechos humanos en Hidalgo acudieron ayer a la Ciudad de México para denunciar a nivel nacional la detención de la tesorera de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) Gabriela Mejía Valencia; acusaron que es un rehén político.

En conferencia de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), las activistas Elsa Ángeles Vera y Diana Avilés, directora de la asociación civil Servicios de Inclusión Integral (Seiinac), explicaron que las autoridades estatales detuvieron a Mejía Valencia en el marco del pasado proceso electoral acusada de los delitos de ultrajes a la autoridad y la comisión de delitos electorales.

’Bajo el pretexto de que les dijo groserías a los policías la detienen, arrastran el vehículo con ella a bordo al corralón de la Policía estatal bajo el delito de ultrajes a la autoridad’, recalcó Elsa Ángeles.

Sin embargo, enfatizaron que dichas acusaciones fueron realizadas con fines político-electorales y la funcionaria permanece privada de su libertad como una forma para negociar con los futuros legisladores hidalguenses, de mayoría morenista.

’Ella está todavía en la cárcel bajo esta acusación y recientemente le ampliaron cuatro meses la prisión preventiva. Todo esto se da en un contexto electoral en donde el PRI (Partido Revolucionario Institucional) perdió poder’, apuntó la también periodista.

De igual forma, condenaron que desde su ingreso al centro de reinserción social (Cereso) de Pachuca, la trabajadora universitaria fue objeto de tortura con acciones como obligarla a mantenerse de pie durante toda la noche, sin abrigo, sin recibir alimentos, y bajo ruido estridente; además de que las primeras audiencias fueron excesivamente largas, pues duraron hasta 11 horas continuas.

Por lo anterior, exigieron la inmediata liberación de la coordinadora de administración y finanzas de la universidad, pues además recalcaron que mantenerla privada de su libertad constituye una violación al artículo 19 de la Constitución, ya que los delitos por los que se le acusa no requieren dicha medida cautelar.

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