Es el tiempo de abandonar los cuentos, infantiles o de terror, en Cataluña.
Incluso lo dijo el editorial del diario ARA, recordando a Tarradellas: si algo no se puede hacer en política, es el ridículo. Y eso es lo que hace rato que están ofreciendo los independentistas en el Parlamento de Cataluña, particularmente la última semana. Especialmente el presidente Torra, un hombre al que el cargo le queda demasiado grande de manera tan evidente como patética. Lo decía gráficamente Antoni Puigverd en La Vanguardia: "El independentismo es un gallo sin cabeza. Llevado por la inercia de estos años fervorosos, sigue corriendo. Sin saber a dónde va".
El clima emocional en el que se ha instalado la sociedad catalana hace casi imposible salir del lío provocado por los errores y las mentiras que desde los dos sectores en conflicto -independentistas y constitucionalistas- están produciéndose desde hace demasiado tiempo.
Esa efervescencia de los sentimientos ha resultado de la parálisis mezclada con soberbia del gobierno Rajoy, incapaz de atender un problema político que fue haciéndose cada vez más grande, y de la huida hacia delante de un Gobierno catalán que no supo medir sus fuerzas y que se dejó arrastrar por los miles de partidarios a los que había convencido de que no había nada que hacer dentro del Reino de España y que había que marcharse. Algo sencillo, tal y como lo explicaban.
A los disparates parlamentarios de los días 6 y 7 de septiembre de 2017, con la proclamación sí pero o no de la República catalana, les sucedieron la huida del presidente Puigdemont y otros a Bélgica, el encarcelamiento vengativo del vicepresidente Junqueras y otros, y la absurda, incomprensible, brutal e inaceptable actuación de la policía española el día 1 de octubre. Dos días después, la intervención del Rey terminó de componer un cuadro tenebroso.
Dos ideas se generaron desde el mundo soberanista: existía un mandato ineludible "del pueblo de Cataluña" para constituir la República, y la respuesta de España había sido la prisión y el exilio para los líderes "del pueblo de Cataluña". Ambas son ideas falsas, pero hicieron fortuna en ese clima extremadamente emotivo en el que se vive. Un clima que no mejorará porque, efectivamente, los que están en prisión constituyen una bandera de la que miles y miles de ciudadanos de Cataluña no pueden renegar.
No hay mandamiento alguno "del pueblo de Cataluña" más que aquél que pueda surgir con un apoyo claro y contundente del Parlamento de Cataluña, en el que –hoy por hoy, al menos- la correlación de fuerzas es la que es, y evidencia que "el pueblo de Cataluña" es muy plural, está fragmentado y, lo que es peor, cada vez está más enfrentado. En cuanto a la prisión, injusta por excesiva, es un asunto por el que muchos debieran reflexionar: cualquier ciudadano, de Cataluña o de Texas, de Escocia o de Andalucía, de Lombardía o de Laponia, que incumple la ley, ha de responder ante los tribunales por haberlo hecho. Será necesario, por tanto, juzgar a los infractores en un juicio con todas las garantías, pero no puede pedirse un aquí-no-ha-pasado nada y pelillos a la mar. Es terrible sin embargo que la espera del juicio haya significado la prisión continuada. Tampoco podrán olvidarse los tribunales fácilmente de aquellos que no se hicieron responsables de sus actos -contrariamente a Junqueras y los suyos- y huyeron de forma poco gallarda.
Lo que ha pasado durante el aniversario del día 1 de octubre es muy grave. No sólo porque los Mossos tuvieron que actuar con una contundencia similar a la de cualquier policía del mundo occidental cuando hay disturbios en la calle, sino por lo que nos transmite a propósito de la concepción de democracia que tienen los que provocaron los enfrentamientos en las calles e intentaron asaltar el Parlamento. Aquellos que claman "las calles serán siempre nuestras" asustan a muchos, particularmente aquellos que tenemos una cierta edad y recordamos Vitoria –Campanades a mort, cantaba Lluís Llach- y "la calle es mía" de Manuel Fraga. Aquellos que abuchean el presidente Torra y el consejero Buch y les dicen que "el pueblo les manda y ellos tienen que obedecer", aquellos que acosan a la diputada Arrimadas, desconocen el concepto de democracia representativa, e ignoran -no sé si deliberadamente- que si acabamos con la representatividad política simplemente acabamos con la democracia.
Hay que abandonar la extrema emotividad en la que estamos instalados. A CAT y ESP. Una anécdota a este respecto. Escribí en las redes sociales un comentario a propósito de la noticia de que católicos progresistas se niegan a que los restos de Franco se entierren en la catedral de Madrid: "¿Va a convertirse la catedral de todos los católicos madrileños en un lugar donde se celebre la victoria y la represión de unos españoles sobre otros?". Una buena pregunta, escribí. Una persona a la que no conozco me respondió: "Son problemas españoles. Allá ellos. ¡Queremos marchar! ". Creo que reacciones como ésta muestran, sí, la desconexión de muchos con España; pero, también, una confusión preocupante entre deseo y realidad.
El mismo Puigdemont, tras confirmar que la tensión está subiendo, declaró ayer desde Bélgica: "Pensar que la independencia es la única solución o que la unidad con España es la única solución es absurdo". También Joan Tardà ha hecho unas declaraciones más que interesantes, y entre otras cosas dijo: "Los españoles son tan demócratas como nosotros. Y los catalanes que votan Ciudadanos o PSC son tan demócratas como yo y mis compañeros. Si el conflicto es entre demócratas es evidente que hay que buscar un marco de normalidad para poder resolver el problema y este marco no debe excluir a nadie. Es la gran lección que deben aprender los independentistas y los no independentistas". Qué contraste con los excesos de Torra cuando lanzó un ultimátum a Pedro Sánchez o cuando alentó a los CDR a continuar "apretando", no dijo a quién.
Otra de contrastes: las palabras y hechos del gobierno de Madrid, con intervenciones de Pedro Sánchez o Meritxell Batet, y el raca-raca permanente del dúo Casado y Rivera, siempre con la amenaza y la represión como únicos mensajes hacia los independentistas. Como si estos constituyesen un bloque monolítico e impermeable.
Rajoy y el PP nunca intentaron tender puentes hacia alguna fracción del frente soberanista, nunca quisieron diferenciar las CUP del PDCat o ERC, ni supieron aprovechar las desavenencias entre ellos, las que siempre han existido y que se han hecho particularmente evidentes estos días con lo que Neus Tomàs calificaba de sainete procesista, en el que "asistimos al momento de peor salud parlamentaria catalana en democracia, que se añade a la decreciente credibilidad de las instituciones de la Generalitat".
Con todo, ayer, en una comparecencia a dos voces, pretendidamente solemne pero particularmente tensa e inamistosa, Torra y su vicepresidente, Aragonés, afirmaron que "Este Gobierno es fuerte, está unido y garantizamos esta unidad, como mínimo, hasta al día de las sentencias". Como escribe el ARA: El presidente fijaba así una fecha de caducidad al acuerdo de gobernabilidad que internamente casi todo el mundo tiene asumida pero que nadie está autorizado a verbalizar. Habrá que ver, y eso lo digo yo, si podrán mantener esa granítica unidad de acción pregonada.
En cualquier caso es el momento de que personas con solvencia política y responsabilidad contrastada empiezan a hablar claro y a desmarcarse de los hooligans de los dos bloques. El grave problema entre CAT y ESP no se resolverá con rapidez, en ningún caso, así que quienes tienen prisa deberán ser controlados por los realistas y los pragmáticos. No se trata de renunciar a ningún objetivo estratégico por parte de nadie, ni de traicionar ningún compromiso. Se trata de no apartarse de la realidad existente.
El gobierno de Madrid debería escuchar a Joan Tardà -que es un independentista confeso desde mucho antes del Procés- cuando afirmaba "Si ofrecieran un buen Estatuto de Autonomía de carácter confederal es posible que muchos independentistas lo votaran". Paralelamente, desde Madrid, Nicolás Sartorius es muy rotundo y debería der ser escuchado como voz autorizada de la izquierda española: "No es posible un referéndum. El derecho a la autodeterminación no existe. Es todo un engaño y una mentira. La han envuelto en el derecho a decidir, porque suena mejor. Pero sólo se da en situaciones coloniales, de opresión. Ni en España ni en ningún país de Europa existe. Tampoco en Reino Unido. Lo digo porque se utiliza el caso de Escocia como ejemplo. Es mentira. Escocia hace un referéndum para que el Parlamento inglés se lo permite. Si fuera su derecho, no habrían pedido permiso. No tenían derecho a hacerlo. Pidieron permiso a Cameron, a quien le interesaba y se lo dio. Pero no existe este derecho".
Por aquí pasa, en mi opinión, esa realidad que convendría no abandonar. Dos millones de ciudadanos de Cataluña están claramente disconformes cuanto al marco de relaciones con el Reino de España, y muchos quieren independizarse. Otros tantos ciudadanos de Cataluña, sin embargo, no quieren ni oír hablar de independencia. Además, hay un marco legal que pasa por el actual Estatuto, por la Constitución española y por la legislación europea e internacional. No es una buena idea olvidar ninguna de las dos cosas: la realidad social y política y el escenario legal. Cualquier otra cosa será un cuento infantil o un cuento de terror, pero será un cuento.
