La Fiscalía General de la República ha llamado a declarar al expresidente Felipe Calderón para que trate de justificar la construcción de ocho Centros Federales de Readaptación Social (Cefereso) que significaron un gasto de 300 mil millones de pesos del erario federal y que además el gobierno se ve obligado a pagar hasta 2032 a empresas privadas.
Bajo el argumento de seguridad nacional, Felipe Calderón otorgó 8 contratos sin previa licitación a 6 empresas ICA, Grupo Ingeniería Arquitectura (GIA), Prodemex de Olegario Vázquez Raña, Arendal, Homex y Tradeco; de los cuales cuatro de ellas vendieron los contratos gubernamentales a otras empresas pese a que estaba prohibido realizarse en las asignaciones directas, motivo por el cual la FGR a también podría imputar y citar a declarar a los empresarios y representantes legales de las empresas anteriormente mencionadas.
Cabe señalar que en el caso de Homex el 19 de abril de 2013 informó sobre la venta de su participación en la construcción de los penales de los estados de Morelos y Chiapas a Grupo Financiero Inbursa y con la constructora Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina (IDEAL), ambas pertenecen al empresario Carlos Slim. En el caso de ICA vendió dos contratos a la empresa EXI Cuantum; Tradeco vendió un contrato al fondo de inversión BlackRock.
Las dos empresas que no vendieron sus contratos y que aceptaron la reducción del 15% son: GIA, cuyo fundador y presidente es Hipólito Gerard Rivero, excuñado de Carlos Salinas de Gortari y Prodemex, de Olegario Vázquez Raña cuyo representante legal es Mario de Jesús Eternod Aguilar.
Asimismo de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, para realizar la construcción, equipamiento y puesta en operación de Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos), fue realizado a sobreprecio de 41 mil 26 millones 400 mil pesos, sin contar demás irregularidades en torno a la contratación de los servicios de auditoría técnica, en contravención a los contratos de prestación de servicios.
De acuerdo con el expediente abierto por la Fiscalía y un informe de la Auditoría Superior de la Federación, el daño patrimonial asciende a 41 mil millones de pesos, motivo por el cual Calderón podría ser procesado penalmente.
La carpeta de investigación de la Fiscalía número 611/2020, documento cuya copia está en poder de Contralínea, establece que serán llevados a juicio quienes resulten responsables por los ocho contratos transexenales de prestación de servicios a largo plazo, que en 2010 autorizó de manera directa Felipe Calderón, para que seis empresas privadas construyeran los ocho reclusorios.
Asimismo el fiscal Alejandro Gertz Manero mandaría a citar a 30 exfuncionarios de la administración de penales federales quienes se vieron envueltos en el desvío de recursos, así como varios exsecretarios de Estado que entre ellos se encuentra el exsecretario de Seguridad Pública y preso por narcotráfico en Estados Unidos, Genaro García Luna; el exsecretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero, y Salvador Vega Casillas, exsecretario de la Contraloría de la Función Pública.
En 2019 la Consejería Jurídica buscó, a petición del presidente Andrés Manuel López Obrador, investigar las licitaciones irregulares con los empresarios involucrados, lo que les permitió reducir en 235 mil millones de pesos, reduciendo un 15 por ciento el monto total que el gobierno federal está obligado a pagar durante 22 años, de los cuales en los primeros 10 años (2010-2020) fueron liquidados cerca de 90 mil millones de pesos, por lo que restan por pagar 145 mil millones.
El negocio con los presos
Una vez que estuvieron a cargo de los reclusorios, el gobierno federal ha tenido que pagar a las empresas a cargo 105 mil pesos mensuales por preso, 3 mil 500 pesos diarios, tres veces más de lo que en promedio cuestan en las prisiones operadas por el gobierno federal, de acuerdo con Cuestione.
El costo asciende en estados como Michoacán incrementando hasta 240 mil pesos mensuales por preso, ocho mil pesos diarios.
Debido a lo anterior el sistema penitenciario federal pasó de tener capacidad para recibir en 2006 a poco más de tres mil reclusos a 33 mil en 2019, sin embargo la ocupación en las cárceles era menor a la que informaban, de acuerdo con Cuestione.Con información de CONTRALÍNEA
