𝐇𝐮𝐠𝐨 𝐀𝐠𝐮𝐢𝐥𝐚𝐫 𝐎𝐫𝐭𝐢𝐳 es el perfil que se consolida como ganador en la contienda para presidir la SCJN en las primeras elecciones judiciales de México. Los resultados de Cómputos Distritales Judiciales 2025 del Instituto Nacional Electoral (INE) arrojan al candidato de origen mixteco como la figura que tomará las riendas del máximo tribunal del país.
Aguilar es abogado y fue el encargado de coordinar las consultas de los megaproyectos Tren Maya y Corredor Interoceánico. Además hizo campaña para ministro con la frase ’ya nos toca’ y se comprometió con la justicia ambiental y de las comunidades indígenas.
Fue propuesto como candidato a la SCJN por el Poder Ejecutivo y recibió el apoyo público indirecto de la Presidenta Claudia Sheinbaum. El 22 de febrero la mandataria expresó su respaldo, sin decir su nombre, al mencionar: ’Queremos que un indígena llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación’. Y Hugo Aguilar fue el único aspirante indígena.
Nació en 1973 en Villa de Guadalupe, una comunidad de no más de 700 personas enclavada en la región mixteca de Oaxaca. Cuando cursaba el bachillerato, conoció a un abogado encargado de atender a presos indígenas que no hablaban español y eso, de acuerdo con su testimonio, le hizo elegir su profesión.
Con 52 años, domina tanto el español como el mixteco. Estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, donde también realizó estudios de Maestría en Derecho Constitucional. Dedicado a la defensa legal de los pueblos originarios, primero como auxiliar en la Procuraduría para la Defensa del Indígena y luego como asesor legal en casos agrarios, sistemas normativos y conflictos territoriales.
Aguilar no fue asesor del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) como se difundió en redes sociales, pero sí fue integrante del Congreso Nacional Indígena (CNI) como parte del área jurídica de SERmixe.
¿Cuáles fueron sus propuestas? Aguilar Ortiz construyó una campaña que se enfocó mucho más en actividades de calle y en un mensaje claro de reivindicación de la justicia indígena, alejándose de la notoriedad de otros candidatos más mediáticos, y de los anuncios espectaculares o declaraciones incendiarias.
Sus propuestas y saludos fueron relatados tanto en español como en mixteco. Cuestionado más de una vez si está de acuerdo en que existan comunidades que operen con sus usos y costumbres fuera del marco constitucional y legal, Hugo Aguilar respondió que es la propia Constitución la que ha dejado fuera a pueblos y comunidades enteras.
𝐋𝐞𝐧𝐢𝐚 𝐁𝐚𝐭𝐫𝐞𝐬 𝐆𝐮𝐚𝐝𝐚𝐫𝐫𝐚𝐦𝐚 continuará como Ministra de la SCJN. Es la segunda candidata con más votos al sumar. Fue educada desde la infancia bajo los ideales de la filosofía marxista, misma que utilizó para convertirse en miembro fundadora del partido Morena, y que la llevó a la Corte designada directamente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Lenia Batres nació en la Ciudad de México el 6 de agosto de 1969. Sus padres, Cuauhtémoc Batres y Rosario Guadarrama, eran dos profesores que egresaron de la Escuela Normal Superior, razón por la cual desde su infancia ella tuvo acercamiento con ideales de izquierda.
En 1988, a los 19 años, consiguió su primer trabajo como ’cajera’ donde se dedicó al ’cobro de mercancías de supermercado’ en las conocidas ’tiendas Gigante’ de la Ciudad de México, desde donde saltó a un puesto como ’correctora de estilo’, de acuerdo con su curriculum vitae.
Fue hasta el 2008 cuando estudió la carrera de derecho en la Universidad Humanitas. En su juventud, Lenia fue militante del Partido Socialista Unificado de México (PSUM) y ya en Morena, debido a su cercanía con el expresidente López Obrador, en 2021 Batres pudo ser consejera adjunta de Legislación y Estudios Normativos de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y más tarde ministra de la SCJN.
En su perfil de candidata, Batres Guadarrama expuso que deseaba ocupar el cargo de Ministra para servir al pueblo, ya que el servicio público debe solucionar los problemas que impiden el ejercicio de derechos con tres ejes principales: justicia social; acceso a la justicia; y austeridad.
𝐆𝐢𝐨𝐯𝐚𝐧𝐧𝐢 𝐀𝐳𝐚𝐞𝐥 𝐅𝐢𝐠𝐮𝐞𝐫𝐨𝐚 𝐌𝐞𝐣𝐢́𝐚 es el segundo candidato hombre con más votos, con lo que se convertirá en Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entre las propuestas que presentó durante su campaña, señaló que la justicia debe ser "clara, sin tecnicismos innecesarios", a través de "la creación de una Corte Itinerante".
Figueroa Mejía es doctor en Derecho Constitucional por parte de la Universidad Complutense de Madrid, así como maestro en Estudios Superiores en la misma rama. Fue asesor adscrito a la Coordinación General de Asesores de la presidencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, fungiendo en el cargo desde el 1 de enero de 2014 al 14 de agosto del 2015.
Obtuvo el cargo de coordinador del programa académico de Maestría en Derecho con orientación en Constitucional y Administrativo, Derecho Penal, Civil y Mercantil, y de Amparo, en la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), y ha sido profesor de carrera titular B con adscripción a la Unidad Académica de Derecho de la UAN. Además cuenta con otro doctorado en Derecho Judicial por parte del Instituto de Ciencias Jurídicas de Nayarit A.C.
Durante su campaña, Figueroa Mejía mencionó que es indispensable que la nueva SCJN se integre con perfiles que conozcan y sepan interpretar la Constitución, en particular en el ordenamiento jurídico; además de que tengan gran disposición para escuchar a la población y empatizar con sus necesidades.
La ministra 𝐘𝐚𝐬𝐦𝐢́𝐧 𝐄𝐬𝐪𝐮𝐢𝐯𝐞𝐥 𝐌𝐨𝐬𝐬𝐚 se quedará en la SCJN tras la elección judicial. Es licenciada en Derecho por la UNAM (aunque con toda una controversia por su tesis), maestra en administración de instituciones educativas por la UVM y doctora en Derecho por la Universidad Anáhuac. Tiene una trayectoria de 38 años en el servicio público participando en los tres niveles de gobierno; y en las últimas dos décadas se desempeñó en el ámbito jurisdiccional.
Según su perfil de la Corte, la Ministra se ha destacado por luchar por la defensa y promoción de los derechos humanos, enfatizando a grupos en condiciones de vulnerabilidad, como mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores.
En febrero del 2019 fue propuesta por el Presidente de la República como ministra de la SCJN y ratificada por el Senado de la República, convirtiéndose así en la número 12 en la historia del máximo tribunal del país. En 2021, fue nombrada presidenta de la Segunda Sala para el periodo 2021–2022 y designada como representante ante el Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación.
Uno de los momentos que marcó su trayectoria política fue el 23 de diciembre de 2022, cuando la UNAM informó que se halló "un alto nivel de coincidencias" entre las tesis de licenciatura de la ministra Esquivel y la de Édgar Ulises Báez Gutiérrez. Tiempo después, un Tribunal Federal ordenó a la UNAM dejar sin efecto cualquier acto o procedimiento, con lo que puso punto final al caso sobre el presunto plagio de su tesis de licenciatura.
En su perfil de candidata explicó que quería seguir ocupando este cargo para servir a los mexicanos para transformar la justicia y garantizar su acceso efectivo a todos.
𝐈𝐫𝐯𝐢𝐧𝐠 𝐄𝐬𝐩𝐢𝐧𝐨𝐬𝐚 𝐁𝐞𝐭𝐚𝐧𝐳𝐨 es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, es especialista en Gestión Pública por la Escuela de Administración Pública del Distrito Federal. Cuenta con una maestría en Derecho en la UNAM y otra en Gestión Pública para la Buena Administración en la escuela donde estudió dicha carrera.
En cuanto a su currículum profesional, el nuevo ministro destaca que, desde 2019, formó parte del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México; fue magistrado de la Sección Especializada y hasta antes de la elección judicial, se desempeñó como presidente de la Sección Especializada, en Materia de Responsabilidades Administrativas, de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la capital.
Durante su campaña, el virtual ministro propuso garantizar el acceso a la información, principalmente de forma proactiva, para generar confianza en las personas a través de la atención efectiva, sencilla, pronta y clara de sus cuestionamientos.
Y en su visión de la impartición de justicia refirió que ’la paz y la tranquilidad son fruto de la justicia y el progreso sin justicia es retroceso. La justicia tiene que estar al servicio del pueblo, no del mejor postor’.
𝐋𝐨𝐫𝐞𝐭𝐭𝐚 𝐎𝐫𝐭𝐢𝐳 𝐀𝐡𝐥𝐟 es la tercera Ministra en funciones en la SCJN que decidió participar en la elección judicial y que se perfila a ser la tercera mujer, de cinco, en ocupar un lugar en el máximo tribunal a partir del 1 de septiembre.
Nació el 24 de febrero de 1955 y es Ministra desde el 12 de diciembre de 2021, propuesta por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador y adscrita a la Segunda Sala (Administrativa y de Trabajo). Ortiz es egresada de la Escuela Libre de Derecho, maestra en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana y doctora en Derechos Humanos y Derecho Comunitario Europeo por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España.
Además, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel III. Fue directora y docente del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México y a nivel nacional ha impartido cátedra en la Universidad Panamericana, en el Instituto Matías Romero y en la Escuela Libre de Derecho.
En su perfil de candidata, informó que aspiraba seguir en el cargo para trabajar por el pueblo de México con honestidad y preparación; y explicaba que desde su visión, la impartición de justicia bajo este nuevo modelo implica un replanteamiento de las obligaciones del Poder Judicial.
𝐀𝐫𝐢𝐬𝐭𝐢𝐝𝐞𝐬 𝐑𝐨𝐝𝐫𝐢𝐠𝐨 𝐆𝐮𝐞𝐫𝐫𝐞𝐫𝐨 𝐆𝐚𝐫𝐜𝐢́𝐚 sería el último candidato en alcanzar un lugar en la SCJN. Es Doctor en Derecho, egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Cuenta con una Maestría en Derecho, una especialidad en Derecho Constitucional, y también con un Máster en Derecho Parlamentario y Elecciones; y un curso avanzado sobre Protección de Datos Personales y un Curso Metodología de la Comparación Jurídica por la Universidad de Bolonia, Italia.
Propuso una justicia cercana y transparente. Dijo que la Suprema Corte debe salir de sus oficinas y acercarse al pueblo con la creación de la Corte Itinerante, llevando sesiones públicas a universidades, plazas y comunidades marginadas.
Además, mencionó que su meta es impulsar el derecho a entender el Derecho, garantizando que las sentencias sean claras, sin tecnicismos innecesarios, accesibles en lenguas indígenas y formatos inclusivos, fomentando así la confianza y el acceso equitativo a la justicia. Uno de los puntos más importantes para Guerrero García es la modernización del sistema judicial, pues es la clave de una impartición de justicia más ágil.
𝐌𝐚𝐫𝐢́𝐚 𝐄𝐬𝐭𝐞𝐥𝐚 𝐑𝐢́𝐨𝐬 𝐆𝐨𝐧𝐳𝐚́𝐥𝐞𝐳 es egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM, con maestría en Ciencias Políticas y, hasta antes de la elección judicial, formaba parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) como directora de Ordenamiento de Propiedad Rural. Ella sería la cuarta mujer, de cinco, que ocuparía un cargo en este máximo tribunal.
En 2021, el Presidente entonces Andrés Manuel López Obrador la designó como la consejera Jurídica de Presidencia, luego de que Julio Scherer Ibarra abandonara el cargo para reincorporarse a sus actividades como abogado. También trabajó con el expresidente del año 2000 a 2006, cuando fue jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal.
Ríos es cercana a Ernestina Godoy, consejera jurídica de la presidencia, desde los tiempos en que ambas formaban parte de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), un grupo de profesionales de izquierda que asesoraba a movimientos sindicales y grupos que reclamaban sus derechos laborales.
María Estela Ríos busca promover la agilización de los procedimientos administrativos y judiciales en la SCJN, a la par de dar plena certeza jurídica.
La última mujer en llegar a la SCJN sería 𝐒𝐚𝐫𝐚 𝐈𝐫𝐞𝐧𝐞 𝐇𝐞𝐫𝐫𝐞𝐫𝐢́𝐚𝐬. Es licenciada y maestra en Derecho por la UNAM, así como doctora en ciencias penales por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) y se desempeñaba como Fiscal especializada en materia de derechos humanos de la Fiscalía General de la República (FGR).
Su carrera profesional inició como proyectista de sentencias en el Juzgado Trigésimo Penal y luego fue secretaria proyectista de sala penal en el Tribunal Superior de Justicia del entonces Distrito Federal. También fue directora general del programa de igualdad entre mujeres y hombres de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
En el 2009, fue nombrada fiscal especial para los delitos de violencia contra las mujeres y trata de personas, de la entonces Procuraduría General de la República (PGR). En su perfil de candidata declaró que quería ser ministra para que la justicia sea confiable, entendible y contribuya a la justicia social, para que todas las personas sean oídas.
Entre sus propuestas está actuar para proteger al pueblo, aplicar las leyes dictadas por los representantes populares y no construir reglas basadas en su criterio. También utilizar lenguaje accesible y dejar claro que el Poder Legislativo plasma los valores de la sociedad en leyes y la realidad social determina el sistema jurídico y no al revés. Sin Embargo
