El Congreso de Hidalgo aprobó eliminar de las leyes de la entidad los llamados "delitos contra el honor", que, a decir de organismos y organizaciones civiles de derechos humanos, con frecuencia son usados para limitar la libertad de expresión; incluso, gracias a estos, la familia Rico Moreno enjuició a un ciudadano que se atrevió a exhibir sus anomalías y atropellos.
La Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos reconoció la decisión de los diputados hidalguenses de modificar en este sentido el Código Penal local.
A través de Twitter, el organismo resaltó la importancia de esta reforma, pues "los delitos contra el honor son con frecuencia utilizados para censurar o castigar el escrutinio de la prensa a las figuras de interés público, por lo que esta decisión es un importante paso en la garantía de la libertad de expresión".
En la sesión, con 29 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, los legisladores suprimieron el Título Sexto del Código Penal de Hidalgo, que establecía lo siguiente:
Prisión de tres meses a dos años o multa de 15 a 150 días al que, mediante comunicación dolosa a otro, impute a una persona física o colectiva un hecho que cause a esta descrédito, deshonra o afecte su reputación.
Prisión de tres meses a dos años y multa de 5 a 50 días al que impute falsamente a otro un hecho que la ley califique como delito, a sabiendas de que este no existe o de que el imputado no es responsable del mismo.
La iniciativa que fue propuesta por la panista Areli Maya y el morenista Ricardo Baptista, el 30 de mayo, y se aprueba a un año de que en la Legislatura pasada la entonces diputada blanquiazul Mariana Bautista buscara lo propio sin conseguirlo.
Según los promotores de la reforma, despenalizar los "delitos contra el honor" no significa dejar sin mecanismos de defensa la posible existencia de vulneraciones contra la imagen o la reputación de una persona, pues si se genera un daño o perjuicio por una conducta de esta naturaleza, la persona vulnerada estaría en posibilidad de promover los procedimientos civiles correspondientes y demandar reparación del daño.
La organización Artículo 19 también celebró la aprobación de este dictamen, el cual describió como un avance en la generación de condiciones más favorables para las libertades de expresión e información en México. La agrupación coincidió con la ONU-DH en que estos delitos han sido utilizados de manera arbitraria por actores con poder político o económico "para acallar voces críticas que les resultan molestas o incomodas".
De acuerdo con esta organización, el caso de Leonardo García es uno de los más recientes que ejemplifican el uso arbitrario de los "delitos contra el honor" y la urgencia de derogarlos.
García es un activista que exhibió un posible conflicto de interés entre funcionarios del gobierno del estado de Hidalgo y accionistas de una constructora, debido a la mala construcción de fraccionamientos. Por ello, fue denunciado y vinculado a proceso por difamación en enero de 2018.
