El auditor y el PRI acordaron nombrar a cercana a Murillo


Arely Gómez González, exfuncionaria del sexenio de Enrique Peña Nieto, fue designada como auditora especial de desempeño de la Auditoría Superior de la Federación

El auditor y el PRI acordaron nombrar a cercana a Murillo
Política
Abril 12, 2024 17:21 hrs.
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› Emmanuel Ameth Noticias

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Recientemente Arely Gómez González, exfuncionaria del sexenio de Enrique Peña Nieto, fue nombrada como auditora especial de desempeño de la Auditoría Superior de la Federación por el auditor de la ASF.

El titular de la ASF, David Colmenares Páramo, designó a Arely Gómez en lugar de Agustín Caso Raphael, a quien destituyó ayer.

Ante esto, Muna Dora Buchahin, experta anticorrupción y Examinadora de Fraude Certificada (CFE), expresó que la llegada de Arely Gómez muestra la consolidación del grupo del viejo PRI en la auditoría.

’La llegada de Arely Gómez a la ASF significa que esta institución ya está dinamitada, está al servicio de intereses partidistas, es la debilitación intencional de la rendición de cuentas. Durante la elección de David Colmenares hubo prebendas a cambio. Ella significaba parte de una prebenda y mientras adelantó al segundo de ella, Eber Betanzos, actual titular de la Unidad Técnica de la ASF, y que fue procurador y subsecretario. En la Auditoría vuelve a estar este grupo político del viejo PRI, y lo mismo pasa en la SFP donde regresó Javier Vargas y Gregorio Guerrero. Lo que menos les importa es la fiscalización, esos son los vínculos y las redes de impunidad que han ido tejiendo’.

En marzo de 2015, Arely Gómez solicitó licencia como senadora por el PRI, para sustituir a Jesús Murillo Karam en la titularidad de lo que fue la Procuraduría General de la República, donde mantuvo la versión de la ’verdad histórica’ sobre la indagatoria de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero.

En octubre de 2018, Gómez González, siendo titular de la SFP, absolvió de las investigaciones sobre los presuntos daños al erario público a Rosario Robles Berlanga, extitular de la Sedatu, al argumentar que ’una titular de una Secretaría no puede tener conocimiento de todo lo que está aconteciendo con miles de servidores públicos que trabajan para ella’.

No obstante, la investigación realizada por Muna Dora Buchahin, quien ese entonces se desempañaba como titular de la Dirección General de la Auditoría Forense en la Auditoría Superior, observó una y otra vez en sus informes que los contratos en Sedesol y Sedatu se establecían con universidades públicas o tecnológicos que a su vez subcontrataban a empresas más del 49 por ciento permitido y sin que contaran con la capacidad técnica y humana para prestar el servicio requerido.

Al pagar a terceros por los servicios, dictaminó en ese entonces la ASF, se generaba sobrecostos y en otros casos no se contó con la evidencia de la realización por parte de los proveedores. Algunas empresas no fueron localizadas y de otras se presume su vinculación con actos irregulares.

El 31 de octubre de 2018, la ASF presentó otras siete denuncias ante la entonces PGR en contra de Sedesol y Sedatu, universidades públicas y sistemas de radio y televisión estatales por el presunto desvío de mil 900 millones de pesos dadas a conocer en la última entrega de la Cuenta Pública 2017.

’Nosotros reportábamos a la Secretaría de la Función Pública año con año todas esas irregularidades, pidiéndoles su intervención y respondían que ya estaba todo solventado y cerraban los casos’, dijo Muna Dora. ’Arely Gómez sirvió a un gobierno que fue marcado por la corrupción y en los dos papeles que tuvo no solamente fue limitada, sino omisa en su deber de cuidado, lo cual propicio que se desviaran recursos. Si ella en el primer momento que tuvo conocimiento de las denuncias del resultado de nuestra fiscalización hubiera hecho lo que sus funciones ameritaban, se hubieran detenido estos procesos simulados de contratación, pero era parte de la misma banda’.

De acuerdo con la doctora Muna Dora Buchahin, quien descubrió todo este millonario desvío de dinero público conocido como la Estafa Maestra en el sexenio de Peña Nieto y luego fue despedida de manera irregular en junio de 2018, David Colmenares, actual titular de la ASF, es un personaje ligado al PRI y su nombramiento fue un acuerdo de los partidos PAN, PRI y una parte de Morena.

’La ASF debería desaparecer y la Comisión de la Cámara de Diputados que la vigila también, ya estamos rebasados, se volvió un tema político, debería generarse una nueva institución nacional, transversal, con facultades de investigar a todos los poderes e instituciones en el ámbito de estos actos de corrupción y entonces ya no dependería el nombramiento de los diputados para evitar estas redes de corrupción’, consideró.

David Rogelio Colmenares Páramo fue electo como Auditor Superior de la Federación el 15 de marzo de 2018 por la LXIII Legislatura de Cámara de Diputados para el periodo 2018-2026, pero su trayectoria en la función pública inició desde 1996 ocupando distintos cargos en gobiernos priistas y panistas. Previo a su designación en la ASF se desempeñó como titular de la hoy extinta Unidad de Coordinación Regional y Relaciones Institucionales de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales de la Secretaría de Hacienda (2016-2018).

’Este modelo de la Auditoría Superior es ya antiguo y necesitamos levantar una nueva institución digna de este país, digna de generar ese temor mínimo en los políticos para que que tengan miedo de que algo les puede pasar si comenten actos de corrupción, no como ahora que se están protegiendo unos con otros’, sugirió Buchahin.

Esta red de corrupción que se enquistó dentro de la ASF con la llegada de David Colmenares la ha denunciado la doctora Buchahin en su libro La casa sucia. La red de corrupción que llegó para quedarse (Grijalbo, 2024), incluso Agustín Caso, quien denunció ayer su despido de la Auditoria argumentando que fue ’secuestrada por intereses políticos’, fue ’cómplice y encubridor de esa corrupción por siete años’.

’No tiene vergüenza ni memoria, lo único que le interesa es su puesto y cobrar, ¿qué hizo por la administración pública¿, ¿qué hizo en su momento ante tanta denuncia?’, opinó sobre la destitución.

Agustín Caso se encargó de la auditoría al Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, donde reveló que el costo de cancelación fue de 331 mil millones de pesos y no 100 mil millones de pesos como había dicho el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque después la propia ASF reconoció que hubo un error.

La experta en anticorrupción y Examinadora de Fraude Certificada (EFC, por sus siglas en inglés) recordó cómo Caso y otros exauditores ’fabricaron papeles en la ASF y están todas las historia de lo que han hecho en mi libro. Vienen a lloriquear cuando están fuera de la institución corrupta, integrada por la alta jerarquía de corruptos. A mí no me impresiona que lo hayan corrido, son utilitarios, él llegó con David Colmenares y tiene derecho a quitarlo’.SIN EMBARGO

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