En México, 4 de cada 10 personas que se encuentran presos (37.3%) siguen en espera de recibir sentencia, siendo la mayoría que la prisión preventiva que no sea justificada.
Según el Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios del Inegi, un total de 86,984 personas se encuentran privadas de libertad en las cárceles estatales y federales del país sin haber sido oficialmente declaradas culpables de algún delito.
La problemática se agrava especialmente para las mujeres, ya que el 46.9% de las mujeres encarceladas se encuentran en esta situación, en comparación con el 36.7% de los hombres.
Esta situación representa no solo una vulneración de los derechos humanos, sino también contribuye a la sobrepoblación carcelaria, según lo estipulado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC). Aunque se ha observado una disminución en el número de personas en esta condición en años recientes, los niveles siguen siendo significativamente altos.
En 2021, la población penitenciaria sin condena representaba el 42.1% del total, y esta cifra se redujo al 37.3% en 2023, lo que implica una disminución de casi cinco puntos porcentuales.
Además, se destaca que el 44.3% de las personas en esta situación se encuentran bajo el esquema de prisión preventiva oficiosa, lo que subraya la complejidad y gravedad de esta problemática en el sistema penitenciario.
Sólo en el 32.5% de los casos de personas presas sin sentencia se registra el esquema de prisión preventiva justificada. El 23.2% restante corresponde a personas que están en otro supuesto jurídico o que se desconoce el esquema.
La prisión preventiva oficiosa se aplica de manera automática con determinados delitos considerados como ’graves’. En estos delitos "graves" entra el homicidio doloso, el feminicidio, la violación, la delincuencia organizada, el ejercicio abusivo de funciones, entre otros.
Resalta que en algunas entidades —con altos índices de violencia e inseguridad— como Michoacán y el Estado de México tienen al 100% de su población sin sentencia en el esquema de prisión preventiva oficiosa.
La principal diferencia entre la prisión preventiva oficiosa y la justificada es que en éste segundo esquema no se aplica de manera automática sólo por el tipo de delito, sino que se realiza un análisis más completo de los riesgos.