COLLOQUI
Samuel Schmidt
Una juez acepta 2 millones de dólares a cambio de liberar a un criminal, la operación la coordina un abogado con varios empleados del juzgado. Eso es crimen autorizado.
Llevamos muchos años en que la policía se queja de detener criminales para que al paso de unos cuantos días estos vuelvan a la calle a continuar con sus fechorías. No solamente debe ser frustrante para los policías que cumplen con su deber, sino que esto se ha convertido en una burla para el sistema legal y policíaco del país, a la vez que ha fortalecido al crimen y creado un sistema de impunidad que pervierte reglas, valores y normas.
El gobierno de López Obrador denunció el hecho de que los jueces estén liberando criminales en base a tecnicismos y es que al liberarlos los han blindado porque se supone que no se puede juzgar a una persona dos veces por el mismo delito.
Conviene preguntar ¿qué sucedió con la reforma anti-corrupción de Peña? ¿Acaso no cubría al poder judicial que ha entorpecido la labor anti-corrupción del gobierno al liberar a los detenidos?
Parte de la respuesta reside en la condición de legislación simbólica mexicana, donde por un lado se cuenta con leyes de avanzada que serían la envidia de los progresistas en el mundo y por el otro lado el incumplimiento de la ley en letra y espíritu. Podemos tener castigos ejemplares para secuestradores y políticos corruptos en el papel, pero los ministerios públicos integran mal las acusaciones, los jueces se encargan de destacar las fallas y los abogados se convierten en coyotes que articulan la disfuncionalidad del sistema, todos ellos se benefician de la enorme cantidad de dinero que circula en el mundo del crimen. Por supuesto que no son todos los mp, ni jueces, ni abogados los que incurren en conductas criminales, pero tampoco vemos acciones rotundas para prevenir y castigar esas conductas.
Durante muchos años se construyó un sistema organizado para no funcionar y los grandes beneficiarios son los que violan la ley a cambio de recompensas económicas, que descubrimos son muy generosas.
Resulta que el caso de la liberación del Mochomo no es el primero que maneja indebidamente la juez María del Socorro Castillo Sánchez, titular del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales, ella manejaba asuntos relacionados con personas vinculadas con diversos cárteles del narcotráfico y otros criminales que fueron liberados. Ante su reincidencia en liberar criminales ¿nunca se dieron cuenta en el Consejo de la judicatura que algo pasaba en ese juzgado? ¿Nadie revisa las sentencias y actos liberatorios? ¿Hay alguien que protege a la juez? La verdad es que es muy sospechoso que tantos casos hayan evadido el radar que debe vigilar la buena conducta y probidad de los juzgadores.
Se creo el consejo de la judicatura, para entre otras cosas vigilar a los jueces, y supongo que un juzgado relacionado con temas de narcotráfico debe tener una vigilancia especial, porque como dicen, la tentación es fuerte y la moral parece no ser el fuerte de los jueces, recordemos el caso del juez superior que dijo que no debían bajarles el salario porque podían corromperse.
La manipulación en los juzgados es un factor primordial que refuerza la impunidad, porque los criminales saben que muy pocos delitos se investigan, que de los investigados, si por mala suerte los detienen pueden comprar su liberación en la primera instancia y si la mala suerte persiste, entonces se puede optar por comprar el no juicio, y es así como llegamos a que se sentencia a un porcentaje casi ridículo de los crímenes cometidos en el país. Todo el proceso se irriga con un río de dinero indebido y una moral pública venida a muy menos.
No existe democracia sin sistema de justicia que nos ve a todos como iguales ante la ley, y para eso, la ley no puede ni debe comprarse. http://www.colloqui.org/colloqui/2020/7/8/corrupcin-judicial
