Hidalgo es la quinta entidad del país con mayor tasa de informalidad, esto es, que se ven en la necesidad de recurrir a empleos sin prestaciones para obtener sustento familiar, teniendo que librar encima una batalla en contra de los ayuntamientos que simplemente buscan cobrar derechos así sea mediante el uso de la fuerza desmedida, como se evidenció recientemente en una agresión a una adulta mayor de Pachuca y a su esposo.
Como evidenció el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), siete por cada diez trabajadores en Hidalgo no cuentan con certeza laboral alguna en su actividad económica, especialmente si caen enfermos, pues no tienen derecho a servicio médico alguno proporcionado por su trabajo.
De acuerdo con la publicación, Hidalgo no habría encontrado la fórmula de crear trabajos dignos y/o al menos que cuenten con las prestaciones mínimas de Ley, pues el 72% del total de sus ocupados labora en la informalidad, solamente detrás de Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Tlaxcala.
Y es que la necesidad también provoca que se opte por trabajos poco convenientes.
Solamente el 2.7% de la PEA se encuentra desocupada, un punto porcentual menos que la media nacional, pero a cambio, el 25.8% de los trabajadores tiene condiciones críticas de ocupación, pues además de no tener prestaciones, tampoco gozarían de un salario mínimo suficiente para cubrir sus necesidades.
El lunes pasado un video mostró la forma en la que la dirección de Reglamentos y Espectáculos de Pachuca, acompañados por la fuerza pública, quisieron clausurar una vivienda dentro de la cual se realizaba una actividad económica. Ello mediante uso excesivo de la fuerza en contra de adultos mayores, lo que provocó que los elementos fueran suspendidos.
