La Caja de Seguro Social de Panamá (CSS) suspendió la contratación por 168 millones de dólares con la empresa mexicana Intercontinental de Medicamentos, S.A para el almacenamiento y distribución de medicamentos, por defraudación fiscal que cometió anteriormente la distribuidora.
Se trata de la empresa mexicana Intercontinental de Medicamentos, S.A., también conocida como Intermed, que junto a la panameña PMG Logisitic Corp. conforman el Consorcio Salud en Control, que ganó el pasado 16 de marzo una licitación por la que se le adjudicó el contrato el 8 de abril.
La suspensión de la resolución que adjudica la contratación a Interncontinental de Medicamentos se produjo el pasado 11 de abril y fue anunciada por el Presidente del país, Laurentino Cortizo y el jefe de la CSS, Enrique Lau.
El jefe de la CSS, Enrique Lau, indicó que tras ’una cantidad importante de denuncias en los medios de comunicación y en las redes sociales’, instruyó a la Dirección Nacional de Compras de la CSS y sus abogados a que investiguen para ’dilucidar la veracidad o no de estas denuncias contra la empresa ganadora de esta licitación por supuesta defraudación fiscal y otros actos ocurrido en los Estados Unidos Mexicanos’.
El abogado y catedrático panameño Ernesto Cedeño comentó este lunes a EFE que la contratación se encuentra suspendida temporalmente, mientras se investiga a la empresa, tal como lo anunció Lau, y que la CSS debe definir entre si continuará adelante con la firma o rechazará su propuesta.
Ello, a raíz de la expedición de facturas falsas, como proveedora de medicinas en hospitales y centros de salud en el estado de Puebla, según una investigación del periodista mexicano Rodolfo Ruiz. A pesar de estas acusaciones la empresa ha mantenido convenios con diferentes gobiernos en Puebla.
En Panamá, el diario La Prensa se ha hecho eco de estos informes, y publicó que sobre Intercontinental de Medicamentos pesan más denuncias pues habría entregado, junto a otras dos compañías, insulinas que ’no cumplen’ con los estándares necesarios para los tratamientos médicos, según denunciaron diputados de Guanajuato en febrero de 2017 y reportó el medio mexicano Plano Informativo.
Actualmente la distribuidora es investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera por haber realizado depósitos por 667.4 millones de pesos y retiros por 666.7 millones de pesos, cantidad que no coincide con lo declarado. SIN EMBARGO
