Esta semana circularon en redes sociales diversas declaraciones falsas de prianistas donde aseguraban que el gobierno de la Ciudad de México podría despojar a la población de su propiedad privada, siendo una reforma en su momento aprobada por los legisladores del PRI y PAN.
El 2 de septiembre, se aprobaron modificaciones al Artículo Tercero de la Constitución local, que trata sobre la propiedad privada. Estas modificaciones buscan homologar el texto con el Artículo 27 de la Constitución Política del país. El objetivo es evitar una "interpretación en contra del interés público por parte del actual Poder Judicial", según explicó el propio Batres en conferencia de prensa.
La Constitución local originalmente sólo contemplaba el respeto a la propiedad privada. La iniciativa del Jefe de Gobierno Capitalino, sin embargo, indica de manera textual: "respeto a la propiedad en los mismos términos del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Esto incluye el respeto a la propiedad privada, pública y social.
Las modificaciones al Artículo Tercero, según el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, evitarán que el Poder Judicial interprete las normas constitucionales a conveniencia, ignorando la Carta Magna y apoyándose solo en la disposición local. Esto, según Batres, beneficiaría a los grupos económicos más poderosos del país.
Al aprobarse la iniciativa, Batres recordó que la Constitución capitalina antes señalaba que "la Ciudad de México asume como principios el respeto a la propiedad privada". Tras las modificaciones, ahora se indica que "la Ciudad de México asume como principios la propiedad en los mismos términos del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".
’Esa es la reforma que estamos celebrando el día de hoy’, dijo el Jefe de Gobierno de la capital mexicana, quien enfatizó que esos cambios podrían parecer ’elementales, una obviedad, un pleonasmo, una verdad de perogrullo, pero no es así’, ya que, detalló, que antes de los cambios podrían generar interpretaciones equivocada o a modelo del Poder Judicial, lo que afectaría a la ciudadanía.
’Podría parecer elemental que las instancias que tengan que interpretar la Constitución digan: ‘Bueno, la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos dice esto y está por encima de cualquier otro precepto’, pero no es así, porque en estos años, en los pasillos del Poder Judicial hay un dicho que se repite mucho, que dice así: ’¿Qué dice la Constitución? Lo que diga la Corte’, ejemplificó.
’En otras palabras, ante la falta de claridad estamos en riesgo en cualquier momento de que el actual Poder Judicial en algunas de sus instancias, Juzgados de Distrito, Tribunales o Suprema Corte, pueda interpretar nuestras normas constitucionales en favor de los grupos económicos más poderosos, haciendo a un lado el Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para apoyarse en una disposición local’, añadió.
Reiteró que con la reforma queda garantizado y ’salvaguardado el interés superior de la nación, de la ciudad, de lo público y quedan protegidas la propiedad privada, la propiedad pública y la propiedad social dentro de los marcos y principios establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos’, pero principalmente las reformas establecen la que lo público estará por encima de ’cualquier interés particular’.
’Sobre todo, quedan establecidas y liberadas las bases para un desarrollo justo, armónico, con acento social, que reconozca la supremacía de lo público sobre cualquier interés particular en la Ciudad de México para los años venideros’, lo que subrayó es acorde con los principios y valores ’que promueve la Cuarta Transformación en todo el país y, por supuesto, también en la Ciudad de México’, destacó.
El Artículo 27 de la Carta Magna señala de manera textual que ’la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada’, y se indica que una expropiación sólo se ejecutará ’por causa de utilidad pública y mediante indemnización’.
’La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, para hacer una distribución equitativa de la riqueza y para cuidar de su conservación’, se añade en el mismo Artículo.
Mientras que, luego de las modificaciones, el inciso A, numeral 2, del artículo 3 de la Constitución de la Ciudad de México, queda de la siguiente manera:
’El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático y social, el diálogo social, la cultura de la paz y la no violencia, el desarrollo económico sustentable y solidario con visión metropolitana, la más justa distribución del ingreso, la dignificación del trabajo y el salario, la erradicación de la pobreza, el respeto a la propiedad en los mismos términos del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos’.
’La igualdad sustantiva, la no discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el diseño universal, la preservación del equilibrio ecológico, la protección al ambiente, la protección y conservación del patrimonio cultural y natural. Se reconoce la propiedad de la Ciudad sobre sus bienes del dominio público, de uso común y del dominio privado; asimismo, la propiedad ejidal y comunal’, se añade en el mismo.
Durante la sesión en que se votó y aprobó la propuesta de Batres, el pasado 22 de agosto, Diego Orlando Garrido, Diputado local por el Partido Acción Nacional (PAN), destacó que la reforma tiene el objetivo de establecer en la Ciudad de México, como principio rector, ’la protección de la propiedad en la dimensión privada, pero también en la dimensión pública y en la dimensión social’.
Pese a lo anterior, en redes sociales circularon mensajes como el del colaborador de Latinus, Vampipe, quien aseveró que su casa sería arrebatada debido a las políticas implantadas por Morena.
Mensajes como estos tuvieron una amplia difusión, ante lo cual el Gobierno de la Ciudad de México salió a precisar los verdaderos alcances.
“Con la reforma, se recuperan en el ámbito local las nociones de la propiedad originaria de la Nación, así como el derecho de la Nación para transmitir el dominio de la propiedad a los particulares y para imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público”, explicó Batres también en una publicación en su cuenta de X, antes Twitter.
Con estas modificaciones, añadió, “se garantiza el respeto a la propiedad privada, pero también a la propiedad pública y a la propiedad social, todas ellas subordinadas al interés superior de la Nación y de la Ciudad”, por lo que, destacó, “se dificulta que el actual Poder Judicial pueda realizar interpretaciones de nuestras normas locales en favor de los grupos económicos más poderosos”.
En un mensaje desde su perfil en X, tras la aprobación de su propuesta, el jefe de Gobierno reiteró que “en la reforma no hay ninguna facultad adicional del Estado para intervenir en materia de propiedad”. “La propiedad de las personas, su patrimonio, sus bienes, casa y otro tipo posesiones, está asegurada y protegida en los mismos términos ya vigentes y no corre ningún tipo de riesgo” ahondó.
“La reforma en cuestión [a la Constitución de la Ciudad de México] sólo remite al texto vigente del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, no modifica el régimen de propiedad y sólo homologa el texto local con el texto federal, armonizando la norma local con la norma superior”, sostuvo el Jefe de Gobierno Capitalino.
