Alfonso Navarrete Prida continuó con la práctica de chayotear medios para así tratar de incidir en la percepción ciudadana: es más, pagó a estos aún cuando no pudieron acreditar el haber realizado los spots cobrados, aumentó su gasto en publicidad y promoción más allá de lo acordado en el PEF 2018 e incluso facilitó que otras dependencias tuvieran más ingresos para ello; fueron miles de millones de pesos para tratar de posicionar a personajes de la política.
Lo anterior se desprende del informe de auditoría forense llevado a cabo para el ejercicio 2018, donde se encontró que sólo en una muestra de 2 mil 254.9 millones de pesos, hubo irregularidades en al menos 1 mil 800 millones, equivalentes al 80% del total de recursos en difusión y publicidad ejercidos por la Secretaría de Gobernación de Navarrete Prida.
Dado que se trató de una ’muestra’, el quebranto total podría llegar a los 5 mil 485 millones sólo en 2018, que equivalen a más de dos veces lo que gastó todo el aparato de Andrés Manuel López Obrador en 2019.
En el ejercicio 2017, la auditoría forense a cargo de la ASF encontró que la dependencia entonces a cargo de Miguel Ángel Osorio Chong había otorgado contratos de comunicación de manera irregular por 2 mi 760 millones de pesos para esta y otras 8 dependencias en las que intervino para que a su vez, estas también distribuyeran chayote a lo largo y ancho del país.
Para ser aún más opacos, el modus operandi de la Segob en el sexenio de Peña Nieto fue el de repartir el chayo entre dependencias que no gozaban de presupuesto para ello para así poder realizar la operación sin señalamientos por lo menos hasta que se hiciese pública.
Muchas de las transacciones, también pudieron ser meras pantallas para el desvío de recursos, pues se aprecia también como una constante que las supuestas empresas contratadas para dar promoción y publicidad nunca entregaron informe de resultados, audiencias, spots, cronogramas de difusión, validación de pautas, especificaciones y en general, ningún anexo técnico que justificara y comprobara que los servicios comprados efectivamente existieron.