La Fiscalía General de la República (FGR) investiga el presunto desvío de 2 mil 950 millones de pesos desde la Secretaría de Gobernación (Segob) por parte de los empresarios Álvarez Puga, quienes durante la gestión de Miguel Ángel Osorio Chong como titular de la secretaría, simularon la prestación de servicios y contrataron empresas fantasma para la facturación.
Entre los nombres que de nueva cuenta podrían salir a relucir con el esquema de defraudación, nuevamente se encuentran los de Jorge Márquez Montes, Damián Canales Mena y Frida Martínez Zamora, entre otros.
La FGR obtuvo una orden de aprehensión en contra del abogado y empresario Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa, la actriz y presentadora de televisión Inés Gómez Mont, sobrina de Fernando Francisco Gómez-Mont Urueta, quien fuera secretario de Gobernación de Felipe Calderón, por su presunta responsabilidad en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado.
Una investigación federal señala que Álvarez Puga y Gómez Mont habrían sido los beneficiarios finales del presunto desvío millonario operado con la Segob mediante 1 mil 446 operaciones bancarias para triangular y lavar los recursos. La indagatoria señala que también habría participado un hermano del empresario, Alejandro Álvarez Puga.
Tanto Alejandro como Víctor Manuel Álvarez Puga son cercanos a Juan Collado, hospedado en el Reclusorio Norte por fraude y lavado de dinero, además de intermediar la apertura de cuentas a 23 políticos mexicanos que enviaron más de 48 mil millones de pesos a lavar a la Banca de Andorra.
El “caso querubines”
La indagatoria, conocida como “Caso Querubines”, indica que los recursos públicos habrían sido desviados mediante dos contratos adjudicados por el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), que dependía de la Segob en el sexenio pasado, a la razón social Seguridad Privada Inteligencia Cibernética S.A. de C.V.
Esta empresa fue calificada por la Secretaría de Hacienda como una empresa que Factura Operaciones Simuladas (EFOS), es decir, se trata de una compañía “facturera”.
Los contratos, que suman 2 mil 950 millones de pesos, fueron adjudicados en agosto y octubre de 2016, supuestamente para comprar un programa de interconexión de siete penales federales al C4 del OADPRS, y fueron declarados reservados por el Comité de Transparencia de dicha institución durante 5 años alegando motivos de seguridad nacional.
Y es que ambos contratos son considerados fraudulentos por la autoridad hacendaria, al detectar que hubo simulación de competencia entre varios proveedores en el proceso de licitación, manipulación de entregables y hasta la presunta falsificación de firmas de funcionarios del órgano que administra las cárceles federales.
Entre las primeras irregularidades, la autoridad fiscal detectó que los contratos eran idénticos y que la compañía Seguridad Privada Inteligencia Cibernética S.A. de C.V., que ganó casi 3 mil millones de pesos, no tiene activos, infraestructura, ni personal trabajando, y que su dirección lleva a una modesta vivienda particular en Morelia, Michoacán, la cual no concuerda con su supuesto perfil de empresa millonaria.REGENERACIÓN
