Destituirá e inhabilitará hasta por 20 años un Juicio Político contra Diputada del PRI, Trabajadores del Congreso y del Periódico Oficial del Estado


Pese a que la legislatura anterior derogó el 55.6% de la totalidad de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la figura de Juicio Político contempla sanciones a los funcionarios que podría inhabilitarlos hasta por 20 años

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Septiembre 24, 2018 06:38 hrs.
Política Nacional › México Hidalgo
Emmanuel Ameth › Emmanuel Ameth Noticias

La sombra de las sanciones impuestas por un Juicio Político quitan el sueño a la Diputada del Revolucionario Institucional (PRI) María Luisa Pérez, a los empleados del Congreso así como también a funcionarios del Periódico Oficial (POEH), toda vez que a los diputados de Regeneración Nacional (Morena) les basta su mayoría en el legislativo local para designar una comisión que sustancie los probables delitos como parte acusatoria para que posteriormente el Tribunal resuelva como Jurado de Sentencia.

María Luisa Pérez podría ver Juicio Político gracias a la Usurpación de Funciones, para la que el elemento probatorio más contundente sería el de la publicación que mandara a hacer al POEH acreditándose como presidenta de la Junta de Gobierno para su primer año de gestión, contrario a lo decidido en el Congreso y que se encuentra tipificado en la Fracción V del Artículo 7mo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos (LRSP) así como las fracciones VI y VII del referido que aluden el transtorno del funcionamiento normal de las instituciones para el primer caso, y las omisiones de carácter grave en los términos de la fracción anterior.

En el caso de los empleados del Congreso que participaron en el desacato a la voluntad del Legislativo local las mismas fracciones VI y VII del Art. 7 de la LRSP también serviría como sustento para ser sancionados e inhabilitados, así como también para los funcionarios del POEH, entre ellos Gustavo Córdoba Ruíz, sobrino del exgobernador Francisco Olvera Ruíz y quien funge como director, así como Roberto Rico Ruíz, Coordinador General Jurídico.

El plan casi perfecto que tendría a los priistas en la lona

La legislatura pasada -también conocida como la de “Los albazos”- derogó en un acto sin precedentes 50 de los 90 artículos totales de la LRSP supuestamente con la intención de adecuarse a la Ley General de Responsabilidades.

Sin embargo, pudo haberse modificado para un supuesto encubrimiento, lo anterior debido a que apenas dos meses antes, la Función Pública inhabilitó a personal de Radio y Televisión de Hidalgo, vetando como proveedor al Sistema para celebrar contratos públicos debido a los millonarios desvíos cometidos por sus integrantes al haber malversado 601 millones de pesos.

También, los estragos de la investigación periodística conocida como la Estafa Maestra también señalaron diversos funcionarios con probable responsabilidad en fraudes cometidos por la simulación de contratos por parte de diversas universidades del estado, dependientes de la SEPH, por lo que dicho detonante habría obligado a dicha legislatura a blindarse ante señalamientos posteriores, derogando la totalidad del Título Tercero de la LRSP, misma que aludía obligaciones y sanciones de las Responsabilidades Administrativas, así como aprovechando para derogar el Título Cuarto que hacía mención al Registro Patrimonial de los Servidores Públicos.

El error de cálculo

Sin embargo, para diciembre de 2017 que fue cuando se derogó el 55.6% de la totalidad de las Leyes de la LRSP no se contemplaba que el Congreso quedara en manos de Morena de una forma casi absoluta al ganar 17 de 18 puestos de Mayoría Relativa, por lo que dejar como único instrumento el Juicio Político como medio de sanción a servidores públicos suponía también un espaldarazo con una representación de legisladores que con el escenario del 1 de julio no consiguieron.

Pero al ser el Juicio Político el único instrumento sancionatorio local vigente para los funcionarios hidalguenses que faltaran a la Ley en la que sólo se necesita voluntad por parte de un Congreso ahora dominado por Morena, las reformas terminaron por perjudicar a quienes querían arropar a los funcionarios de futuras sanciones.

Según la Constitución Política del Estado de Hidalgo (CPEH), se consideran servidores públicos -y sujetos a Juicio Político-: “Los representantes de elección popular, a los miembros del poder Judicial, a los presidentes municipales, a los funcionarios y empleados, así como a los servidores del Instituto Estatal Electoral y en general a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública estatal y municipal y a todos aquellos que manejen o apliquen recursos económicos estatales o municipales”, sustanciado lo anterior en los artículos 149 y 150 de la citada Ley.

Otra Ley malhecha

De la misma forma que teniendo la sartén por el mango la legislatura anterior una reforma mal hecha abrió las puertas para que Morena se quedara con la Junta de Gobierno durante el primer año de funciones, la prontitud por cubrirse las espaldas provocó que cometieran errores evidentes en su premura.

Prueba de lo anterior es el citar la redacción del Artículo Segundo de la misma sección, el cual alude al Artículo 49 de la LRSP, mismo que ni siquiera existe al haber sido derogado.

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