El titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF),Félix Arturo Medina Padilla, informó que extrabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) realizaron un esquema de corrupción, causando daños por alrededor de 15 mil millones de pesos.
Durante la conferencia de prensa matutina de este martes, se informó que fue permitida la identificación de un esquema de saqueo y defraudación que afectó al patrimonio del ISSSTE durante más de 12 años.
Durante la conferencia de prensa matutina de este martes, se reveló la existencia de un esquema de saqueo y defraudación que afectó el patrimonio del ISSSTE durante más de 12 años. Según un funcionario de la Procuraduría dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), este esquema implicaba la colaboración de extrabajadores del ISSSTE, coyotes, abogados particulares y servidores públicos de los tribunales laborales.
El funcionamiento consistía en que los extrabajadores del ISSSTE, en complicidad con los coyotes y los abogados, presentaban miles de juicios ante las juntas federales de Conciliación y Arbitraje (JFCA) en el norte del país. El objetivo era obtener pensiones más altas y beneficios fuera de la ley. Para llevar a cabo este esquema, los despachos de abogados obtuvieron de manera ilegal el padrón de extrabajadores del ISSSTE, lo que les permitió promover e incluso duplicar juicios de incremento de pensiones ante las JFCA.
Luego de obtener ilegalmente el padrón de extrabajadores del ISSSTE, los despachos de abogados contactaban a los empleados con la promesa de obtenerles pensiones, prestaciones y derechos de manera ilícita. Presentaban demandas ante un tribunal incompetente, ya que las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje (JFCA) no tienen la facultad de tratar asuntos relacionados con personas jubiladas y pensionadas para aumentar los montos de sus prestaciones, derechos y pensiones.
De manera intencionada, los abogados que defendían al ISSSTE aseguraban que perdieran los juicios laborales, lo que llevaba a que las JFCA condenaran al Instituto a pagar prestaciones laborales de forma irregular e incluso en repetidas ocasiones, generando el desembolso de grandes sumas de dinero. Este esquema se repitió en múltiples ocasiones.
Como resultado de este esquema corrupto, los beneficiados por estas sentencias ilegales pagaban sobornos a funcionarios del ISSSTE, a las JFCA y altos salarios a los abogados litigantes y otras autoridades involucradas.
Las personas involucradas en este esquema están siendo investigadas por delitos como asociación delictuosa, falsedad de declaraciones, falsificación de documentos y ejercicio ilícito del servicio público. Estas acusaciones ponen de manifiesto la gravedad de las acciones llevadas a cabo y la necesidad de una investigación exhaustiva y de imponer las sanciones correspondientes.
Hasta el momento, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), se han judicializado a 22 personas. Asimismo, fueron obtenidas ocho vinculaciones a proceso en contra de tres personas por la comisión de los delitos anteriormente mencionados.
Además, la Policía Federal de Caminos (PFF), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el ISSSTE presentaron un total de 31 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), las cuales se han tramitado en 25 carpetas de investigación.
En relación a estas acciones, el director de la PFF informó que se han logrado incautar cheques por un total de mil 188 millones de pesos como resultado de las medidas implementadas.
En cuanto a este tema, el Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo hincapié en que la salud no puede ser considerada un privilegio, sino un derecho que el Estado está obligado a garantizar.
Además, subrayó que el rescate y "nacionalización" del ISSSTE implica devolver al ámbito público lo que siempre debió ser público. En este sentido, señaló que el Instituto estaba "privatizado por cachitos" y es necesario integrar los servicios de salud para asegurar una atención integral y de calidad para todos los ciudadanos.
“Estamos avanzando para que no sea nada más un principio o que sea un mandato constitucional convertido en letra muerta, porque se puede tener el derecho, pero se va a un centro de salud u hospital, y no hay médico, no hay medicinas”, destacó desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
“No es lo teórico, es lo práctico: hechos, no palabras. Y eso es lo que estamos haciendo ahora ya que pasó lo más difícil [la pandemia de COVID-19 y ‘la peste de la corrupción’]”, añadió.Con información de SIN EMBARGO
