El costo de organizar la Consulta Popular del domingo pasado, en relación con el grado de participación ciudadana, fue menor a la última elección presidencial; por cada sufragio emitido para la Consulta Popular, el INE invirtió 79.24 pesos, siendo 9.8 por ciento inferior al costo por voto en el proceso electoral de 2018.
Para efectuar la Consulta Popular para realizar un juicio histórico de las acciones y omisiones ocurridas entre los sexenios de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) y de Enrique Peña Nieto (2012-2018), el Instituto Nacional Electoral (INE) erogó aproximadamente 528 millones de pesos.
En su momento Ángel Ávila Romero, representante del PRD indicó que era un despilfarro el realizar la consulta. "Hoy México será testigo de cómo un ejercicio democrático buscado y anhelado por muchísimos años (...) va a ser pervertido por parte del presidente de la República y de su partido político. Hoy asistimos a un engaño más de Morena, a una farsa llamada consulta popular", dijo.
Sin embargo el costo por voto de esta consulta ciudadana (79.24 pesos) es muy similar al de las elecciones presidenciales de 2018 (87.82 pesos), en las que votaron 89.2 millones de mexicanas y mexicanos, y en las que el INE dispuso de más de 7.1 mil millones de pesos sólo para organizar la votación, que incluye gastos de instalación de casillas, manejo de boletas, logística y mano de obra, entre otros gastos operativos.
Asimismo, el costo por voto de la Consulta Popular equivalió a la mitad (49.5 por ciento) del costo por voto de las elecciones federales de 2021, en la que la ciudadanía mexicana renovó a los 500 integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Con una participación de 49.1 millones de votantes y un costo operativo superior a 7.8 mil millones de pesos, en el proceso electoral de 2021, el costo proporcional por voto fue de 160.10 pesos.
La cantidad de dinero invertido por el INE para organizar la primera consulta federal en la historia de México, en proporción con la cantidad de votos emitidos, también fue equiparable a la mitad (52.7 por ciento) del costo proporcional por voto en las elecciones intermedias de 2015 (150.35 pesos) y a casi tres cuartas partes (72.4 por ciento) del costo por voto en las elecciones presidenciales de 2012 (109.41 pesos), cuando Enrique Peña Nieto llegó a la Presidencia de la República.
Para comparar el costo por voto de la consulta con el costo por voto en las últimas cuatro elecciones federales, sólo fue considerado el gasto aprobado por el INE para la organización de cada proceso electoral, sin considerar otros de los componentes del ingreso total del instituto, entre ellos su presupuesto base y —con la excepción de la partida “Organizar Proceso Electoral Federal”— los recursos para los proyectos de la cartera institucional del INE, así como el financiamiento público para los partidos políticos.
Esto debido a que el costo de la Consulta Popular —528 millones de pesos, de acuerdo con el consejero electoral Uuc-kib Espadas— sólo incluye los gastos de la organización del evento y no la totalidad de los recursos del INE para el ejercicio fiscal 2021. Además, la proporción del costo por voto por año fue ajustada con base en la inflación, de modo que la comparación de costos está expresada en pesos constantes a precios actuales.
El dato obtenido (costo por voto) es un indicador de la utilidad de la inversión con respecto a su objetivo, que es la participación ciudadana, siendo que a menor costo sería relativamente mayor la eficiencia de los recursos utilizados para llevar al cabo la votación. Empero, ello no implica que el ejercicio fuera adecuado o eficaz.
El costo de la Consulta Popular (528 millones de pesos) ha sido un tema polémico, sobre todo después de ser dados a conocer los resultados, que arrojan que la participación ciudadana —7.1 por ciento de la lista nominal— fue insuficiente para hacer vinculante la elección popular.
De acuerdo con lo que establece el Artículo 5 de la Ley Federal de Consulta Popular, los Poderes Ejecutivo y Legislativo estarán obligados a cumplir con la decisión ciudadana “cuando la participación total corresponda, al menos, al 40 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores de la entidad o entidades federativas que correspondan”.
El resultado vinculante de la consulta implicaba la responsabilidad legal del actual Gobierno para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en anteriores administraciones, sin actos jurídicos involucrados además de aquellos probables e imputables en apego al marco legal, y sin aplicación retroactiva de la ley vigente.
Debido al bajo nivel de participación ciudadana en la consulta del pasado 1 de agosto, el costo por voto de este ejercicio democrático fue más elevado de lo que pudo haber sido si hubiera habido participación suficiente —37.4 millones de votos, equivalentes al 40 por ciento de los 93.5 millones de ciudadanos y ciudadanas inscritos en la lista nominal en territorio nacional en 2021— como para hacer vinculante la consulta. En un escenario así, el costo por voto hubiera sido de 14.11 pesos, es decir, un 82.2 por ciento menos del costo relativo (79.24 pesos) según la votación bruta.
La causa detrás de la baja participación en la consulta ciudadana ha sido motivo de discusión en la última semana. De acuerdo con algunos críticos de este ejercicio democrático, el problema fue la insuficiente organización y difusión del proceso por parte del INE, mientras que las autoridades electorales sostienen que se debió a la carencia de tiempo y de presupuesto para organizarla.
Esto sucede en un contexto en que en el último año (2020) sólo la mitad (50.8 por ciento) de la población mayor de edad reportó conocer o haber escuchado de la existencia de consultas ciudadanas como forma de participación en el ámbito público, mientras que sólo el 22.1 por ciento de dicha población reportó haber realizado actividades relacionadas con asuntos públicos —como peticiones, protestas, participación en organizaciones políticas y/o reuniones con autoridades, entre otros— además de votar, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Cultura Cívica (ENCUCI) del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi).
El domingo pasado, 6.5 millones de mexicanas y mexicanos —o el 97.7 por ciento de los votantes— dijeron “sí” a la posibilidad de que se lleven al cabo “las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas”, que fue la pregunta que apareció en la boleta de la Consulta Popular.
Después de darse a conocer la baja participación en las urnas, la polémica por la ambigüedad de la pregunta —que no mencionaba los nombres de los expresidentes ni refería un proceso legal o de juicio político— se convirtió en una crítica emanada de partidos de oposición en contra del Gobierno federal por el derroche de 528 millones de pesos en un ejercicio relativamente estéril (o no vinculante).
Los dirigentes de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) aprovecharon la coyuntura para decir que el fracaso de la consulta fue reflejo del fracaso del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Marko Cortés Mendoza (PAN) refirió a través de un comunicado que la falta de participación exhibe el derrumbe de la capacidad de movilización social del Presidente, quien cometió un “despilfarro inmoral” en una caja china. Por su parte, Alejandro Moreno Cárdenas (PRI) publicó en redes sociales que el dispendio sólo sirvió para dar a conocer el rechazo ciudadano a la “ineptitud e incapacidad” del actual Gobierno. Asimismo, Jesús Zambrano Grijalva (PRD) comentó que la consulta fracasó por ser un ejercicio demagógico para tratar de engañar y distraer a la gente de los problemas que son responsabilidad de la Administración en turno.
En respuesta, el Primer Mandatario y el partido que fundó (Morena) dijeron que la culpa fue del INE.
Por un lado, el Presidente López Obrador mencionó en una de sus conferencias matutinas que la Consulta Popular no fue un fracaso porque fue “muy importante y ejemplar” como ejercicio democrático, sobre todo si se considera que es el primero en su tipo aplicado a nivel nacional, y un calentamiento para lo que sigue: la consulta de revocación de mandato en marzo de 2022.
Sin embargo, López Obrador señaló que la falta de participación ciudadana se debió a problemas de organización por parte del INE, ya que sus consejeros “no tenían entusiasmo por la consulta [y] tampoco por la democracia”.
En el mismo talante que el Presidente, Mario Delgado Carrillo, dirigente de Morena, señaló que el INE obstaculizó la consulta, toda vez que sólo instaló un tercio de las casillas que hubo en los comicios intermedios de 2021, además de que no establecieron casillas especiales para que gente fuera de su localidad de residencia pudiera emitir su voto.
De acuerdo con López Obrador y con el líder nacional de Morena, los problemas operativos de la consulta no fueron un tema de dinero, sino una cuestión de “profundo desprecio a la voluntad popular” por parte de los representantes de la autoridad electoral. Por lo anterior, Delgado Carrillo ha señalado que su partido presentará una iniciativa para regular el tema de las consultas, de modo que sean efectuadas el mismo día en que se lleven al cabo elecciones intermedias, con la finalidad de ahorrar recursos.
Con respecto a los señalamientos en contra, el consejero presidente del INE dijo de manera pública que es falso que el Instituto no haya querido la consulta, toda vez que quienes atentan contra la democracia son aquellos que buscan generar una narrativa para culpar a una institución “que sabe trabajar y que tiene aprecio de la ciudadanía”. Según Lorenzo Córdova Vianello, aunque la Consulta Popular no contó con mucha participación y fue motivo de burlas, fue un “éxito” para la democracia nacional.
Acerca de la falta de presupuesto para organizar la consulta, el consejero electoral Roberto Ruiz Saldaña ha reiterado que el problema fue la falta de recursos públicos para ello, ya que no les otorgaron una partida extraordinaria y tuvieron que efectuarla con lo que el INE ahorró del proceso electoral 2020-2021.
La posible falta de dinero del INE para realizar la Consulta Popular se da en un contexto en que para 2021, el Consejo General del INE “aprobó ajustes a su presupuesto para el ejercicio 2021, luego del recorte de 870 millones de pesos ordenado por la Cámara de Diputados, con lo que el presupuesto de la autoridad electoral pasó de 20 mil 463 millones de pesos solicitados en el Anteproyecto a 19 mil 593 millones de pesos”, se lee en un comunicado institucional.
Desde noviembre de 2020, el INE solicitó al Congreso de la Unión recursos adicionales para realizar la Consulta Popular. “La Cámara de Diputados no hizo una sola mención en el presupuesto sobre este proceso de participación ciudadana ni atendió la ampliación que se requirió”, indicó Córdova Vianello el 7 de diciembre de 2020 acerca del presupuesto para la consulta.
De acuerdo con un cálculo del INE, la Consulta Popular tendría que haber contado con 1 mil 499 millones 392 mil 669 pesos de presupuesto para su adecuada realización, que es un monto que ya consideraba el aprovechamiento de recursos y actividades de la jornada electoral del 6 de junio de 2021.
Pese a que el INE solicitó recursos adicionales al Congreso de la Unión, y a pesar de haber promovido un juicio en contra de la negativa del Poder Legislativo, no hubo una partida presupuestaria ordinaria o extraordinaria para la realización de la consulta.
El 2 de julio de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) notificó al INE que no recibiría recursos adicionales para realizar la Consulta Popular, según lo establecido en la resolución de la controversia constitucional 203/2020. El máximo tribunal mexicano determinó que en su proyecto presupuestal para 2021, el INE debió prever recursos adicionales para tales fines.
Sin embargo, un comunicado del INE (no. 334) refiere que el presupuesto del Instituto “se elaboró y envió para su aprobación en agosto de 2020, mientras que la solicitud de Consulta Popular fue hecha por el Presidente de la República el 15 de septiembre de 2020 y el decreto para la convocatoria de la Consulta Popular se publicó el 28 de octubre. Por tanto, era cronológicamente imposible prever en el anteproyecto de presupuesto recursos para la realización de una consulta cuya solicitud y convocatoria no habían sido emitidas”.
En el comunicado, las autoridades electorales asimismo refieren que “el 15 de diciembre de 2020, el INE promovió una controversia constitucional en contra del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2021, precisamente por no haber aprobado los recursos necesarios para la realización de ese ejercicio de participación ciudadana”. De acuerdo con el INE, un mes antes de la consulta, la controversia referida no había sido resuelta. Efrén Flores | SIN EMBARGO
