Dejaron a la IP construcción de casas y ahora son inaccesibles; cambiarán rumbo


Durante el gobierno federal de Vicente Fox, se reconstruyó el panorama inmobiliario para dar ventajas a los grupos inmobiliarios en lugar de garantizar los derechos de los ciudadanos

Dejaron a la IP construcción de casas y ahora son inaccesibles; cambiarán rumbo
Política
Mayo 08, 2024 13:25 hrs.
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Redacción › Emmanuel Ameth Noticias

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Durante el gobierno federal de Vicente Fox reconstruyeron el panorama inmobiliario, dando ventaja a los grupos inmobiliarios para obtener más ganancia en vez de garantizar el derecho hacia los ciudadanos; ahora el actual gobierno pretende revertir la acción y cambiar el rumbo.

Expertos coinciden en que la propuesta presidencial de reformar el artículo 123 de la Constitución Mexicana, con el fin de ampliar las funciones del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) hacia la construcción residencial, sería fundamental para redefinir la política habitacional social. Esta medida busca corregir el rumbo actual y ofrecer nuevas alternativas accesibles.

Se destaca que el desarrollo habitacional formal está atravesando su peor crisis en más de una década. En este contexto, las iniciativas que buscan la intervención del Estado para controlar la especulación inmobiliaria y el aumento acelerado de los precios son consideradas esenciales para devolver a la vivienda su papel como un derecho fundamental.

Rodrigo Gutiérrez Rivas, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, señaló que la reforma al artículo 123 no resolverá por completo el problema habitacional de México, pero sí tendrá un impacto significativo al reposicionar la política social habitacional. A su parecer, dicha política se desvió en el año 2000 al tomar una dirección que resultó en fracaso.

El investigador de la UNAM destacó que la llegada de Vicente Fox al poder ejecutivo reforzó la alianza entre grupos inmobiliarios y financieros con el gobierno, bajo la lógica del impulso al mercado. Esta dinámica generó problemas, ya que el objetivo de quienes proporcionaban vivienda era obtener ganancias en lugar de garantizar un derecho.

Durante ese período, también se fortaleció la protección a la propiedad privada, se contrataron despachos de abogados para el despojo de aquellos que no podían pagar sus créditos hipotecarios, y se permitió que la Canadevi, como representante de la iniciativa privada, participara en la toma de decisiones.

En conclusión, la propuesta de reforma al artículo 123 de la Constitución Mexicana representa un intento por corregir el rumbo de la política habitacional social en México, con miras a enfrentar la actual crisis en el desarrollo habitacional formal y reposicionar el concepto de vivienda como un derecho fundamental.

’El resultado fue un modelo de ciudad dispersa, grandes conjuntos habitacionales de pésima calidad a distancias enormes, que los trabajadores abandonaron. Eso dejó 6 millones de viviendas abandonadas, 600,000 financiadas por el Infonavit’, dijo el especialista.

La Constitución Mexicana garantiza el derecho a la vivienda de los trabajadores y trabajadoras en su artículo 123. Aunque bien, María Silvia Emanuelli, coordinadora para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL), señala que el reconocimiento constitucional no ha sido suficiente, debido a la presión del "gran negocio inmobiliario" en el país.

De acuerdo con la coordinadora, durante los últimos 16 años, se ha registrado un aumento del 48% en el precio de la vivienda. Aunque el gobierno actual ha tratado de fortalecer los salarios, se considera necesario intervenir de manera más significativa, por lo que se destaca la relevancia de la Reforma.

Emanuelli apunta hacia el reforzamiento del Infonavit como una empresa constructora y propone convertirlo en una suerte de "casero" para administrar viviendas en renta, con el objetivo de cambiar la narrativa y ampliar el acceso habitacional, especialmente para las generaciones jóvenes.

La Reforma incluye el establecimiento de que la renta no debe exceder el 30% del salario del trabajador. Aunque inicialmente parece parcial al cubrir solo a la clase trabajadora del sector formal, se reconoce que representa un avance para abordar la falta de acceso a opciones de vivienda.Con información de EL ECONOMISTA

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