Deja baldío de 161 millones el panista Kiko Vega en lugar de aeropuerto


La promesa de campaña del gobernador del Estado para el puerto no sólo fue incumplida, sino que el Congreso pedirá indagar en el procedimiento y pagos millonarios que se hicieron

Deja baldío de 161 millones el panista Kiko Vega en lugar de aeropuerto

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Febrero 20, 2019 03:29 hrs.
Política Nacional › México Ciudad de México
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El Gobierno del Estado de Baja California hizo del Aeropuerto de Ensenada, en la delegación Ojos Negros, un ’elefante blanco’ en el que ejerció una inversión pública por 217.9 millones de pesos.

La promesa del Gobernador Francisco Vega de Lamadrid fue que antes de concluir su sexenio vería el aterrizaje de la primera aeronave de carga y posteriormente de vuelos comerciales. Sin embargo, falló el acuerdo para la conformación de una Asociación Público Privada (APP) con el consorcio Visión Desarrollos Inmobiliarios, SA de CV.

Según el trato, el consorcio invertiría el 49 por ciento del costo total del proyecto que rondaba en mil 212 millones de pesos, mientras el resto del dinero lo pondría el Estado.

Durante el proceso de licitación, conformación de la APP y ejecución del proyecto hubo una serie de irregularidades documentadas en su momento por ZETA.

El 6 de marzo de 2018, seis meses después de ganar la licitación, Visión Desarrollos Inmobiliarios, SA de CV renunció a firmar los contratos definitivos.

Posteriormente en agosto del mismo año, la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado (SIDUE) modificó sorpresivamente las bases de licitación, de modo que el licitante ganador libró pagar 52 millones de pesos.

Sobre este asunto, la Diputada estatal, Claudia Agatón Muñiz ha girado una serie de oficios solicitando al Gobierno del Estado la justificación por haber removido este punto, cinco días antes de que se cumpliera el plazo para pagar la penalización.

Por último, el 5 de enero de 2019, la empresa Control de Protección y Custodia, SA de CV, que prestaba seguridad con circuito cerrado, abandonó los servicios por órdenes de Oficialía Mayor del Estado.

LA RENUNCIA DEL CONSORCIO

En marzo de 2018, Feliciano Campos Herrera, representante legal, notificó al titular de la SIDUE, Alfonso Padrés Pesqueira, su retio del proyecto:

“Al realizar un análisis exhaustivo por los miembros de este consorcio respecto de las exigencias de dicho proyecto para mi representada; tomando en cuenta las implicaciones de precio, calidad, financiamiento, garantías, formas de pago, y no obstante que contamos con la experiencia y capacidad (…) nos vemos imposibilitados para continuar en el procedimiento para consolidar y construir la sociedad mercantil”.

A la par, firmaron su deserción los asociados All Proyecto y Obras, Arca del Pacífico, Constructora RJ Ingeniería, Constructores y Trituradores Pacnor y Operador Sr. Antonio Santillán.

SIDUE “JUEGA” CON BASES DE LICITACIÓN

En la circular 02/2017, el entonces titular de la SIDUE, Manuel Guevara Morales, eliminó el inciso A, en el que se hace mención a la “garantía de seriedad” que protege la inversión pública.

Por quitar esta cláusula, Visión Desarrollos Inmobiliarios se libró de pagar 52 millones 246 mil 945 pesos por abandono del proyecto. La penalidad era del 5 por ciento del costo total de la obra.

Esto ocurrió el 23 de agosto de 2018, un día antes que se cumpliera el plazo de 180 días para celebrar el contrato constitutivo de la empresa de participación estatal mayoritaria para administrar, operar y construir el aeropuerto.

La Diputada Claudia Agatón Muñiz presentó un acuerdo económico que fue rechazado por legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), donde pidió la comparecencia del titular de SIDUE y, entre otras cosas, cuestionar sobre el retraso de la obra, así como el motivo de eliminar la “garantía de seriedad”.

El hecho de haber jugado con las bases de la licitación dañó la Hacienda pública al destruir la garantía y protección para el Estado. Las bases de la licitación 01/2017 tuvieron un costo por 400 mil pesos.

La suma del costo de la construcción de las obras, permisos, estudios, licencias y proyectos, seguros y fianzas, gastos de supervisión y medidas de mitigación -contando el Impuesto al Valor Agregado- fue de mil 212 millones de pesos.

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