Cuauhtémoc Ochoa, el Rey Basura que quiere coronarse como Senador


El candidato a Senador ve el servicio público y la representación popular como un medio para hacer negocios al amparo del poder. En esta investigación desenmascaramos la relación que tiene con empresas dedicadas a la recolección que acumulan más problemas e irregularidades que basura

Cuauhtémoc Ochoa, el Rey Basura que quiere coronarse como Senador


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Mayo 28, 2024 13:50 hrs.
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Emmanuel Ameth › Emmanuel Ameth Noticias

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Ratas, cucarachas y olores fétidos son desprendidos de bolsas de basura que se acumulan en esquinas de las calles de diferentes colonias de Pachuca, representando un problema para la salud pública. A la empresa encargada de la recolección de residuos, Pro-Faj Hidro Limpieza, poco le interesa regularizar el servicio y tiene razones de peso para creer que no tendrán inconvenientes: su contrato fue conseguido gracias a la influencia política de Cuauhtémoc Ochoa Fernández, legislador por Morena que ahora busca un escaño en el Senado.

Por ello es que en 6 meses poco han mejorado su servicio pese a buscarlo al menos desde 2022. Por ello es que se saben intocables. Es más, con sus ganancias encima abonarán al financiamiento de las aspiraciones de Ochoa Fernández a la gubernatura de Hidalgo que sólo en la última década ha recibido contratos que superan los 200 millones de pesos… aunque existan contratos por poco más de 106 millones que ostentan irregularidades.

Y aunque Cuauhtémoc Ochoa ha tratado de ser cuidadoso en no revelarse públicamente como la mano detrás de este grupo de empresas (sí, son varias), cuyas oficinas centrales tienen todas las características de empresas fachada, no fue capaz de borrar todas las huellas que inequívocamente apuntan hacia él. Él es el ’Rey Basura’ y aspira a ampliar su imperio con una vieja fórmula que le ha funcionado a lo largo de los años: usar el poder político para alcanzar sus pretensiones económicas.

A continuación, el negro historial de PRO-FAJ, la mina de basura de Cuauhtémoc Ochoa.

Violencia, fuego y muerte

El pasado 30 de abril, elementos del gobierno de Puebla así como del ayuntamiento de San Andrés Cholula tuvieron un enfrentamiento con la Unión de Pueblos y Fraccionamientos en contra del Basurero, dejando como saldo a 5 agricultores heridos.

El conflicto social derivó de que los pobladores obtuvieron un estudio por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) que comprobó que las aguas superficiales y subterráneas estaban siendo contaminadas por el mal manejo del vertedero, condición por la cual lo clausuraron.

Apenas un día después del cierre, trabajadores de la empresa fueron sorprendidos incendiando el predio donde se halla el antiguo vertedero, presuntamente para dejar sin opción a las autoridades. Finalmente, 3 semanas después, Profepa se puso del lado de la empresa, desalojándolos con lujo de violencia.

El macro vertedero que recibe los desperdicios de al menos 21 municipios poblanos es operado por PRO -FAJ tras una serie de irregularidades que datan desde el gobierno morenovallista. Aunque el Congreso tuvo una iniciativa para darle marcha atrás, por la inconstitucionalidad de firmar el acuerdo a 30 años, un amparo y posteriores cabildeos permitieron que continúe con su operación. En la inauguración del relleno sanitario estuvo presente Cuauhtémoc Ochoa, entonces subsecretario de la Semarnat y a la vez beneficiario controlador de la entidad en cuestión.



De hecho en 2017, aún como funcionario federal, ante el riesgo de que el basurero intermunicipal de su propiedad fuera cerrado derivado de que se detectó que no hacía una correcta separación de residuos, intervino directamente, siendo Rodrigo Riestra Piña, exfuncionario de Puebla, quien lo evidenció.

“La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) inspeccionó el funcionamiento del relleno, así como la operación de la empresa y que se cumpliera con la Norma Oficial Mexicana (NOM) para que no hubiera riesgo de contaminación a los mantos freáticos. Incluso, el subsecretario de la Semarnat, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, manifestó en la última sesión de la Comisión Nacional de Gobernadores (Conago) que la planta es la “más exitosa” del país para la separación de los residuos”, confesó Rodrigo Riestra ante Edgar Guzmán Uribe de Ángulo 7.

Sólo 4 años después, la organización Comisión de Cuenca Presa Madín señaló directamente a PRO-FAJ de haber provocado la muerte de decenas de peces en 2021, pues los lixiviados de Tepatlaxco se incorporaron al Río San Juan, cuyas aguas incluso afectaron a la presa que abastece a municipios mexiquenses y alcaldías de la Ciudad de México

Antes, en agosto de 2023, fue clausurado de manera definitiva el relleno sanitario de Naucalpan tras la muerte de dos personas. Fue la segunda explosión reconocida por PRO-FAJ y provocó el deslizamiento de 7 millones de toneladas de residuos sólidos.

PRO-FAJ, una empresa que nació “chueca”

PRO-FAJ Hidro Limpieza es una empresa que tuvo irregularidades desde un principio, según el propio Registro Público del Comercio consultado por este medio.

Como refiere su RFC (PGF-110803-EVA), la entidad fue constituida el 3 de agosto de 2011 con la fedataria Rosario Alejandra Meza Fourzán, de Chihuahua, con más de una docena de objetos sociales que tocan prácticamente todos los ámbitos de la industria y del servicio, es decir, que se constituyó como facturera. Pero las irregularidades apenas comenzaban.

La apertura se dio con el capital mínimo (50 mil), de los cuales 34 mil estuvieron en posesión de Luis Martín García Huerta y 16 mil de Tania Samantha Siqueiros Cendón, ambos empleados. Nombraron como administrador único a María Hilen Flores Porras, informando al RPC sobre la constitución y el poder de la persona moral el 17 de agosto.

12 días después, el 29 de agosto, la fedataria inscribió que las acciones eran vendidas. Pero lo hizo de forma alevosa, para tratar de despistar, pues el documento en el que se hizo la operación fue el mismo día 3 que se constituyó la entidad y se llevó a cabo su asamblea ordinaria, es decir, que los supuestos “dueños” de la empresa, o más bien los primeros prestanombres, apenas duraron unos minutos como poseedores de PRO-FAJ, vendiendo las acciones a Adolfo Urias Martínez y a José Juan Morales Reyes de manera inmediata a la protocolización.



Luego, la entidad quedó sin ningún movimiento hasta el año 2015, que es cuando aparecería su primer prestanombres “importante”, sabiendo Ochoa que al fin haría uso del negocio maquinado desde tiempo atrás.

Y es que en asamblea extraordinaria celebrada el 29 de julio de 2015, todos los nombres mencionados que aún seguían en el cargo y/o como accionistas, renunciaron a su cargo por cuestiones de carácter personal, por lo que les fueron revocados todos los poderes y facultades, los cuales pusieron a favor de Alberto Salcedo Loza (SALA861214), entonces empresario de 28 años.

El 14 de agosto de 2019, mediante asamblea extraordinaria, PRO-FAJ tendría su último cambio ante el registro público, a saber, la remoción de Salcedo para el nombramiento de Andrey Nitgard Cruz Hernández (CUHA810612) como administrador único y a María Isabel Sánchez Sánchez como representante de la sociedad.


Los testaferros de Cuauhtémoc Ochoa y las pruebas ineludibles de su propiedad

Existen diversas versiones periodísticas que señalan a Cuauhtémoc Ochoa como el beneficiario controlador de PRO-FAJ. Hasta ahora sin embargo, no se había ahondado sobre las mismas para llegar a una conclusión que no dejara lugar a dudas.

Que Alberto Salcedo haya sido designado administrador único en agosto de 2015 no fue casualidad, pues para ese mismo 14 de septiembre sería creado el sitio grupocip.com.mx, con la intención de comenzar a posicionar a Grupo CIPA.

“CIPA” es un acrónimo de los nombres de los dueños de la entidad, en orden de importancia, dejando al último de ellos como aquel que tenía que dar la cara e incluso deshaciéndose de él en la primera oportunidad.

La “C” es de Cuauhtémoc Ochoa Fernández, el impulsor del proyecto y beneficiario controlador de la sociedad. Sus raíces osoristas le llaman a ambicionar riqueza para hacerse de poder, y a buscar el poder para que la ley no alcance su riqueza.

La “I” es de María Isabel Sánchez Sánchez (SASI870902), empresaria originaria de Guadalajara, directiva de la empresa SECOI Construcciones y Servicios, misma con la que PRO-FAJ tuvo un contrato conjunto por 53 millones 876 mil 349.59 pesos para la construcción de una celda y una planta de separación en Zapopan mediante el contrato DOPI-FED-SM-RS-LP-194-2016.



La “P” es de Pablo Sinuhé León Castañeda, quien fuera secretario particular de Cuauhtémoc Ochoa en la Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental. Fue afiliado al Partido Verde (del que Ochoa es franquiciatario en Hidalgo) en Pachuca y alguna vez contendió por una diputación local en el distrito de Huejutla bajo las siglas de Convergencia.



Finalmente la “A” es de Alberto Salcedo Loza, exlíder juvenil del PRI que después fuera docente de la Universidad Europea. Encabeza Adamant Seguridad y también está ligado con BioMerik y/o Grupo Merik, asociados estos con CIPA. También se le relaciona con Biocarsa además de haber sido administrador único de PRO-FAJ durante 4 años.



Grupo CIP y/o Grupo CIPA es quien controla a PRO-FAJ, entre otras entidades. Prueba de ello es que todos los representantes legales que han figurado en los contratos gubernamentales, sin excepción, han proporcionado como medio de contacto un correo del dominio grupocip.com.mx

Alberto Salcedo Loza tiene el correo [email protected], tal como aparece en el padrón de proveedores de San Salvador El Verde (Pue); incluso proporcionó el de [email protected] en el padrón de proveedores de Benito Juárez (Qroo).

Andrey Nitgard Cruz Hernández proporcionó el correo [email protected] como puede apreciarse en el contrato SOBSE /DGAF/DRMAS/251/2020 celebrado con el municipio de Naucalpan. Al igual que Pablo León, Andrey Cruz fue subordinado directo de Cuauhtémoc Ochoa en Semarnat y fue afiliado también al PVEM Hidalgo; incluso perdió un cargo de elección popular con el partido del tucán.

Francisco Javier Zúñiga Fayad ha proporcionado los correos [email protected] y [email protected] para los contratos SOBSE/DGAF/DRMAS/S/282/2021 y SOBSE/DGAF/DRMAS/S/085/2022, respectivamente. Aunque a Zúñiga Fayad lo tiene también afiliado al PVEM en Pachuca, únicamente lo utilizó en emergencias, pues a él suele delegarle otro tipo de labores como lo es la administración de las licencias de otros negocios que tiene Cuauhtémoc en Pachuca, como es el caso de las franquicias de Farmacias Iguales.

El último de ellos es Juan Manuel Martínez Velázquez, a quien Cuauhtémoc delega la parte operativa de la empresa PRO-FAJ. A él corresponde justamente el correo [email protected] como puede verse en el padrón de proveedores de Tlahuapan (Pue).


Tenoch, el delator involuntario

Si bien la cantidad de evidencia es contundente para colocar al legislador a la cabeza de esta organización que trafica influencias para hacerse de contratos involucrados con la basura, rellenos sanitarios que lejos de contribuir al desarrollo perjudican sus entornos, la más contundente de ellas, la cereza en el pastel, salió justo de la propia boca de uno de sus hermanos, quien ávido de atención, terminó por derrumbar el castillo de secrecía que Cuauhtémoc intentó construir a su alrededor.

En uno de los tantos espacios que Tenoch “compra” para que algún reportero haga pasar su inserción como una entrevista y así hacerlo pasar por conocedor sobre algún tema financiero, reveló que es socio y consejero de diversos establecimientos de verificación vehicular, presidente del Consejo de Administración del Grupo Marcavidas, parte de Millas para el Retiro, y cómo no, miembro del Consejo del CIP.

El primer resbalón es que Cuauhtémoc Ochoa ha sido señalado, precisamente, de ostentar diversos centros de verificación vehicular pese a que sus ingresos, los reportados, serían insuficientes, pudiéndose presumir incluso lavado de dinero. Al igual que cuando negó propiedades en USA, pocas cosas son peores que negarlo y después se exhiban las pruebas en su cara.

El segundo revés es que no quería que se conociera su participación en la bebida Marcavidas pese a que puso a Pablo León a realizar los trámites de exportación. Eso sí, nada le habría perjudicado tanto a Cuauhtémoc como el hecho de que se tenga plena certeza que su familia está involucrada en el consejo de administración de Grupo CIP, revelado por su propio hermano como nos cuenta Mercedes Rangel de mercadoemergente.com, o bien, como lo contó también para Milenio.

Con ello hace que lo hecho por Regina Ochoa Reyes, la hermana de Cuauhtémoc que es regidora por Pachuca, parezca cosa de niños. Y es que en un acto de claro conflicto de interés, votó en la Asamblea Municipal en contra de que la recolección de basura quedara en otra empresa que no fuera PRO-FAJ.

Porque el pésimo servicio de recolección que actualmente tiene la capital hidalguense costará encima de los 28.5 millones de pesos por laborar hasta el 4 de septiembre, teniendo Ochoa la esperanza de que la nueva administración renueve el contrato usando sus influencias y hasta a su hermana para cabildear.

Con ese error, luce poco que defendiera a la empresa como si se tratase de una de las mejores del país, según sus propias palabras, aunque ellos diste mucho de la realidad; minimiza también el hecho de que como Senador, facilitara que Vitalis, otra empresa fundada por Tenoch y sus amigos, pudieran ingresar al Senado. Resta importancia en que para realizar negociaciones de carácter personal en Guadalajara, se diera el lujo de cargar sus viáticos al Estado cuando era funcionario de Semarnat. Incluso ya no es tan llamativo que Secoi tenga domicilio en Pachuca, que además de un contrato de 30 años para el relleno sanitario de Cholula les haya convencido de encima contratar a Angelitos Media de Adriana Cabrera Ochoa para una producción audiovisual, segmento en el que Tenoch también tiene señalamientos de personas que se dicen defraudadas (https://tenochoachacoyote.wordpress.com/).


Irregularidades millonarias

De los 189 millones 513 mil 028.83 pesos que aparecen en contratos dentro de los 83 registros visibles en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), exclusivamente en los concernientes a PRO-FAJ -porque hay más empresas involucradas en Grupo CIPA-, 3 contratos en específico llaman la atención, todos celebrados con la Ciudad de México y que suman en su conjunto 106 millones de pesos.

El primero es el SOBSE/DGAF/DRMAS/S/282/2021 por un monto de 6 millones 278 mil 913.89; el segundo, correspondiente al numeral SOBSE/DGAF/DRMAS/S/085/2022, por 56 millones 433 mil 962.88. Por último, el SOBSE/DGAF/DRMAS/S/127/2023 por 43 millones 215 mil 196.80.

Y es que los 3 fueron firmados por Francisco Javier Zúñiga Fayad supuestamente apoderado legal mediante el instrumento 1985 del 4 de mayo de 2021 expedido por el notario 188 de Huixquilucan. El problema está en que dicho acto no se encuentra inscrito en el RPC, habiendo transcurrido, incluso, más de 40 meses para el momento en que se celebró el último de los mencionados.

Con lo anterior, o bien quisieron sorprender a la autoridad entregando un documento hechizo o bien, en el mejor de los casos, el fedatario no inscribió como correspondía, lo que podría derivar en la nulificación de los contratos realizados con la autoridad capitalina y/o una sanción que suspenda a PRO-FAJ, puesto que debieron revisar la legalidad de los instrumentos presentados aunado a que en la declaración de las partes realizada durante la firma del documento, afirmaron conocer y tener plena certeza sobre la capacidad jurídica de quien suscribía.

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