Si los criterios legales que se aplicaron para llevar a Rosario Robles Berlanga a prisión preventiva se traspolaran al resto de los integrantes del gabinete del expresidente Enrique Peña Nieto, al menos cuatro exsecretarios de Estado y dos exdirectores generales deberían estar preocupados.
Así pues, aunque sin contacto, podrían ser vecinos de penales varonil y femenil en Acatitla, separados por unos metros.
Enrique Martínez y Martínez, secretario de Agricultura entre 2013 y 2015; José Calzada Rovirosa, sucesor del primero para el periodo 2015-2018; Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación durante todo el sexenio, y Emilio Chuayffet Chemor, titular de Educación Pública entre 2013 y 2015, reunirían los elementos para ser acusados de ’ejercicio indebido del servicio público’.
Al igual que ocurrió en el caso de Robles Berlanga, durante las gestiones de los cuatro exfuncionarios, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó investigaciones forenses que detectaron operaciones concertadas para desviar recursos públicos sin que hasta la fecha haya aclarado el destino de esos fondos, además de que fueron casos por los que se presentaron denuncias penales ante la extinta Procuraduría General de la República (PGR).
En la misma situación están José Reyes Baeza, director del Fondo de Vivienda del ISSSTE entre 2013 y 2015, y Héctor Velasco Monroy, director de Diconsa entre 2013 y 2017, cuyas gestiones también fueron sometidas a auditorías en las que la ASF obtuvo indicios de fraude o de desvío de recursos que pueden dar lugar a procesos penales.
