La Contraloría ha implementado procedimientos de conciliación en conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como la Ley de Obras Públicas y Servicios. Estos procedimientos, considerados como mecanismos alternativos para la resolución de controversias, tienen como finalidad principal facilitar el diálogo entre las partes involucradas en las adjudicaciones o contratos públicos, buscando llegar a acuerdos mutuamente satisfactorios.
De esta manera, se pretende evitar recurrir a procedimientos judiciales, proporcionando una vía más rápida y económica para resolver conflictos. Durante la administración actual, se han iniciado cuatro procedimientos de conciliación a solicitud de los contratistas.
La Contraloría brinda la oportunidad de exponer sus pretensiones y trabajar hacia una solución pacífica de los conflictos, con el objetivo de reducir la carga en los tribunales y satisfacer las necesidades de ambas partes.
La implementación de estos procedimientos garantiza el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de las dependencias, organismos públicos autónomos y municipios, con el fin de prevenir el mal uso de los recursos y evitar costos financieros significativos.
Ante ello, informa que el incumplimiento en las contrataciones públicas puede generar impactos negativos en la población, como los retrasos en proyectos clave. Las entidades contratantes deben establecer procesos robustos de gestión y supervisión de contratos para asegurar la transparencia en el uso de los recursos públicos.