Conflicto de interés: trabaja en despacho de excontralora de Salinas hijo de subsecretario


En el despacho de María Elena Vázquez Nava –ex Contralora General de la Federación en el Gabinete del ex Presidente Carlos Salinas- trabaja Armando Cisneros Salcedo, hijo de un subsecretario de la SFP

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Agosto 02, 2019 03:00 hrs.
Política Nacional › México Ciudad de México
Daniela Barragán › Emmanuel Ameth Noticias

El hijo de uno de los Subsecretarios de la Secretaría de la Función Pública (SFP), es el segundo hilo de conexión en esa dependencia federal con el despacho de quien fuera la Contralora de Carlos Salinas de Gortari cuando el priista fue Presidente de México: María Elena Vázquez Nava.

El maestro Roberto Salcedo Aquino, quien es Subsecretario de Control y Auditoría de la Gestión Pública de la actual SFP, omitió poner en su declaración de conflictos de interés que actualmente su hijo, Armando Salcedo Cisneros, trabaja en el despacho Vázquez Nava y Asociados, que la ex Contralora fundó cuando dejó su cargo en el Gobierno de Salinas de Gortari.

El otro caso es el de Tania de la Paz Pérez Farca, Subsecretaria de la SFP y quien es la encargada de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas y quien, previo a este puesto público, fue asociada senior del despacho Vázquez Nava y Consultores.

Estos dos funcionarios federales son entonces los incondicionales dentro de la dependencia encabezada por Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.

El despacho de Vázquez Nava –ex Contralora General de la Federación– se especializa en el área de transparencia, rendición de cuentas, cierres de administración, evaluación de políticas públicas, contratación pública, financiamiento público y proyectos de energía e infraestructura.

Posible conflicto de interés

En mayo de 2018, SinEmbargo publicó que tan solo un año después de que María Elena Vázquez Nava dejó el Gabinete de Carlos Salinas de Gortari, fundó Vázquez Nava y Consultores, despacho que se mantiene en operación hasta la fecha.

Vázquez Nava, quien fue titular de la Contraloría General de la Federación de 1988 a 1994, fundó en 1995 el Despacho especializado el desarrollo y estructuración de proyectos. De acuerdo con su portal en Internet, proveen “las mejores prácticas de transparencia, rendición de cuentas y anticorrupción”.

En esa misma página, en el apartado de “Historia” se puede leer que desde mayo de 2016, la firma promovió a dos nuevos socios, “Vangeli Psihas Smith y Armando Salcedo Cisneros (hijo del Subsecretario de Control y Auditoría de la Gestión Pública de la actual SFP), los cuales destacan por su experiencia en la estructuración de macro proyectos de infraestructura y de energía, así como en asuntos en el ámbito legal, social y administrativo, incluyendo la transparencia y rendición de cuentas, la reingeniería y cierres de administración, entre otros”.

En el Registro de Servidores Públicos de la misma SFP, Roberto Salcedo en su declaración aceptó hacer públicos sus posibles conflictos de interés pero dijo no tener ninguno, a pesar de que el Despacho Vázquez Nava, y el área en la que está Armando Salcedo, trabaja directamente con observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que son materia también de la SFP.

Conforme al artículo 3 fracción VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, deberá entenderse por conflicto de interés: “La posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los Servidores Públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios.”

En el mismo artículo se establece que todo servidor público deberá “excusarse de intervenir, por motivo de su encargo, en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte”.

Los servicios principales que ofrece el despacho son de libros blancos, transparencia y rendición de cuentas, control y evaluación de la gestión pública, reingeniería de procesos, asesorías de contratación pública, diseño y evaluación de políticas públicas y auditorías de desempeño.

De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF), en la Función Pública, la Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública –área de la que es titular Roberto Salcedo– es la responsable de planear y evaluar mediante la práctica de auditorías con un enfoque preventivo y propositivo, que los objetivos y metas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Procuraduría General de la República y fideicomisos se logren.

También debe promover la prevención, detección y disuasión de actos de corrupción; evaluar las funciones de auditoría y control que desarrollan los Órganos Internos de Control (OIC’s) en dichas instituciones gubernamentales y de realizar la fiscalización, verificación y evaluación de los recursos federales transferidos a los 31 estados de la República Mexicana y sus municipios.

Hay un documento del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, que es la “Evaluación del Desempeño” de los Fondos y Programas de Inversión Transferidos al Estado en el ejercicio fiscal de 2017. Dicha evaluación fue realizada por el Despacho Vázquez Nava y el Coordinador de la Evaluación es Armando Salcedo Cisneros.

Luego de tomar el puesto en la SFP, Salcedo Aquino dijo que dentro de la SFP habrá dos subsecretarías: la primera buscaría evitar que se evadan los controles pues, reconoció, siempre hay quien busca darle la vuelta a la norma, y la segunda, actuaría para castigar a quienes ya hayan conseguido evadir los controles.

En marzo de este año, SinEmbargo publicó que en la otra Subsecretaría de la SFP, está Tania de la Paz Pérez Farca, quien fuera asociada senior de la empresa Vázquez Nava y Consultores, pero es ahora la encargada de una de las oficinas con más importancia en cuanto a la revisión y gerencia de las compras del Gobierno de México.

Entre las tareas de la ahora funcionaria, está emitir criterios de interpretación y de proporcionar asesoría en materia de adquisiciones, arrendamientos, obras públicas, contrataciones y designación de testigos sociales.

A través de la Unidad de Política de Contrataciones Públicas, la funcionaria se hace cargo de propiciar las mejores condiciones en las contrataciones públicas, de hacer eficientes, económicas, transparentes y honradas y opera el sistema Compranet, mediante el que se realizan los procedimientos de contratación.


Contratos de la excontralora

En los últimos 12 años, el despacho de la economista y actual Presidenta del Patronato de la UNAM, ha conseguido 38 contratos por parte de los gobiernos federales en turno, por un monto de 244 millones 009 mil 174 pesos.

Conocedora de las leyes y reglamentos de obra pública y de adquisiciones –porque participó en su elaboración desde el Gobierno federal–, Vázquez Nava –quien se caracteriza por su discreción y por no figurar en los medios, ni siquiera en registros fotográficos– no fue a concurso por ninguno de esos 38 contratos, ya que se le otorgaron por la vía Adjudicación Directa o por el rubro de Invitación a cuando menos Tres Personas. Los datos citados comienzan en 2006, ahí empieza el registro de contratos en Portal de Obligaciones de Transparencia (POT).

Los contratos más recientes de los que se hizo el despacho fue durante la construcción del NAIM. Desde 2013, ha recibió tres contratos por un monto total de 119 millones 835 mil pesos. Por ninguno de los tres tuvo que concursar, ya que dos de ellos se le entregaron por Invitación a Tres personas y uno más fue por Adjudicación Directa.

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