El Poder Judicial de la Federación, tal como se le conoce hasta ahora, podría estar viviendo sus últimos días: el llamado ‘Plan C’ –que implica reformas profundas a la Constitución para hacer efectiva la democracia plena y el Estado de bienestar– está en marcha a partir de la elección del 2 de junio.
El cambio viene después de que los propios ministros y ministras se opusieron sistemáticamente a la transformación del país, al echar abajo 74 leyes y reformas, incluido el llamado Plan B, que reformaba el ámbito electoral. Ahora, el país discutirá la iniciativa del presidente López Obrador, que busca una nueva integración de la Suprema Corte para hacerla eficiente, austera y transparente; elección popular de ministros, magistrados y jueces; sustitución del Consejo de la Judicatura Federal; y nuevas reglas procesales para que la justicia sea expedita.
El 5 de febrero de 2024, el presidente de la República formalizó su llamado a ejecutar el Plan C. En la conmemoración del Día de la Constitución, dio a conocer 20 reformas a la carta magna para profundizar el Estado de bienestar, combatir la corrupción y democratizar más al país: darle el poder al pueblo.
Una de esas reformas es al Poder Judicial, que tiene por objetivo constituir una nueva integración de la Suprema Corte para hacerla eficiente, austera y transparente; que establece la elección popular de ministros, magistrados y jueces mediante un proceso electoral similar al que se lleva a cabo para presidente de la República y legisladores; sustitución del Consejo de la Judicatura Federal; y nuevas reglas procesales para que la justicia sea expedita.
A partir de esta posibilidad, ningún juzgador ganará más que el primer mandatario, y los ministros, magistrados y jueces tampoco estarán sometidos a los intereses de los oligarcas y las trasnacionales a las que han defendido históricamente.
Ahora que ganó la presidencia Claudia Sheinbaum que obtuvo 35 millones 923 mil 669 votos a favor y un voto masivo para la coalición Morena, PT, Verde en el Congreso de la Unión, la coalición de la 4T tendrá mayoría calificada en la Cámara de Diputados, mientras que se calcula que en el Senado de la República le hace falta de uno a tres votos para alcanzarla, lo que permitiría llevar a cabo el plan C.
Por tanto, el mandato del pueblo es claro: cambiar la carta magna en los términos en los que el presidente López Obrador planteó el pasado 5 de febrero. Y es que al conmemorar el aniversario 107 de la Constitución, el primer mandatario sostuvo que, de ser aprobadas, las reformas modificarán artículos antipopulares introducidos en el periodo neoliberal.
’Se trata de adulteraciones que niegan el sentido general de nuestra Carta Magna que fue fruto de un movimiento popular, revolucionario y por lo mismo, concebida desde el inicio con un espíritu nacional, social y subrayo, público’.
Tras la presentación del paquete de reformas, los días siguientes la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, explicó cada una de las reformas en la conferencia presidencial como la reforma al Poder Judicial: la iniciativa, la cual buscará construir una institución de impartición de justicia independiente, legitimada y ajena a intereses privados con el fin de erradicar la impunidad.
La funcionaria detalló los objetivos de la reforma incluyen: Nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN): La reforma busca hacer la SCJN más eficiente, austera y transparente, incluyendo la reducción del número de ministros de 11 a 9, la disminución del periodo de su encargo de 15 a 12 años, la eliminación de las salas opacas y la realización de sesiones en pleno públicas y transparentes. Además, se propone eliminar la pensión vitalicia para los ministros y ajustar sus remuneraciones al tope máximo del presidente de la República.
Elección popular de ministros, magistrados y jueces: La reforma propone que estos funcionarios sean elegidos por voto popular, otorgándoles legitimidad democrática. 1
Sustitución del Consejo de la Judicatura Federal: La reforma plantea dividir el Consejo en dos nuevas instituciones y garantizar instancias de vigilancia para asegurar su transparencia.
Nuevas reglas procesales: La reforma busca agilizar el proceso judicial, evitando juicios interminables a través de amparos y resoluciones.
En cuanto a la elección por voto popular de ministros, magistrados y jueces, se propone una elección extraordinaria en 2025 para renovar todos los cargos del Poder Judicial.
La funcionaria explicó que la selección de candidaturas también tendría reglas: ’las y los ministros de la SCJN, las y los magistrados del Tribunal Electoral y las y los magistrados del Tribunal de Disciplina se elegirán a nivel nacional en las elecciones ordinarias a partir de 30 candidaturas paritarias propuestas por los tres Poderes de la Unión’.
Esto es que, de acuerdo con la iniciativa de reforma, el Ejecutivo propondrá hasta 10 candidaturas, el Legislativo hasta cinco candidaturas por cada cámara (Diputados y Senadores), por mayoría calificada, y el Judicial hasta 10 candidaturas, a través del pleno de la SCJN, por mayoría de seis votos.
En el caso de las y los 1 mil 633 magistrados de circuito y jueces de distrito, se elegirán en cada uno de los 32 circuitos judiciales en las elecciones ordinarias, a partir de seis candidaturas paritarias por cargo (dos por cada Poder de la Unión), indicó.
Respecto al proceso electoral y resultados de la elección, indicó que la propuesta incluye que se cree el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas y que una vez conformado sea este el que organice la elección. El Senado de la República verificará que las candidaturas cumplan los requisitos de ley.
-Las campañas durarán 60 días. No habrá etapa de precampañas.
-No se permite el financiamiento público o privado. Las personas candidatas tendrán acceso a tiempos de radio y televisión para difundir sus propuestas y podrán participar en foros de debate.
-Los partidos políticos no podrán realizar proselitismo a favor o en contra de las candidaturas.
-El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolverá las impugnaciones y declarará los resultados, salvo cuando se trate de sus propios integrantes, cuya resolución corresponderá a la SCJN.
Sobre las reglas específicas, expuso que, en caso de ausencia definitiva de ministras, ministros, magistradas, magistrados o juezas o jueces, el Senado de la República designará por mayoría calificada a una persona interina para que ocupe el cargo hasta que se realice la siguiente elección ordinaria.
Por otra parte, el Órgano de Administración Judicial, integrado por cinco personas designadas por un periodo de seis años, de los cuales el Poder Ejecutivo nombrará uno; el Senado de la República a otro; y la SCJN a tres, será responsable de las funciones administrativas, de carrera judicial y de control interno, así como de elaborar el presupuesto del Poder Judicial.
Otro punto destacado de la reforma es acerca de las cuatro nuevas reglas procesales:
’-Justicia expedita: se establece un plazo máximo de seis meses para la resolución de asuntos fiscales, y de un año para asuntos penales (en caso de rebasarlos, la autoridad judicial debe informar al Tribunal de Disciplina Judicial, que podrá investigar y sancionar la demora).
’-Suspensiones: se prohíbe otorgar suspensiones contra leyes con efectos generales en amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad.
’-Justicia local: los Poderes Judiciales de las entidades federativas deberán establecer reglas para la elección directa de sus magistrados, y jueces, así como órganos de administración y disciplina independientes.
’-Fideicomisos del Poder Judicial: una vez que concluyan los juicios pendientes, deberán reintegrarse al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Se respetan los derechos y prestaciones de los trabajadores.’
A continuación se presentan las 20 reformas a la Constitución propuestas por López Obrador:
’1. Reconocer a los pueblos y comunidades indígenas y a los pueblos afromexicanos como sujetos de derecho público, atendiéndolos de manera preferente por ser los habitantes más antiguos y, sin embargo, los más olvidados de México. Consultarlos cuando se realicen obras que puedan afectar su vida o entorno y dotarlos de legitimidad jurídica para recibir recursos del presupuesto y promover acciones de inconstitucionalidad de leyes que les afecten.
’2. Reafirmar el derecho a la pensión de adultos mayores a partir de los 65 años y aumentar el monto año con año. Garantizar el mismo derecho a las personas con discapacidad, quienes recibirán una pensión de carácter universal.
’3. Otorgar becas a estudiantes de familias pobres en todos los niveles de escolaridad.
’4. Garantizar atención médica integral de manera gratuita a todos los mexicanos.
’5. Que los trabajadores y sus familias puedan ser dueños de sus viviendas.
’6. Prohibir el maltrato a los animales.
’7. Proscribir en el territorio nacional el maíz transgénico y la extracción de hidrocarburos mediante el fracking. No otorgar concesiones para la actividad minera a cielo abierto.
’8. Hacer respetar las zonas con escasez de agua y sólo autorizar en ellas concesiones para uso doméstico.
’9. Prohibir el comercio de vapeadores y de drogas químicas como el fentanilo. Penalizar con severidad el delito de extorsión que lleva a cabo la delincuencia organizada y hacer lo mismo con el delito fiscal ejercido por la delincuencia de cuello blanco mediante el uso de las llamadas factureras.
’10. No permitir, bajo ninguna circunstancia, que el aumento al salario mínimo sea menor a la inflación anual.
’11. El salario mínimo para maestras y maestros de educación básica de tiempo completo, así como el de policías, guardias nacionales, soldados, marinos, médicos y enfermeras, no podrá ser menor a lo que perciben en promedio los trabajadores inscritos al seguro social.
’12. Se propone revertir las reformas de pensiones, tanto la aprobada durante el gobierno de Ernesto Zedillo en 1997 como la impuesta en el 2007 por Felipe Calderón porque afectan injustamente a trabajadores inscritos en el Seguro Social y del ISSSTE; les impiden jubilarse con el ciento por ciento de su salario. Para reparar este daño a los trabajadores en general, desde el 1 de mayo de este año [2024], será creado un fondo semilla de 64 mil 619 millones de pesos que irá en aumento; se utilizará lo necesario para compensar a los trabajadores afectados por las reformas antilaborales del periodo neoliberal.
’13. Garantizar a los mexicanos el derecho a la educación y al trabajo. En el caso de los jóvenes, cuando no estén estudiando ni tengan oportunidad de conseguir un empleo, el Estado debe contratarlos y pagarles el equivalente a un salario mínimo durante un año, mientras se forman o capacitan en tiendas, talleres, empresas o cualquier actividad productiva del campo o la ciudad, tal como opera actualmente el programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
’14. Todos los campesinos que quieran cultivar sus tierras sembrando árboles frutales y maderables contarán con un jornal seguro, justo y permanente, como sucede con el programa Sembrando Vida. Los campesinos y pescadores seguirán recibiendo el apoyo directo del programa Producción para el Bienestar; se mantendrán precios de garantía para la compra-venta de alimentos básicos y continuará la entrega de fertilizante gratuito a todos los pequeños productores del país para cumplir con un acto básico de justicia: ‘que coman los que nos dan de comer’.
’15. Se utilizarán para trenes de pasajeros los 18 mil kilómetros de vías férreas, concesionados durante el gobierno de Ernesto Zedillo y actualmente destinados únicamente al transporte de carga. Asimismo, el Estado estará obligado a garantizar el derecho del pueblo a los servicios de internet, ya sea con una empresa pública o a través de concesiones a compañías particulares. En la reforma constitucional propuesta, se le devolverá a la Comisión Federal de Electricidad su carácter de empresa pública estratégica en beneficio de los consumidores domésticos y del interés nacional, criterio que le quitaron durante el periodo neoliberal con el propósito de favorecer la privatización de la industria eléctrica.
’16. La nueva iniciativa de reforma electoral contempla la reducción de los gastos destinados a campañas y a partidos políticos, la disminución del número de regidores en gobiernos municipales, evitar las excesivas estructuras burocráticas electorales y eliminar las candidaturas plurinominales; el Congreso de la Unión se integrará por 300 diputados y no por 500 y el Senado se conformará con 64 y no con 128 legisladores como ocurre ahora. Asimismo, tanto los consejeros como los magistrados de los organismos electorales, serán electos con el voto libre, directo y secreto de todos los ciudadanos. Se fortalecerá la democracia participativa con la reducción del 40 al 30 por ciento de participantes en consultas populares para hacerlas válidas, efectivas y vinculatorias. Esto mismo aplicará en el caso de la Revocación del Mandato.
’17. De igual forma, jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, en vez de ser propuestos por el Poder Ejecutivo y nombrados por diputados y senadores en los Congresos, serán electos de manera directa por el pueblo.
’18. Para evitar que la Guardia Nacional se corrompa, como sucedió con la antigua Policía Federal, por la falta de doctrina, profesionalismo y lealtad al pueblo, se propone que esta institución, creada para cumplir tareas de seguridad pública, forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional con estricto respeto a los derechos humanos.
’19. Convertir en política de Estado la austeridad republicana; se redactará con mayor claridad y contundencia en el artículo 127 de la Constitución el principio de que ningún servidor público de los tres poderes pueda ganar más que lo que perciba legalmente el Presidente de la República. De igual modo, no se permitirán privilegios ni extravagancias en ninguno de los poderes del gobierno federal.
’20. Eliminar todas las dependencias y organismos onerosos y elitistas, supuestamente autónomos, creados durante el periodo neoliberal para proteger negocios particulares en contra del interés público.’Con información de CONTRALÍNEA
