El gobierno federal ha tenido pocos resultados en las investigaciones que la Fiscalía General de la República (FGR) ha manejado, dejando órdenes de aprehensión sin ejecutar y que en otros casos aún con las pruebas necesarias debido a la forma ha desestimado la justicia sin la posibilidad de imputar; sin llegar a trascender
ha apuntalado los grandes casos de la presente administración en aspectos, detalles y pruebas que han demostrado no tener el sustento necesario para poder trascender a las investigaciones que lleva a cabo esta dependencia, lo cual ha contribuido, por una parte, a la impunidad, y en otra a que aún no se hayan podido esclarecer estas tramas de presunta corrupción.
Tal es el caso de Odebrecht, que pese a estar fundamentadas las declaraciones que Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), en contra 70 exfuncionarios que ha aportado como testigo colaborador pero que, a diferencia de otros países, sólo ha llevado a una detención.
Asimismo Emilio Lozoya denunció en agosto pasado ante la FGR al expresidente Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray de organizar los sobornos que fueron utilizados para para financiar la campaña presidencial de 2012 y la compra de votos en el Congreso para aprobar el paquete de reformas estructurales.
Desde entonces, la FGR sólo ha procedido penalmente por los presuntos sobornos contra Lavalle Mauri, quien desde abril está encarcelado, y contra Carlos Treviño Medina, el exdirector de Pemex con Enrique Peña Nieto, quien aseguró que la FGR pretende que involucre a Felipe Calderón.
Treviño Medina no se presentó a la audiencia, porque alegó que sería encarcelado, y exactamente lo mismo hizo el excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya Cortés, acusado de recibir 6.8 millones de pesos en sobornos, quien ha hecho una defensa mediática con la acusación de que López Obrador quiere meterlo en la cárcel ’a la mala’.
Ahora Lozoya, quien llegó extraditado el 17 de julio de 2020 a México, acusado de recibir 10.5 millones de dólares de sobornos de la constructora para la campaña de Peña Nieto, quien ordenó que parte de esos recursos se destinaron a sobornar a panistas y priistas,
No obstante, dista de ser la única investigación que se ha ido prolongando y que aún con pruebas el organismo que encabeza Alejandro Gertz Manero no ha podido dar resultados.
En ese mismo sentido, la Fiscalía General ha fracasado en sus intentos por llevar ante un juez a Luis Videgaray Caso, excanciller y exsecretario de Hacienda, quien aún no cuenta con una orden de arresto a causa de los intentos fallidos de la FGR de judicializar el caso.
A la fecha, no se han dado a conocer públicamente más avances sobre el caso de Luis Videgaray, aunque a inicios de septiembre pasado el diario Reforma dio a conocer que la Fiscalía ha señalado un monto preciso por la llamada Reforma Energética, con el que Enrique Peña y Luis Videgaray serían acusados.
’Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso, recibieron de constructora Odebrecht, sobornos por más de seis millones de dólares, los cuales, valiéndose de Emilio Ricardo Lozoya Austin, fueron depositados en una cuenta radicada en las Islas Vírgenes Británicas y, posteriormente, retirados en efectivo para Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso’, reportó el medio que tuvo acceso a la imputación de la FGR, luego de que se diera a conocer en un amparo promovido por el exsenador panista Jorge Luis Lavalle, quien se encuentra en prisión.
A la par de este proceso, el Gobierno federal intentó inhabilitar por 10 años a Videgaray a causa de inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales como funcionario público de los últimos tres años. No obstante, el exsecretario de Hacienda logró detener la inhabilitación.
La misma conducción ha tenido esta dependencia con el caso de los 31 científicos a quienes ha buscado, también sin éxito, procesar por delincuencia organizada, lavado de dinero, peculado y uso ilegal de atribuciones y facultades, acusación que ha desestimado la justicia por falta de pruebas que demuestren la comisión de estos ilícitos.
José Rodrigo Roque, uno de los 31 investigadores imputados, explicó a El Financiero que con ello la dependencia quedó prácticamente imposibilitada de imputar a los 31 investigadores los mismos delitos y con las mismas pruebas.
’La resolución del juez, que entró al fondo del asunto y que dijo aquí ‘no hay delito’, debió haberla impugnado la FGR y no lo hizo; es decir, la FGR no nos podría investigar por los hechos que no impugnó’, mencionó.
La incapacidad de la FGR de poder llevar a buen puerto estos casos es una situación que también se extiende al caso de Ayotzinapa, en la cual el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ha comprometido a esclarecer la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014. En días pasados, Vidulfo Rosales, abogado de las víctimas, dijo al periodista Álvaro Delgado cómo pese a que ha sido destacada la labor del Fiscal especial del caso, Omar Gómez, hay 40 órdenes de aprehensión que no se han ejecutado desde el mes de enero de este año.
Por otra parte ha naufragado el caso de Rosario Robles Berlanga, quien fue titular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y a quien se le acusa de uso indebido del servicio público en la trama conocida como la Estafa Maestra a través de la cual se emplearon a universidades públicas para subcontratar servicios y así desviar recursos. Robles es señalada de permitir estas irregularidades, situación que la mantiene desde hace dos años en prisión preventiva en el penal de Santa Martha Acatitla.
Robles Berlanga se declaró inocente de las acusaciones que se le imputan por el fraude de 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos relacionado con la Estafa Maestra, mientras que la FGR busca imponerle una pena de al menos 21 años en prisión.
Robles ha explorado varias vías para lograr su libertad: amparos, cartas, cambio de equipo legal e incluso solicitó negociar con la Fiscalía un criterio de oportunidad o apegarse a la figura de procedimiento abreviado. No obstante, el Fiscal Alejandro Gertz Manero dijo que la diferencia entre ella y Emilio Lozoya Austin es que Robles no ha querido hablar sobre los implicados en la trama de corrupción como sí lo ha hecho Emilio Zebadúa, quien fuera su Oficial Mayor tanto en la Sedesol como en la Sedatu, a quien sí se le otorgó el criterio de oportunidad bajo el cual le atribuyó cargos a Robles por el desvío de recursos públicos.
No obstante, la exfuncionaria ganó un amparo que anula la prisión preventiva que se le dictó hace más de dos años, por lo cual un Juez tendrá que considerar una medida cautelar distinta en el proceso que enfrenta.
En entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela, Vidulfo Rosales, abogado de las víctimas del caso Ayotzinapa explicó que pese al compromiso del Presidente López Obrador de no dejar impunes los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, el Fiscal Alejandro Gertz Manero no avanza porque está rodeado de personajes de la extinta Procuraduría General de la República (PGR).
’Estamos hablando por lo menos de cuatro personas. No voy a dar los nombres ahora, porque es un tema relacionado con la investigación, pero estamos hablando de una Subprocuraduría y de una persona muy cercana al Fiscal general, de un coordinador de asesores del fiscal, y alguien de SEIDO, del máximo nivel de SEIDO’, dijo Vidulfo al señalar la intromisión de funcionarios que vienen del peñismo.
Estos funcionarios que proceden de la PGR de Peña Nieto y que ahora son cercanos a Gertz Manero son, reportó el periodista Álvaro Delgado, en primer lugar, Sara Irene Herrerías, titular de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos, quien ocupó la subprocuraduría desde 2016, con Raúl Cervantes, quien sustituyó como Procurador a Jesús Murillo Karam.
Luego el coordinador de asesores del Fiscal Gertz Manero, Óscar Langlet González, fue director jurídico de la PGR en el Gobierno de Peña y coordinador de asesores de Alberto Elías Beltrán, el encargado de despacho a la renuncia de Cervantes.
Y también el titular de la SEIDO, Alfredo Higuera Bernal, a quien Gertz nombró en ese cargo en julio de 2019 y quien fue titular de la Unidad Especial para la Investigación del Caso Iguala en el gobierno de Peña Nieto.
Vidulfo Rosales incluso contrastó la labor del Fiscal especial del caso, Omar Gómez, con lo que realiza el resto de los funcionarios de la FGR y que tiene que ver con los obstáculos que imponen los funcionarios que vienen de la PGR de Peña Nieto.
’Nosotros tenemos una Fiscalía especial muy echada para adelante, muy dispuesta, haciendo muchos actos de investigación, librando órdenes de aprensión, pero tenemos el caso concreto hoy en día que nos preocupa: Hay 40 órdenes de aprehensión que no se han ejecutado desde el mes de enero de este año y nosotros le decimos a Omar: ‘¿qué está pasando con esas órdenes?’ y dice: ‘eso a mí no me corresponde, eso le corresponde a otra área, a la agencia la Agencia de Investigación Criminal’’Obed Rosas | SIN EMBARGO
