China desde hace un par de años ha realizado un lento pero constante proceso de ’neocolonización’ desmedido en América Latina. Su voracidad expansionista lleva el sello de la Reserva Federal de los Estados Unidos: sus funcionarios ofrecen miles de dólares.
La sabiduría milenaria rinde frutos al PCC. Sus jerarcas -encabezados por Xi Jinping, el presidente del gobierno central- conocen cada una de las debilidades y necesidades de los países del Tercer Mundo cuya mayoría de líderes y conductores sólo piensa en perpetuarse en el poder o en sobrevivirlo. África y América Latina, continentes relegados históricamente, son claros ejemplos del uso que Beijing hace de su dinero para explotar sus recursos e intentar imponer costumbres y leyes.
En la región latina, China extiende sus brazos -más activamente- desde hace algo más de una década. Siempre con la misma táctica: préstamos blandos y dinero fresco. Siempre con la misma estrategia: intentar apropiarse de los tentadores e infinitos recursos naturales y de la información. Venezuela, Bolivia, Perú, Ecuador y Argentina, por ejemplo, fueron algunos de los países donde hicieron pie a fuerza de yuanes convertibles. Desde 2005 alrededor de 141 mil millones de dólares descendieron como maná para regocijo de presidentes amantes del Socialismo del Siglo XXI. Los dólares eran transferidos desde el Banco de Desarrollo Chino y el Banco de Exportaciones e Importaciones de China.
La dictadura chavista conducida por Nicolás Maduro, por ejemplo, es un gran socio y deudor. De acuerdo a la Base de Datos Financiera de China y América Latina, los créditos que desembarcaron en Caracas en los últimos 10 años alcanzaron unos 62 mil millones de dólares. Hasta el momento, aún tiene que pagar más de un tercio de esa suma.
Conociendo la delicada situación financiera y económica del Palacio de Miraflores, Beijing deberá esperar. Sabe que el goteo de barriles de petróleo y de áreas de explotación minera y de crudo se le asignarán a cambio de no ser un acreedor hostil. Es más: Maduro promueve una joint venture con la casa matriz de PetroChina, la partidaria Corporación Nacional de Petróleo de China más conocida por sus siglas CNPC. En conjunto crearían una nueva unidad de negocio que podría equivaler a 65 mil toneles cada 24 horas.
Ecuador, en tiempos de Rafael Correa, también fue un beneficiario de la generosidad oriental. Desde 2009 fueron alrededor de 17.500 millones de dólares los que se le destinaron. Los sectores que verían llover los dólares: hidrocarburos, electricidad, minería. Compañías como Sinohydro, Gezhouba, China Petroleum y Chinalco están a cargo de varios de los proyectos más grandes, no sólo en tierra ecuatoriana, sino en todo América Latina.
La vulneración de los derechos de las comunidades es una constante. ’En Ecuador, el proyecto San Carlos Panantza, ha reportado varios allanamientos, detenciones arbitrarias e investigaciones judiciales contra líderes indígenas a raíz de la confrontación por los desalojos forzosos de agosto 2016, evento que dejó un policía muerto y nueve personas heridas’, denuncian las organizaciones de derechos humanos. Detalle: todos los ataques eran conducido por las corporaciones a cargo del plan de inversiones.
En la mayoría de los proyectos, China desoye las recomendaciones internacionales y atropella a las comunidades -sobre todo originarias- y al medio ambiente. En Bolivia, por caso, ’el bloque petrolero Nueva Esperanza se superpone con uno de los tres territorios del pueblo indígena Tacana, el cual alberga a un pueblo indígena en aislamiento voluntario ‘Toromona’. A pesar de que los Tacana se opusieron a la exploración petrolera, el Estado boliviano impuso el proyecto, y realizó un proceso de consulta en el que se acordaron condiciones para salvaguardar el territorio y proteger a los pueblos Tacana y Toromona. Sin embargo, BGP Inc. desconoció los acuerdos y causó daños ambientales afectando sus medios de vida’, señala el mismo documento. Para Evo Morales algunos indígenas tienen más derechos que otros.
En la Argentina, en tanto, el gobierno de Cristina Kirchner y el de Mauricio Macri -de diferente signo político- coincidieron en algo. Permitieron y alentaron la instalación de una base de ’observación’ en la Patagonia de uso exclusivo del gobierno chino. Allí está vedada la participación de funcionarios argentinos. Nadie se puede acercar a ver de qué se trata esa gigantesca antena capaz de recoger las comunicaciones en todo el continente. Sólo uniformados con bandera roja y estrellas amarillas pueden cruzar sus portones.
