Se trata del CORPORATIVO JUBAI S.A. de C.V., CONSULTORÍA DWART S.A. de C.V. y CREACIONES ESPECTÁCULOS Y PRODUCCIONES DE MÉXICO S.A. de C.V; las cuales enfrentarán una suspensión de cinco años, impidiéndoles realizar contrataciones en territorio hidalguense hasta después del ejercicio 2028.
Lo anterior, suma cien empresas que fueron suspendidas durante 2023; decisión motivada por diversas irregularidades detectadas en los procesos de contratación, así como la revisión de expedientes empresariales, lo cual responde a la necesidad de salvaguardar la transparencia y legalidad en la administración pública.
En el caso de CORPORATIVO JUBAI S.A. de C.V., se rescindió un contrato por un monto cercano a 10 millones de pesos debido a incumplimientos en la prestación de "Servicios de consultoría y Asesoría", solicitados por la Dirección General de Innovación Gubernamental y Mejora Regulatoria.
Además, se detectaron coincidencias en el domicilio fiscal con la empresa CONSULTORÍA DWART, ubicado en la colonia Granjas Ecatepec primera sección.
Cabe señalar que CONSULTORÍA DWART S.A. de C.V. enfrenta la suspensión del registro por la rescisión de un contrato de aproximadamente 3 millones novecientos mil pesos, destinado a "Servicios de informática (Desarrollo de una aplicación responsiva)."
Al igual que CORPORATIVO JUBAI, la empresa comparte el mismo domicilio fiscal en la colonia Granjas Ecatepec primera sección.
En el caso de CREACIONES ESPECTÁCULOS Y PRODUCCIONES DE MÉXICO S.A. de C.V., la empresa fue beneficiaria de contratos por un monto cercano a 157 millones durante el ejercicio 2022.
Los contratos abarcaron diversas áreas, como suministro de medicinas, servicios de limpieza, arrendamiento de módulos temporales y otros conceptos. Sin embargo, esta empresa también fue incluida en el registro de empresas sancionadas del gobierno estatal.
Por lo que la dependencia toma medidas adicionales, boletinando oficialmente a estas empresas a través de la publicación en el periódico oficial del estado y solicitando su incorporación en el registro de empresas sancionadas.
Estas acciones buscan prevenir futuras contrataciones por parte de dependencias, entidades paraestatales, municipios y organismos de origen estatal, garantizando así una gestión transparente y ética de los recursos públicos.