La diputada morenista Jazmín Calva López sometió a consideración del pleno del Congreso estatal una iniciativa que reforman la fracción tres y la fracción cuarta del artículo 32 de la Constitución de Hidalgo, a fin de que la separación del cargo de presidente municipal sea cuando menos de un año antes de los comicios para ser electo diputado, condición que acabaría con el sueño de los alcaldes recién electos que quieran brincar a otro cargo el próximo año.
La legisladora busca evitar que los presidentes municipales electos que rendirán protesta el 15 de diciembre traten de separarse del cargo casi inmediatamente para participar en el proceso electoral de 2021, en el que se elegirán legisladores locales y federales.
En su exposición de motivos, detalló que actualmente el Instituto Estatal Electoral (IEE) ha iniciado los preparativos para renovar el Congreso del estado, por lo que se han comenzado a tomar los primeros acuerdos que dan inicio con el proceso electoral local 2020-2021, y distintos actores políticos así como ciudadanía en general tienen el interés de participar en ese proceso.
Sin embargo, dijo, que en la entidad apenas el 18 de octubre se llevó a cabo la jornada electoral para renovar los 84 ayuntamientos, y está por terminar el proceso electoral 2019-2020, el cual se extendió hasta estas fechas, debido a los estragos ocasionados por la pandemia del coronavirus (Covid-19).
Añadió que es por ello que el objetivo de la presente iniciativa es que los presidentes municipales electos que rendirán protesta el 15 de diciembre, eviten inmediatamente, a unos meses de asumir su cargo, tratar de separarse del mismo, para participar en el proceso electoral 2020-2021, dejando de lado su responsabilidad como autoridades municipales entrantes y la realización de las propuestas y el plan municipal de desarrollo por el que fueron electos.
Destacó que la separación del cargo de presidente municipal cuando menos un año antes del día la elección para poder ser electo diputado, como lo plantea su iniciativa de reforma, garantiza que no se utilice un cargo público y la administración de recursos que implica, con fines electorales, políticos y de promoción personal para influir en las preferencias de la ciudadanía.
