De acuerdo con la exauditora Muna Dora Buchahin, que formó parte del equipo que detectó los desvíos de recursos en las dependencias a cargo de Rosario Robles Berlanga, mencionó que tras negarle el amparo a Emilio Zebadúa, él se ofreció como testigo protegido.
El día de ayer lunes, el periódico Reforma informó que Emilio Zebadúa González, el exoficial Mayor de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), ofreció a la Fiscalía General de la República (FGR) convertirse en testigo protegido y delatar las operaciones de desvíos de recursos en donde participaron el expresidente Enrique Peña Nieto y su exjefa Rosario Robles.
De acuerdo con esa versión, Emilio Zebadúa ofreció revelar que Robles, presa desde agosto de 2019 acusada de participar en una red de corrupción de presuntos desvíos, fue quien le dio indicaciones para operar los contratos de las dos dependencias federales.
Al respecto, la exauditora Muna Dora Buchahin dijo en entrevista con SinEmbargo, que desde la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por las investigaciones periodísticas y por las declaraciones de algunos implicados, el esquema de participación está más que claro. Pero al ser Zebadúa un personaje clave en las dos dependencias, puede dar información sobre el destino del dinero para que éste sea recuperado y se abone más en la reparación del daño.
El equipo cercano que Robles trasladó a la Sedatu en 2015, estuvo conformado por Emilio Zebadúa González, Mauricio Razo Sánchez, Juan Carlos Lastiri Quirós, María Villalpando Rodríguez y Enrique González Tiburcio. Todos ellos han ocupado cargos prioritarios en ambas dependencias.
Zebadúa, en la Oficialía Mayor, fue el responsable de la Dirección General de Planeación y Presupuesto, y la Dirección de Recursos Materiales, que son las áreas con el mayor número de menciones en los informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
La Oficialía Mayor trabaja en conjunto con el Órgano Interno de Control en la resolución de asuntos internos. Mauricio Razo Sánchez era el titular del OIC tanto en Sedesol como en Sedatu hasta ser sancionado en abril de 2018 por la Secretaría de la Función Pública (SFP). La suspensión de 630 días fue por archivar, sin razón alguna los señalamientos de la ASF de los años 2013 y 2014.
El 4 de agosto de 2019, autoridades mexicanas ordenaron congelar las cuentas bancarias de Robles Berlanga y Zebadúa. Días después, el 29 de ese mismo mes, Zebadúa habría obtenido de un juez federal una suspensión definitiva contra cualquier intento por parte de la Fiscalía para ejercer un procedimiento penal en su contra. No fue la única acción, sino que intentó con amparos que le fueron negados.
–En la carta que envió Rosario el pasado 26 de octubre, ella se adelanta al decir que la FGR estaba ofreciendo impunidad, de acuerdo con sus propias fuentes, a personas que estuvieron cerca de ella en los delitos de los que se le acusan. ¿Usted cómo ve esta versión de Rosario en la que ve más venganza política que cargos en su contra?
–A través de todo lo que hemos conocido por las investigaciones, que no solo es Emilio, sino que hay otros actores vinculados a ella que fueron también en su momento señalados como probables responsables que no tenían en este contexto responsabilidad e incluso habían denunciado en el Órgano Interno de Control (OIC) porque habían falsificado sus firmas en convenios y otros que sí tuvieron conocimiento perfecto de los hechos y se prestaron a ello por órdenes de Rosario y Zebadúa, según informaron.
Entonces se habían acogido a este criterio de oportunidad que brinda la propia ley, que dice que si otorgas información útil que pueda servir para procesar a quienes están arriba de todo y tener una mejora en los hechos judicializados se puede optar por ello.
Si esto que estamos leyendo es cierto, los lleva a un testigo más. Emilio es uno de los otros colaboradores que se están prestando a esto y por supuesto, no hay que dejar pasar, que él estuvo amparándose, a lo mejor estaba esperando que todo sucediera para favorecerle y nos enteramos que no, se declinaron sus amparos y en este caso el acercamiento con la FGR fue la mejor opción que tuvo a la mano.
Él es una de las piezas clave, por supuesto, pero también los demás operadores testificaron en los demás hechos y en todos está involucrado.
Ya tenemos los testimonios de quienes participaron y nos dijeron claramente que a ellos solo les ordenaban –y no de uno, de varios–, tenemos las pruebas del lugar donde se fabricaban todas las evidencias, la renta del dinero, de las empresas, de quiénes operaban, de los rectores que participaron y que unos se prestaron a ser colaboradores.
Tenemos toda la información, el de Zebadúa es un testimonio más que puede dar contundencia, sin duda alguna, pero es uno más que suma a toda la investigación de la cual fuimos precursores. Daniela Barragán| SIN EMBARGO
