Mientras estuvo al frente de la Secretaría de Gobernación en el sexenio de Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong habría malgastado más de 2 mil millones de pesos de la caja fuerte, en donde guardaban recursos públicos para atender operativos de seguridad nacional y emergencia.
Bajo el argumento de proteger la seguridad nacional y combatir a la delincuencia organizada, el gobierno de Enrique Peña Nieto responsabilizó al entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, del uso de recursos públicos –depositados en efectivo y cheques en sobres lacrados, que se guardaban en una caja fuerte en esa secretaría de Estado– para el gasto operativo de grupos especiales de la policía, dedicados supuestamente a combatir a los cárteles y de telecomunicaciones que les permitiera mantener bajo vigilancia y protección al país.
Osorio Chong, actual senador y coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, fue en el sexenio pasado el súper secretario encargado de la política interna, responsable de la seguridad nacional y mandamás de las principales operaciones policiales federales. En su oficina se tomaban las decisiones más importantes en materia de seguridad de la nación.
Así que en cada operativo de seguridad pública relevante o de emergencia se ordenaba a la entonces secretaria general de la Policía Federal, Frida Martínez Zamora, cercana a Osorio Chong desde que este fue gobernador en Hidalgo, abrir la caja fuerte y sacar de los sobres lacrados el dinero en efectivo o en cheques firmados y aprobados previamente que debía ser empleado en las operaciones policiales.
Para ’justificar’ ese gasto millonario, la exfuncionaria policiaca sólo tenía que escribir el motivo de dicho gasto y ese oficio se metía en el mismo sobre de donde se había sacado el dinero. No obstante, cuando el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador asumió el poder, se encontraron en la caja fuerte a cargo de Gobernación con todos los sobres abiertos sin efectivo y muchos de ellos no tenían el documento que indicara a qué fue destinado el recurso. El faltante ascendía a más de 2 mil millones de pesos.
Tras percatarse de los recursos faltantes, presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra quien resulte responsable del delito de desvío de recursos públicos, por lo que se integró un expediente penal y el ministerio público solicitó a un juez federal librar las órdenes de aprehensión respectivas, mismas que fueron expedidas en 2020 en contra de 19 exservidores públicos de la Secretaría de Gobernación, entre ellos Frida Martínez Zamora, quien hasta ahora sigue prófuga de la justicia y es buscada también por la Interpol.
El caso en donde está involucrado Osorio Chong ya hay órdenes de aprehensión contra 19 exfuncionarios subalternos por delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y peculado, apunta directamente contra Frida Martínez Zamora, quien se había desempeñado en importantes cargos públicos en donde se manejaban grandes cantidades del dinero vinculado a la seguridad nacional, es decir que no tenían que justificarse los gastos ni someter a concurso las asignaciones de contratos y compras, por lo cual éstas se hacían con sobreprecio.
Martínez Zamora fue jefa de la Unidad de Administración, Finanzas y Desarrollo Humano de lo que fue el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el famoso Cisen, en donde devengaba un salario bruto de 189 mil 944.30 pesos, más prestaciones, bonos y acceso ilimitado a fondos públicos para operaciones especiales; de allí pasó a ser secretaria general de la Policía Federal.
Desde 2019, Contralínea dio cuenta de la investigación penal abierta en contra del exsecretario Miguel Ángel Osorio Chong, quien en los 5 años que estuvo al frente de Gobernación (2012-2017) se asignaron sin licitar y de manera irregular cientos de contratos por miles de millones de pesos a empresas privadas previamente seleccionadas por funcionarios de esa dependencia.
Las operaciones con dinero público que se hicieron sin transparencia y violentando la ley, bajo el concepto de ’seguridad nacional’, están identificadas en documentos de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, en la Dirección General Adjunta Penal y Civil y en el Órgano Interno de Control (dependiente de la Secretaría de la Función Pública), con la presunción de corrupción y complicidad de servidores públicos que pagaron del erario bienes y servicios a precios elevados.
Esas autoridades tienen clasificados cientos de contratos como de ’riesgo alto e intermedio’, pues según los documentos oficiales se vulneró la fracción IV del artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), porque se otorgaron sin licitación y bajo la premisa de que se ponía en riesgo la seguridad nacional y la seguridad pública.
Dicho expediente revela abuso de poder y un manejo irregular de recursos públicos en el gobierno anterior, lo que ocasionó ’responsabilidad patrimonial del Estado, un eventual daño a la imagen de la Secretaría de Gobernación y cuantiosos pasivos laborales, lo que se traduce en litigios en proceso para determinar la cuantía y las partes involucradas’.
En una revisión sobre algunos de los contratos asignados de manera directa por Gobernación a 16 empresas privadas, personas físicas y una asociación civil, todo bajo el concepto de ’seguridad nacional’, el gasto público ascendió a 1 mil 415.2 millones de pesos, pero como son cientos de contratos y convenios asignados de manera irregular, el daño patrimonial ascendería a más de 3 mil millones.
En aquel entonces Contralínea publicó que las empresas privadas, personas y sociedades civiles beneficiadas con estos 19 contratos fueron entre otras: Comtelsat, DGRM Health, Telmex, Matra Comunication de México, Efectivale, Casa Álvarez Gourmet, King Mar Mexicana, XA Services, Marco Antonio Sandoval Rodríguez, Pro Ayuda a la Mujer, Reisco Operadora de Servicios, Agel Ingeniería, KE Fibertec, Viajes Premier y RCU Sistemas.
Entre las adquisiciones hechas bajo el supuesto de ’seguridad nacional’ están: compra de alimentos para empleados de Gobernación y personas externas; viajes en avión para servidores públicos y migrantes; servicios de jardinería, aseo y limpieza; servicio integral de voz, datos y video; diagnósticos para Centros Federales de Readaptación Social; servicio de telefonía convencional, largas distancias, conducción de señales analógicas, digitales e internet; plataformas electrónicas; protección, custodia, vigilancia y seguridad de inmuebles; apoyo, análisis, diagnóstico, elaboración y seguimiento de apoyo tecnológico; fumigación y control de plagas; limpieza de inmuebles, y mantenimiento de equipos de aire acondicionado.
En la fracción IV del artículo 41 de la LAASSP, relativo a ’seguridad nacional’, se precisa los criterios que se deben utilizar para la asignación directa de contratos: ’Se realicen con fines exclusivamente militares o para la armada, o su contratación mediante licitación pública ponga en riesgo la seguridad nacional o la seguridad pública, en los términos de las leyes de la materia. No quedan comprendidos en los supuestos a que se refiere esta fracción, los requerimientos administrativos que tengan los sujetos de esta ley’.
En los informes oficiales se especifica que en los primeros 5 años del gobierno anterior, la Secretaría de Gobernación –a cargo de Miguel Ángel Osorio Chong dispuso indebidamente de recursos públicos para la compra de bienes y la contratación de servicios sin control alguno, muchos de esos contratos son plurianuales hasta el año 2022.
En auditorías e investigaciones que se han hecho al interior de la Secretaría de Gobernación, se identifican contratos clasificados como de ’riesgo alto’ y ’riesgo mediano’ por su nivel de corrupción en ’servicios prestados, compromisos trascendentales, servicios prestados aún no formalizados y litigios’, de acuerdo con su ’cuantía, responsabilidad patrimonial del Estado, determinación de las partes involucradas, pasivos laborales. Miguel Badillo | CONTRALÍNEA
