El Gobierno federal gasta en manutención, en promedio, 3 mil 913 pesos diarios por persona de un total de 12 mil 234 reos que hay en ocho penales privados del país.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que renegoció las condiciones en las que el gobierno federal había suscrito contratos con particulares para la construcción y operación de ocho centros penitenciarios en el país, pues el gobierno consideró abusivo los pagos que se realizan.
Cada uno de estos ocho Ceferesos cuentan con una capacidad máxima para albergar a 2 mil 500 internos; sin embargo, en la mitad de ellos su población está por debajo de 50% , y en la otra mitad, por debajo de 80%.
Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, detalló que los montos que el gobierno federal destinaba a las empresas concesionarias se realizan de manera mensual y sin importar el número de reos a los que atiendan.
“Los pagos realizados durante la vigencia de cada uno de los contratos se llevarán a cabo de manera mensual en su totalidad, con independencia del número de personas privadas de la libertad que lo ocupen; es decir, si un penal tiene 100 personas se paga lo mismo que si tuviera dos mil personas” expuso Rodríguez.
Dichos contratos fueron signados durante la administración del presidente Felipe Calderón, cuando Genaro García Luna fungía como secretario de Seguridad Pública.
Por ejemplo, el Centro Federal de Readaptación Social Femenil No. 16, ubicado en Coatlán del Río, en Morelos, según datos de la SSPC hasta marzo de este año, este penal tiene una población de 806 mujeres; es decir, apenas un 31% de su capacidad total.
Esto representa un gasto promedio mensual por interna de 199 mil 028 pesos, es decir, alrededor de 6 mil 634 pesos por persona al día.
Al año, por los servicios prestados en este Cefereso, el gobierno federal debe erogar a los concesionarios mil 925 millones de pesos.
Otro caso, es el de Centro Penitenciario de Michoacán No. 17, que cuenta con una población de mil 188 presos, es decir poco más de 47% de su capacidad.
En este caso, a la hacienda pública le cuesta cada reo 5 mil 389 pesos por día en manutención, al mes, representa un gasto de 161 mil 686 pesos por persona.
“El trato representaba un gasto para el pueblo de México equivalente -nosotros decimos, esa es una percepción de la secretaría- este gasto representa un equivalente al hospedaje diario en un hotel de cinco estrellas o más por el alojamiento, alimentación y la atención de cada interno”, señaló la funcionaria.
A continuación te detallamos los casos de los seis centros penitenciarios adicionales y su costo de manutención por reo al día.
El gobierno federal proyectó que durante los 20 años que dura la concesión se pagarán 276 mil 619 millones de pesos con las condiciones actuales de los contratos. Este costo debe ajustarse año con año a la inflación.
En nueve años de vigencia de los contratos, se han destinado por concepto de pago alrededor de 85 mil millones de pesos.
Pactan nuevos contratos sin abusos
A raíz de un análisis de la situación, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó el congelamiento del pago a los concesionarios de los servicios de los penales a fin de llegar a un acuerdo que no resultara abusivo para las arcas públicas.
Uno de los primeros puntos de la renegociación con los particulares fue que tras terminar la concesión por 20 años, los centros penitenciarios federales pasarían a ser patrimonio de la nación.
También, se acordó una reducción del 15% en los pagos anuales que el gobierno destina por concepto de manutención de los centros.
Es decir, para este año se tenían destinados recursos por 15 mil 933 millones de pesos, no obstante, la cifra que se pagará es de 13 mil millones 543 pesos.
Perseguirán a funcionarios que dieron contratos
El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se emprenderán acciones judiciales contra los funcionarios públicos que hayan participado en la celebración de estos ocho contratos al considerar que dañaron el patrimonio nacional.
“Aún hay procesos penales abiertos para investigar y determinar la responsabilidad de los servidores públicos involucrados que han hecho un daño al patrimonio de México”, dijo.FORBES
