El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador ha tratado de modificar la Ley Minera, dejando de entregar concesiones mineras; ahora indican que si las mineras de Canadá no se ajustan a lo que marcan las leyes mexicanas se les puede revocar la concesión para entregársela a otra que quiera llevar a cabo los trabajos dentro del marco legal.
Anteriormente López Obrador dio a conocer que Carlos Salinas, quien aprobó la Ley Minera, fue el mandatario que más permisos de concesiones mineras otorgó, siendo 17 mil 267 concesiones; mientras que Calderón fue quien más hectáreas entregó, dando 35.5 millones de hectáreas de territorio minero.
El mandatario indicó que a la fecha están concesionadas 21.3 millones de hectáreas, de las cuales representan más del 10 por ciento del territorio nacional.
Mientras que del total de las concesiones llegó a 65 mil 534, donde Carlos Salinas encabeza la lista con 17 mil 267, seguido de Vicente Fox con 15 mil 753, Calderón con 12 mil 864, Zedillo con 11 mil 524 y Peña Nieto con 5 mil 396.
Las razones para insistir en una nueva Ley van desde la importancia económica que tiene esta actividad, en la que México ocupa el primer lugar en la producción de plata a nivel mundial y en la cual está entre los diez principales productores de 16 diferentes minerales. Pero detrás de esto, esta industria ha generado que México encabece la lista de países con el mayor número de conflictos mineros en América Latina, con un total de 58 casos, de los cuales, 29 pertenecen a proyectos de minas canadienses, de acuerdo con el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina.
La mayoría de estos conflictos están relacionados con despojos de tierras, violaciones laborales de mineros, afectaciones a los recursos naturales de las comunidades e incluso asesinatos. El informe anual de la organización Global Witness reportó 18 homicidios ligados a conflictos socioambientales en México en 2019 y la minería fue señalada como la actividad más letal.
Como parte de la modificación al artículo 27, se promulgaron tres leyes reglamentarias: la Ley Agraria, la Ley de Aguas Nacionales y la Ley Minera. En la exposición de motivos de la reforma expresaba que uno de los objetivos fundamentales era la modernización del campo, para lo cual se requería una mayor inversión y capitalización.
Radicalmente modificaron el escenario minero nacional, incrementando la superficie de las concesiones mineras, los títulos de concesión, la inversión minera, la extracción y producción, las exportaciones, entre otras. Asimismo, Carlos Salinas sentó las bases para una gran transformación de la minería en México, en donde beneficiaron a las grandes empresas mineras.
De acuerdo con Beatriz Olivera, Directora de la organización Energía, Género y Ambiente (Engenera) en una entrevista para el medio Sin Embargo, comentó que actualmente hay una serie de propuestas para reformar; una de ellas prevé la modificación del artículo sexto de la Ley Minera, que les da prioridad a las actividades mineras sobre el territorio —excepto la extracción de hidrocarburos y la generación eléctrica—.
“Esta legislación empezó justo en la plena entrada del Neoliberalismo en la década de los 90 con la firma del TLCAN. En general toda la Ley Minera está compuesta por una serie de artículos para dar privilegios a las empresas mineras, al decir que son empresas de prioridad pública se les otorga la prioridad sobre el territorio y eso es muy grave porque atenta contra derechos de pueblos indígenas y otras actividades como la agricultura y usos ceremoniales en algunas zonas”, aseguró Olivera.
Esto quiere decir que si una empresa minera manifiesta interés en un territorio, por ley tiene preferencia sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno.
De acuerdo con Jen Moore, investigadora afiliada al Instituto de Estudios Políticos con sede en Washington, legislar la actividad minera no es un objetivo sencillo, ya que la industria tiene un gran poder económico y protección política.
“Las empresas tienen mucho poder y mucho peso sobre los gobiernos y generalmente tienen una legislación hecha a modo para facilitar la destrucción y el despojo que vemos en donde se realiza esta actividad […] Si se quiere legislar realmente, tanto por los grandes daños al medio ambiente, al tejido social, al desplazamiento, al despojo y por la violencia, se topa con las mismas cuestiones que se repiten en países como Canadá, que es la captura de gobiernos por las empresas, y un modelo también neoliberal que no da margen para un cambio a fondo”, comentó la investigadora.
Añadió que ese proceso de reforma a la ley no genera mucha esperanza, ya que ha enviado “señales débiles” en cuanto a lo que se pretende, ya que aunque se dice que no habrá más concesiones mineras, “al final no toca el fondo del problema y el alcance de lo que ya está instalado con 20 o 24 mil concesiones en todo el país y grandes conflictos y amenazas a pueblos enteros”.
El pasado 17 de marzo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al Canciller Marcelo Ebrard Casaubon hacer contacto con el Gobierno de Canadá y exponerle el caso de dos de sus mineras: una que se niega a pagar impuestos y otra que no quiere respetar la Ley laboral.
En su conferencia de prensa, López Obrador advirtió que les cancelará la concesión si pretenden mantenerse en esa posición y les pidió respetar a México como lo hacen con su país; dijo que hay “algunos problemas con las mineras canadienses“, por lo que solicitó una explicación al Gobierno de Canadá.
“Que no se vaya a entender como amenaza, ni siquiera como advertencia, pero si no se respeta la legalidad, el Gobierno puede revocar la concesión a la empresa y no va a faltar otra empresa que quiera, cumpliendo la ley, llevar a cabo los trabajos de explotación minera”, expresó el Presidente.
Miguel Ángel Mancera Espinosa, Senador integrante de la Comisión de Medio Ambiente en esa cámara, explicó que aunque los proyectos están en congeladora, trae consigo coincidencia en los grupos parlamentarios.
“Viene bastante sustentado y respaldado, porque trae una votación mayoritaria este decreto por el que se reforma el Artículo 46 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, en donde entre otras cosas lo que se dice es que en las áreas naturales protegidas no se debe autorizar la actividad de exploración, extracción de hidrocarburos ni actividades destinadas a exploración, explotación o beneficio de minerales”, comentó.
Agregó que esa iniciativa va de la mano con otras que han presentado el Partido Acción Nacional (PAN), Movimiento Ciudadano (MC) y el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que coinciden en restringir el evitar que la actividad de las mineras pueda afectar las áreas naturales protegidas.
“Esta idea se va a consolidar y va a tocar esta Ley que hoy viene ya de la Cámara de Diputados y otras leyes que se están manejando en las diferentes iniciativas como la de Desarrollo Forestal Sustentable y la propia Ley Minera […] La iniciativa debe avanzar y se debe aprobar, hasta ahora así pinta. Esperaría que no hubiera freno, y si eso fuera, que se imponga la votación mayoritariamente si viene con este impulso”, comentó el exjefe de Gobierno capitalino y agregó que habrá que esperara que se le de trámite rápido, porque ya que esté en la Comisión, ésta puede pasar a la discusión y posterior aprobación. Con información de Daniela Barragán | SIN EMBARGO
