Las presuntas irregularidades que fueron una constante en las licitaciones celebradas por el Congreso de Hidalgo durante la última Junta de Gobierno tienen fecha de caducidad y esta será en menos de dos semanas, toda vez que a partir de mediados de mes, la transición de legislatura impediría que se continúe con dichas prácticas.
Y es que a partir del día de 15 de este mes, los ojos de los diputados, asesores y administrativos que comenzarán sus actividades en septiembre próximo tendrán sus ojos puestos sobre los diversos señalamientos en las licitaciones que han sido ventilados en este y otros medios.
Quien presida la Junta de Gobierno durante el primer año será responsable de la representación y administración del legislativo local, quienes deberán poner especial énfasis en la forma en la que se han levado las adquisiciones, arrendamientos y servicios.
El último escándalo del Congreso de Hidalgo se dio con la licitación pública nacional CELSH-LP-009-2021, la cual infringió la normativa al hacer un proceso ’exprés’ sin justificación alguna e incluso rompiendo el lineamiento de recibir ofertas 5 días hábiles después de publicar la convocatoria.
La licitación se canceló por la denuncia de arreglos entre los participantes ante Contraloría, es decir, de la simulación pactada de concursos para beneficiarse personalmente en perjuicio del legislativo, pues quien se perfilaba como ganador recibió amenazas para declinar y repartirse el botín de enajenación de vehículos a precios muy inferiores de los de mercado.
