Tras más de 20 años los intereses del rescate bancario han resultado en pagos que al día de hoy superan la deuda original. De acuerdo con cifras oficiales, el acumulado de las obligaciones financieras, que derivaron en el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), y que se socializaron en 1998, rebasan 1.4 billones de pesos. Sólo para el próximo año exigirán un presupuesto similar al de la secretarías de Marina, o de Energía o Medio Ambiente y Recursos Naturales, esto sólo para el pago de recargos y costos de administración.
Datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público muestran que a julio de 2021 los requerimientos del programa de apoyo a deudores y los pasivos del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) –mecanismo a través del cual la deuda del sistema bancario se absorbió como obligaciones soberanas– sumaron un billón 21 mil 471 millones de pesos a precios actuales, un saldo por arriba de los 704 mil 918 que representaban en diciembre de 2000.
La Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tiene contemplado en el presupuesto del 2022 asignar tan sólo para el pago de los intereses derivados de lo que se conoció como Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), 38 mil 683 millones de pesos.
A julio de 2021, el saldo de los pasivos del IPAB, antes el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), sumaron 975 mil 892 millones de pesos, a ellos se añaden 45 mil 579 millones de pesos por el programa de apoyo a deudores. Estas obligaciones son parte de la medida más amplia de la deuda pública, el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, y representan prácticamente la mitad del adeudo de Petróleos Mexicanos, una empresa todavía activa.
De manera simultánea, por el costo financiero del rescate bancario –es decir, los pagos por intereses y comisiones– se han entregado 764 mil 112 millones de pesos desde diciembre de 1995, recursos que al actualizarse al valor de julio de 2021 ascienden a un billón 499 mil 895 millones de pesos, 47 por ciento más que el saldo de los pasivos acumulados a la misma fecha.
Debido a los vencimientos de deuda, para el próximo año las finanzas públicas deben entregar 38 mil 683 millones de pesos más para el pago de intereses y comisiones del rescate bancario, los cuales equivalen a financiar una dependencia de Estado, la mitad del presupuesto total para la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles o aumentar en seis veces la inversión física en la Secretaría de Salud para 2022.
El Fobaproa fue creado en 1990 por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Después, en 1994 llega la crisis económica más grave de la historia moderna de México, se disparan las tasas de interés y el tipo de cambio y la mayoría de los créditos se hicieron impagables. Esto puso en riesgo la liquidez de los bancos y es cuando el expresidente de México Ernesto Zedillo, decidió activar este fondo en 1995. Para marzo de 1998, Zedillo Ponce de León notificó al Congreso de la Unión la existencia de un pasivo por 552 mil millones de pesos resultado del rescate bancario, y propuso convertirlo en deuda pública.
En 1999 entra en vigor la Ley de Protección al Ahorro Bancario, y se crea el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) que es el organismo que desde esa fecha administra los pasivos derivados de los apoyos que en su momento otorgó el Gobierno Federal al sistema bancario.
El IPAB asumió la deuda derivada de los apoyos otorgados por el Gobierno Federal al sistema bancario. Al 31 de diciembre de 1999, dicha deuda ya sumaba 688 mil millones de pesos que equivalían al 11.29% del Producto Interno Bruto (PIB) de ese año.Con información de Dora Villanueva | LA JORNADA
