Políticos mexicanos que conforman la oposición al actual gobierno del país han referido una y otra vez que la negativa a una aplicación masiva de pruebas rápidas para detectar COVID en la ciudadanía tuvo como resultado una mortalidad mayor de la pandemia; los números sin embargo, guardan poca relación entre una acción y otra.
De acuerdo con la información pública proporcionada por cada nación sobre el ’Número de pruebas médicas de coronavirus realizadas por cada millón de habitantes en los países más afectados del mundo a fecha de 30 de abril de 2021’ publicada por Statista, haber realizado mayores pruebas que las demás naciones no es una política que haya disminuido la mortalidad del COVID en los territorios.
Por ejemplo, entre las 10 naciones que más aplicaron pruebas COVID en el mundo, 6 de ellas aparecen en las primeras 30 posiciones 7 de 10 en las primeras 50 y 120 de 10 en las primeras 70. De existir una correlación indiscutible entre las pruebas realizadas, las 25 naciones que más pruebas realizaron aparecerían al menos en las últimas 50 posiciones mundiales de mortalidad (145-194), lo cual, no fue el caso para ninguna.
Es así que casi la mitad de los países que más aplicaron pruebas para detectar COVID en la población (14 de 25) de hecho figuraron entre los primeros 30 lugares de países con mayor mortalidad del virus.
México por ejemplo, ocupa la posición 20 mundial en cuanto a mortalidad por COVID pese a ser la nación 25 que más pruebas aplicó en su población -por cada millón de habitantes-.
La situación puede deberse a que por ejemplo, siendo USA el país que más aplicó pruebas COVID, la acción fue insuficiente porque era imposible de principio. Dado que las pruebas rápidas de COVID detectan quién padece dicha enfermedad en el momento de la aplicación, sin especificar si alguien ya tuvo dicha enfermedad -y por supuesto sin saber si la tendrá después de la prueba-, una estrategia así para contener la enfermedad debió realizarse cada 2semanas a la totalidad de la población, es decir, que si contamos 60 semanas de haberse iniciado la pandemia, debieron aplicarse 30 veces más pruebas, algo que ninguna nación del mundo pudo haber efectuado y que por lo tanto, sería una política altamente ineficiente para apostar en lugar de aplicarse a solo aquellos que tuvieran síntomas (como se hizo en el país).
Es por lo anterior que al inicio de la pandemia, la OMS no recomendaba el uso de pruebas de antígenos para la toma de decisiones clínicas; luego de un largo proceso de investigación, la OMS concedió su primera autorización de uso de emergencia para tratar de detener la aceleración de los contagios, no así para impedirlos -y las respectivas defunciones que traerían consigo-.
