Durante su campaña a la Presidencia de la República y tras ser investido como mandatario, Enrique Peña Nieto aseguraba que en el país gobernaba "un nuevo PRI". Rodeado por nuevos cuadros y bajo la narrativa de "Mover a México", la intención era presentar un partido rejuvenecido y dejar atrás la sombra que siempre lo ha perseguido: la corrupción y la impunidad.
Pero con el paso del tiempo, la realidad se impuso: este nuevo PRI demostraba que las prácticas del pasado no habían quedado atrás, sino que se habían perfeccionado y los nuevos gobernadores priistas como Javier Duarte, César Duarte y Roberto Borge, dejaron de ser el ejemplo de un tricolor renovado, para dejar un legado de excesos, corrupción e impunidad.
Como resultado, el partido perdió las pasadas elecciones a la Presidencia y terminó relegado en un lejano tercer lugar, en medio de luchas internas que han terminado por desdibujar aún más a este organismo político.
Javier Duarte, el rostro de la corrupción
El caso del ex gobernador de Veracruz tal vez sea el más representativo del nivel de corrupción que se alcanzó dentro del llamado "Nuevo PRI".
Durante el gobierno de Duarte, en el que se vivieron altos niveles de inseguridad derivado de la delincuencia organizada, se desviaron al menos 223 millones de pesos provenientes del erario público, el cual fue entregado a empresas fantasma que, a su vez, lo triangularon a un segundo nivel de compañías y estas a diferentes prestanombres.
Tras pedir licencia para dejar el cargo y huir del país, Duarte fue detenido el 16 de abril de 2017 en un hotel de lujo ubicado en Guatemala, captura que asegura el exmandatario estatal, fue "un circo" ya que habría sido pactada con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong con anterioridad. Luego, fue extraditado a México en donde fue condenado a 9 años de prisión por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada (delito que le fue reclasificado para logar una sentencia más baja).
Este martes 9 de julio, Duarte aseguró haber enviado una carta a la Fiscalía General de la República, en donde ofrece aportar "información privilegiada" de funcionarios de la administración de Enrique Peña Nieto.
César Duarte, el gobernador que hundió a Chihuahua
Fue gobernador de Chihuahua del 2010 al 2016. El otro Duarte, como se le conoce (en referencia al ex gobernador de Veracruz Javier Duarte) fue acusado del delito de peculado.
Sobre él pesan 15 órdenes de aprehensión por el desvío y disposición indebida de mil 200 millones de pesos, además de ser acusado de haber entregado recursos de la nómina del estado a varias campañas del PRI en 2015.
Aunado a esto, diversas versiones periodísticas dieron a conocer los excesos ocurridos durante su mandato. César Duarte era afecto a las grandes fiestas y tenía departamentos de lujos y de ranchos con búfalos.
Fue al inicio de la administración del actual gobernador Javier Corral, en 2016, que comenzó la investigación contra Duarte. En 2017 se emitió una orden de aprehensión contra el ex gobernador, tras detectar una deuda pública por 48 mil millones de pesos, un desfalco al erario de alrededor de 6 mil millones de pesos y el desvío de al menos 250 millones de pesos para campañas electorales del PRI en 2015.
El 25 de enero de 2019, la Comisión partidaria del PRI decidió expulsarlo de sus filas, pero fue hasta el pasado 12 de junio, que fue confirmado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Y aunque en enero del 2018, la entonces Procuraduría General de la República (ahora FGR) aseguró que ya tenía ubicado a César Duarte en El Paso, Texas y se alistaba su extradición a México, el ex gobernador sigue prófugo de la justicia.
Roberto Borge Angulo, el amante de los lujos, las fiestas y la farándula, acusado de rematar paraísos caribeños.
Fue gobernador de Quintana Roo del 2011 al 2016 y en poco tiempo, pasó de ser uno de los políticos más jóvenes y con mayor proyección del PRI (tenía 31 años cuando llegó a la gubernatura), a ser uno de los políticos más señalados.
Al término de su administración, se realizaron múltiples acusaciones que lo involucraban en la venta ilegal del patrimonio del estado, del quebranto a las arcas estatales por 30 mil millones de pesos, despojos a particulares y violaciones a los derechos humanos.
Durante su administración, que se caracterizó por los lujos, fiestas y viajes; se permitió el desmonte en la zona de manglares del Malecón Tajama. Para justificar esta acción, el mismo Borge aseguró que el Fondo de Coordinación al Turismo junto con la Semarnat, habían asegurado y resguardado la flora y fauna de la zona, lo cual era mentira y todo derivó en un desastre ecológico. Pero eso no es todo, también fue señalado de haber elevado el endeudamiento del estado por más de 22 mil millones de pesos.
Luego de permanecer varios meses prófugo, Roberto Borge fue detenido el 4 de junio de 2017 en Panamá, bajo los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) y la supuesta venta irregular de terrenos patrimonio del estado a presuntos prestanombres.
El 4 de enero de 2018 fue extraditado a México para enfrentar los delitos de lavado de dinero, peculado, aprovechamiento ilícito y ejercicio indebido de la administración pública. Al día siguiente fue recluido en el Centro federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi) en Morelos.
En mayo de este año, un juez de control de Chetumal le dictó dos años de prisión preventiva justificada y de dos meses por el delito de aprovechamiento ilícito del poder en la subcontratación presuntamente ilegal de aviones y helicópteros, por una suma de 590 millones de pesos.
Por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, Roberto Borge aún no tiene dictada una sentencia, pero de ser encontrado culpable, podría alcanzar una pena máxima de 15 años de cárcel.
Rodrigo Medina de la Cruz y el desfalco a Nuevo León
Gobernó Nuevo León de 2009 a 2015. Durante su mandato fue señalado de haber dado estímulos millonarios a la armadora coreana de automóviles KIA, que habría derivado en un desfalco 3 mil millones de pesos a las arcas estatales.
Tras la llegada de Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco" al gobierno estatal, se desarrolló la llamada "Operación Tornado" en la que se dio a conocer el desfalco. Se aseguró que el priista tenía 20 expedientes abiertos y de ser encontrado culpable en por lo menos uno, el ex gobernador podría alcanzar hasta 12 años de prisión.
Pero dos años después (2017), Rodrigo Medina libró todas las acusaciones e incluso fue absuelto de los delitos de peculado y contra el patrimonio.
El juez determinó falta de elementos para sustentar las acusaciones interpuestas por la administración de "El Bronco".
Roberto Sandoval, el gobernador acusado de vínculos con el narco
Fue gobernador de Nayarit de 2011 a 2017 y durante su administración, la violencia e inseguridad vinculada al crimen organizado escalaron de una manera dramática y al término de su mandato, se hablaba de que tenía vínculos con el narcotráfico.
El 17 de mayo de 2019, Estados Unidos lo acusó de nexos con el narco en México, al haber recibido sobornos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y congeló las cuentas que el ex mandatario estatal tenía en la Unión Americana.
Algunos de sus más cercanos colaboradores como el ex fiscal de Nayarit, Edgar Veytia, detenido el 27 de marzo de 2017, también fue acusado de narcotráfico. Su arresto ocurrió en San Diego California cuando aún era fiscal en funciones. Ha sido señalado por sus presuntos nexos con el Cártel de Jalisco Nueva Generación, así como por despojo de tierras, amenazas, extorsión, feminicidio, secuestro y desapariciones forzadas.
De acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Roberto Sandoval y otros funcionarios "se enriquecen cruelmente a expensas de sus conciudadanos. Ya sea dando sobornos a los grupos del narcotráfico o participando en una variedad de actividades ilícitas, estos y otros funcionarios corruptos se enfrentarán a graves consecuencias".
Las autoridades mexicanas también investigan a Sandoval, a quien acusan de enriquecimiento ilícito, por lo que en el 2018, la extinta Procuraduría General de la República le aseguró al menos 5 propiedades, entre las que se encuentra La Cantera, una finca de 40 mil metros cuadrados.
También está acusado de uso indebido de funciones por haber condicionado la entrega del Programa de Seguro Alimentario (Prosa) a quienes no votaran por el Revolucionario Institucional en la elección, así como del desvío de recursos para beneficiar a candidatos del PRI en las elecciones de 2018.
Investigaciones periodísticas revelaron que, además, Roberto Sandoval construyó una red de empresas con familiares, socios y colaboradores que van desde la venta de cárnicos, ganadería, agricultura crianza de caballos, distribución de abarrotes y lácteos, moda, calzado, joyería, inmobiliaria y farmacobiólogos hasta actividades con fines asistenciales.
Roberto Sandoval se encuentra prófugo de la justicia.
Emilio Lozoya, la corrupción en Pemex y los sobornos de Odebrecht
Él no fue gobernador, pero sí uno de los colaboradores más cercanos del ex presidente Enrique Peña Nieto. Abogado y Economista de profesión, ocupó importantes carteras dentro de la administración Peñista. Previo a ser nombrado como director general de Pemex, fue parte del equipo de campaña Peña Nieto, donde se desempeñó en los asuntos internacionales para la transición de 2012.
También formó parte del Banco de México (Banxico),en el Fondo Monetario Internacional (FMI) donde ostentó el cargo de jefe para América Latina. Asimismo, Lozoya fue parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) donde fue asignado a la Corporación Interamericana de Inversiones.
El ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) es buscado por autoridades nacionales e internacionales, por los delitos de cohecho, defraudación fiscal y lavado de dinero.
En diciembre de 2013, Lozoya Austin presuntamente recibió sobornos por 5 millones de dólares de manos del gigante de la construcción brasileña Odebrecht para que le fuera adjudicado el proceso de modernización de la refinería de Tula, Hidalgo.
En total, cinco presuntos sobornos de Odebrecht por 5 millones de dólares, habrían sido transferidos entre 2013 y 2014, lo cual coincide con las fechas clave de la asignación de un contrato con Pemex por 1,436 millones de pesos en la refinería de Tula.
Pero oficialmente, el caso contra Lozoya se centra en la polémica compra que hizo Pemex de una planta de fertilizantes de Agronitrogenados, propiedad de Altos Hornos de México (AHMSA), por la que habría pagado por cerca de 500 millones de dólares cuando estaba valuada en unos 50 millones de dólares, una suma que, según los analistas, estaba drásticamente inflada y provocó pérdidas millonarias a la petrolera.
El 17 de junio de 2019, un juez federal levantó la suspensión definitiva que impedía que Lozoya fuera detenido, debido a que el exfuncionario incumplió con las condiciones que le habían sido impuestas. Al día siguiente, otro juez autorizó detener a Gilda Susana Lozoya Austin, hermana de Emilio, acusada del delito de lavado de dinero.
Aunado a estos casos, el 18 de junio, un diario de circulación nacional reveló que autoridades de Estados Unidos investigan al ex presidente Enrique Peña Nieto, por haber participado en la transacción de Fertinal. A pesar de que no debería haber tenido influencia en las compras de Pemex, ha trascendido que recibió sobornos por parte de Fabio Massimo Covarrubias Piffer, italiano con mayor número de acciones con Fertinal. El caso también involucra a Emilio Lozoya Austin.
Y aunque el ex director de Fertinal, Fabio Massimo Covarrubias negó que la negociación para la compra venta de la empresa por parte de Pemex haya sido con Emilio Lozoya o con el ex presidente Enrique Peña, las investigaciones continúan.
Apenas el 25 de junio, un juez negó la suspensión provisional a Emilio Lozoya Austin, contra el aseguramiento de una casa en la colonia Lomas de Bezares, en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México. El juez federal argumentó que Lozoya Austin no pudo acreditar que el aseguramiento de la casa de Lomas de Bezares le haya causado un agravio.
La defensa legal de Emilio Lozoya ha solicitado que el ex presidente Enrique Peña Nieto, el ex secretario de Hacienda Luis Videgaray declaren en calidad de testigos por el caso de Agro Nitrogenados, lo cual fue descartado por un juez. Sin embargo, el abogado de Lozoya aseguró que interpondrá un recurso de queja.
Emilio Lozoya también continúa prófugo de la justicia.
