Los ataques a civiles en Gaza por parte de Israel estarían violando las Leyes internacionales, de acuerdo con el profesor Robert Goldman en las áreas de derecho internacional, derecho de derechos humanos, terrorismo y derecho internacional humanitario.
El 10 de octubre del presente año el máximo diplomático de la Unión Europea, Josep Borrell, condenó el ataque de Hamás, pero también sugirió que Israel no estaba actuando de acuerdo con el derecho internacional al cortar el suministro de agua, electricidad y alimentos a los civiles de Gaza.
Pero el derecho internacional y la propia naturaleza del conflicto –junto con el estatus de las dos partes implicadas– son áreas complejas.
Las leyes de la guerra, también conocidas como Derecho Internacional Humanitario (DIH), están compuestas por los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, sus dos Protocolos Adicionales de 1977, los Convenios de La Haya de 1899 y 1907, así como ciertos convenios sobre armas.
Estos instrumentos tienen como objetivo proteger a los civiles y otras personas que no son combatientes activos de los efectos de las hostilidades, estableciendo restricciones y prohibiciones en el desarrollo de la guerra.
Robert Goldman, experto en leyes de guerra del Washington College of Law de la American University, expresó para The Conversation expresó que que el DIH moderno no se ocupa de las razones para iniciar una guerra ni de la legalidad de hacerlo. Estos aspectos se rigen por la Carta de las Naciones Unidas y la práctica de los Estados miembros.
Así también destacó que perseguir y sancionar las violaciones de las leyes de la guerra puede ser complicado, dado que estas situaciones suelen estar rodeadas de dificultades y falta de cooperación entre las partes involucradas.
Según Goldman, muchos expertos en derecho humanitario sostendrían que el conflicto entre Hamás e Israel se puede catalogar como un "conflicto armado no internacional". Esto significa que se trata de una guerra civil en la que las fuerzas armadas de un Estado se enfrentan a un actor no estatal armado, en lugar de ser un conflicto internacional entre dos o más Estados soberanos.
"Si ese fuera el caso, el conflicto no se regiría por la totalidad de las leyes de la guerra, sino por el más limitado Artículo Común 3 de los Convenios de Ginebra junto con numerosas normas de derecho consuetudinario, que derivan de prácticas generales aceptadas como ley. El Artículo Común 3, que se aplica a los civiles y a quienes ya no combaten, prohíbe prácticas como la tortura, la ejecución sumaria y la denegación de un juicio justo. Pero el estatuto de prisionero de guerra sólo se aplica a los conflictos entre Estados, por lo que no sería aplicable".
Sin embargo, algunos observadores internacionales, incluidas las Naciones Unidas, consideran que Israel de hecho, ocupa Gaza, una opinión basada en el hecho de que Israel controla las fronteras de Gaza y el espacio aéreo y suministra la mayor parte de su electricidad.
Actualmente, las normas que rigen siguen en los conflictos armados internacionales siendo siendo las mismas. En cualquier conflicto armado, es crucial distinguir siempre entre civiles y combatientes, y los ataques solo pueden dirigirse contra combatientes y objetivos militares legítimos. La protección de la población civil en medio de un conflicto depende de tres factores esenciales.
En primer lugar, es importante que los civiles se abstengan de participar en el combate. Esto incluye no tomar las armas o participar de cualquier manera en las hostilidades.
En segundo lugar, la parte que controla a la población civil, en este caso, debe evitar exponerla a un mayor riesgo de sufrir daños utilizándola como escudo humano. Este tipo de prácticas son consideradas ilegales y violan los principios del DIH.
Por último, aquellos que llevan a cabo ataques deben tomar precauciones suficientes para evitar o reducir al mínimo el número de víctimas civiles cuando atacan objetivos legítimos. Esto implica la adopción de medidas para prevenir y minimizar el daño a la población civil, especialmente cuando se llevan a cabo operaciones militares en zonas densamente pobladas.
Estos principios tienen como objetivo proteger a los civiles atrapados en un conflicto armado y minimizar el sufrimiento humano en todas las circunstancias posibles.
De acuerdo con Goldman, los civiles de Gaza no solo no son objetivos legítimos, sino que también están protegidos por el DIH a través de la norma de proporcionalidad. Esta norma prohíbe realizar un ataque contra un objetivo militar si se prevé que causará víctimas civiles excesivas o desproporcionadas en relación con la ventaja militar esperada al destruir ese objetivo.
En el caso específico de Gaza, esta norma requiere que el ejército israelí haga un análisis y determinación del efecto probable que un ataque tendrá sobre la población civil. Si es evidente que un ataque causará un número desproporcionado de víctimas civiles, se debe suspender o cancelar el ataque.
Esta norma tiene como objetivo garantizar la protección de los civiles en conflictos armados y evitar daños innecesarios. Es fundamental que las partes en conflicto tomen todas las precauciones necesarias para minimizar y evitar las víctimas civiles, incluso al atacar objetivos militares legítimos.
"Dada la densidad urbana de Gaza, será extremadamente difícil para los israelíes evitar un número considerable de víctimas civiles, incluso cuando utilicen armas de precisión. Y esta tarea será casi imposible si Hamás, como ha hecho sistemáticamente en el pasado, utiliza a sus civiles y ahora a rehenes para proteger objetivos militares".
"Aunque Israel es el principal responsable de evitar un número excesivo de muertes de civiles en su bombardeo de Gaza, la capacidad de Hamás para alegar que el bombardeo constituye un crimen de guerra se vería debilitada si pone deliberadamente a su propia población en peligro. Y aunque Israel está cumpliendo con su obligación de avisar con antelación de un ataque en el norte de Gaza, el problema persiste: ¿Dónde pueden ponerse a salvo 1 millón de personas cuando las fronteras están cerradas y se están atacando objetivos militares en toda Gaza?".
Goldman sostiene que, a diferencia de situaciones anteriores, el asedio total en la guerra es ilegal, independientemente de si las partes involucradas están en hostilidades internacionales o no internacionales.
El bloqueo de alimentos, agua y medicinas, así como el corte de suministro eléctrico, como se sospecha que ocurre en Gaza, afecta desproporcionadamente a la población civil y puede llevar a la inanición. Este tipo de táctica de guerra está prohibida tanto por el DIH consuetudinario como por el DIH convencional.
Aunque las acciones de Hamás puedan ser horribles, el DIH no permite que una parte afectada responda de la misma manera. Esto significa que debe haber una distinción clara entre los responsables de los ataques y los civiles inocentes, y las medidas adoptadas deben cumplir con los principios del DIH para proteger a la población civil y evitar daños desproporcionados.
" La violación de la ley por una de las partes no puede, en principio, justificar o sancionar acciones de la otra que violen las prohibiciones establecidas en el derecho internacional humanitario. Las normas del DIH se aplican por igual a todas las partes beligerantes, independientemente de la naturaleza del conflicto. Esto significa que los combatientes israelíes y los de Hamás tienen los mismos derechos y obligaciones".
Sin embargo, si el conflicto no es internacional, Hamás será considerado un actor armado no estatal y sus combatientes no tendrán derecho al estatuto de prisionero de guerra en el momento de su captura. En consecuencia, Israel puede juzgarlos por todos sus actos hostiles, independientemente de que Hamás cumpla o no las leyes de la guerra.
Pero incluso si el conflicto fuera internacional, los combatientes de Hamás seguirían estando excluidos del estatuto de prisioneros de guerra. No son las fuerzas armadas de Palestina, que está reconocida como Estado por 138 naciones y cuyo gobierno es la Autoridad Palestina.
Más bien, los combatientes de Hamás son un grupo armado irregular. Para tener derecho al estatuto de prisionero de guerra en virtud del artículo 4A(2) del Tercer Convenio de Ginebra, los miembros de un grupo armado irregular deben cumplir normas muy estrictas, tanto colectiva como individualmente. Esto incluye distinguirse de los civiles y cumplir las leyes de la guerra. Es evidente que Hamás no ha cumplido ni cumple estas normas. Como tal, Israel podría negarles legalmente el estatus de prisionero de guerra en el momento de su captura.
Israel, Estados Unidos y otros países califican a los combatientes de Hamás de terroristas. Los recientes actos de Hamás –disparar indiscriminadamente miles de cohetes contra Israel, atacar, matar y tomar como rehenes a civiles– son actos de terrorismo de guerra y se califican de crímenes de guerra. Robert Goldman / The Conversation
