Filiberto Santiago Gamboa Guzmán presentó una ampliación de la denuncia que interpuso en marzo de 2018 ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra el ex Gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, por enriquecimiento ilícito y presunto desvío de recursos federales por 2 mil 700 millones de pesos.
Gamboa Guzmán envió dos misivas, una al Presidente Andrés Manuel López Obrador y otra al Senado de la República. En ellas solicita que se realice la indagatoria que desde hace más de un año está pendiente en contra del actual Senador.
Se dijo que además de no comprobar ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) el gasto de 2 mil 720 millones de pesos en 2016, el Senador del PVEM tampoco aclaró el uso de otros 650 millones destinados al Programa de Apoyo a Mujeres, asimismo, pidió explicar el subejercicio de 3 mil 961 millones de pesos etiquetados para diferentes programas sociales.
’Manuel Velasco Coello debe justificar el destino de los millones encontrados en una avioneta que aterrizó en Tapachula, Chiapas, y que desaparecieron. También su intervención en el dinero que recibió la Universidad Autónoma de Chiapas relacionado con la Estafa Maestra’, según se lee.
En lo relativo al presunto enriquecimiento ilícito, el priista dijo que éste tiene que ver con la adquisición de cinco departamentos de lujo en diferentes ciudades de Estados Unidos, que el ahora senador no ha transparentado.
En 2018 el gobierno de Manuel Velasco Coello desvió 685.8 millones de pesos que estaban destinados para programas de mujeres. Según los informes de la ASF, estos recursos se entregaron a 25 empresas fantasma, que aunque se negaron los hechos, no se acreditó el destino del dinero.
En una carta dirigida esta tarde a ese diario capitalino, el Senador Velasco expuso que durante su periodo de Gobierno (2012-2018), el estado de Chiapas fue la entidad federativa más auditada de toda la República Mexicana. También ’que se han atendido todas y cada una de las observaciones y requerimientos formulados por las instituciones correspondientes, cumpliendo con la comprobación y solventación del uso de los recursos públicos en tiempo y forma como lo marca la Ley’.
