Dos empresas de vigilancia se han llevado 170 millones de pesos en los cuatro años de la administración de la Gobernadora Claudia Pavlovich, siendo la más beneficiada; actualmente es "propiedad" de un primo de su esposo, Sergio Torres Ibarra, con 97 millones de pesos.
SISPS, que tiene como razón social Servicio Integral de Seguridad Privada de Sonora S.A. de C.V., que en este rubro ha sido la más beneficiada en la presente administración estatal con 97 millones de pesos, seguida de Excelencia en Seguridad Privada FASA, que ha recibido más de 80 millones.
Ambas empresas se llevan más del 50 por ciento del presupuesto que el poder ejecutivo del gobierno del estado de Sonora destina -a través de sus diferentes dependencias- para el gasto en seguridad privada y vigilancia, que en los primeros cuatro años de la administración de la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano se incrementó 57 por ciento, al pasar de 77.4 millones de pesos gastados en 2015, a erogar 122 millones al cierre de 2018.
La empresa SISPS, encargada de la vigilancia el día que se escaparon los menores de la casa hogar Unacari, continúa prestando sus servicios al DIF y tiene como representante a Michelle Marie Salido Huerta, esposa de Luis René Ibarra McLaurin, quien es primo directo de Sergio Torres Ibarra, esposo de la Gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano.
Los datos del Registro Público de Comercio permiten saber que la empresa fue creada en abril de 2013 por el padre de Luis René, Alejandro René Ibarra Platt, quien es hermano de la mamá de Sergio Torres Ibarra, Margarita Ibarra Platt, que desde el inicio de la administración y hasta este año fungió como presidenta honoraria -es decir, sin responsabilidad legal ni administrativa- del DIF Sonora.
El 11 de noviembre de 2015, casi dos meses después de la llegada al poder de Claudia Pavlovich Arellano, Alejandro René Ibarra Platt cedió el control de la empresa a Michelle Marie Salido Huerta, esposa de su hijo Luis René, quien también aparece como socio.
A través de solicitudes de información, así como con una serie de documentos como contratos y las cuentas públicas anuales, se pudo comprobar que durante la presente administración, el estado -a través de sus diferentes dependencias- elevó en 57 por ciento su gasto en seguridad privada, al pasar de 77.4 millones de pesos erogados en 2015, para llegar a 122 millones al cierre de 2018. En la pasada administración estatal SISPS no recibió ningún contrato.
El estado habrá destinado 340 millones de pesos entre 2016 y 2019 para el cuidado de oficinas y espacios públicos, de los cuales ha entregado 170 millones, el 50 por ciento, a las empresas Servicio Integral de Seguridad Privada de Sonora (SISPS) y a Excelencia en Seguridad Privada FASA. Ambas tienen a las esposas de los propietarios como representantes legales, lo que permite no se relacionen directamente a las empresas con los nombres de los personajes públicos mencionados.
Fausto Salazar Gómez fue detenido en septiembre de 2011 por su probable responsabilidad en el incendio de la Guardería ABC, ocurrido el 5 de junio de 2009, en Hermosillo Sonora, que provocó la muerte de 49 niñas y niños. Se desempeñaba como director de recaudación de la Secretaría de Hacienda del estado de Sonora, de la cual dependía la bodega en la que inició el fuego que se propagó a la guardería. Cuando fue detenido libró la cárcel al cubrir una fianza superior a los 2 millones de pesos.
En octubre de 2009, cuatro meses después del incendio, Fausto Salazar Gómez creó una empresa denominada Excelencia en Seguridad Privada FASA, con las iniciales de su nombre y primer apellido. Con él aparecieron como socios Juan Carlos y Jorge Horacio Mazón Salazar.
En octubre de 2011, Fausto Salazar renunció a las acciones de la empresa, que fueron adquiridas por su esposa, Mónica Rubio Soto, por Alejandro Mazón Salazar y por Felipe Francisco de Jesús Pavlovich del Razo, primo del padre de la Gobernadora, y tío de Epifanio Salido Pavlovich, titular de la Secretaría Técnica del gobierno del estado.
Durante el periodo de 2009 a 2015 esta empresa, conocida comercialmente como Argus Seguridad Privada, no obtuvo ningún contrato con la administración panista de Guillermo Padrés, pero a partir de 2016 ha logrado ingresos por más de 80 millones de pesos.
Al iniciar la administración de Claudia Pavlovich, los hermanos Mazón se retiraron de la participación empresarial, al igual que Felipe Pavlovich del Razo, y cedieron sus acciones a Mónica Rubio Soto, esposa de Fausto Salazar Gómez, y a Jorge Luis Meneses Coronado, según consta en documentos del Registro Público de Comercio.
Las dependencias con las cuales Argus ha obtenido contratos de manera sistemática y sin tener competidores han sido la Secretaría de Hacienda, el Isssteson, la Secretaría de Gobierno, el Fondo Estatal para la Modernización del Transporte, y la Secretaría Técnica encabezada por Epifanio Salido.
El caso de SISPS es similar: ha sido beneficiada por 10 dependencias que la han contratado desde 2016, entre las que sobresalen los Servicios Educativos de Sonora, bajo la tutela de la Secretaría de Educación y Cultura; además del DIF y la Universidad Estatal de Sonora.
Los primeros contratos los obtuvo principalmente bajo los procedimientos de adjudicación directa e invitación restringida a tres; sin embargo, durante los tres últimos años ha ganado licitaciones públicas a las que en la mayoría de las ocasiones se presenta como participante única, sin competidores.
En una de las ocasiones en que se presentó otra compañía a competirle fue para la licitación 2019 de los Servicios de Salud en Sonora, que paga el contrato más alto en materia de seguridad privada de todas las dependencias. La empresa Seguridad Privada del Desierto hizo una oferta menor, con diferencia de 100 mil pesos, y le quitó la posibilidad de llevarse a SISPS un contrato anual por 20 millones de pesos.
En la presentación de la propuesta de presupuesto de egresos que hace la administración estatal para la partida 33801, orientada a los gastos por seguridad y vigilancia privada, ha contemplado en el periodo 2016-2020 ejercer presupuestos anuales que oscilan entre los 20 y 30 millones de pesos.
Esos montos programados resultan insuficientes para los compromisos que adquieren las diversas dependencias con todos los proveedores. El compromiso de pagar únicamente a las dos empresas mencionadas ha rebasado los topes aprobados anualmente.
Por ejemplo, a finales de 2015, el Ejecutivo entregó al Congreso del estado una propuesta para gastar 20.7 millones de pesos por estos servicios durante el año fiscal 2016 en todas sus dependencias.
Con los 16.7 millones que recibió Servicio Integral de Seguridad Privada y los 8.1 millones de pesos destinados para pagos a Excelencia en Seguridad Privada FASA, se alcanzaron 24.8 millones entre ambas, llevándose casi el 35 por ciento de los 71.3 millones que terminó gastando el gobierno estatal ese año en seguridad privada.
En 2017, el porcentaje de ganancia de ambas empresas subió a 44 por ciento del total ejercido; y en 2018, prácticamente se duplicó con respecto al 2016: las dos empresas lograron llevarse dos terceras partes de un gasto máximo histórico para esa partida, alcanzando 81.7 de los 120 millones de pesos erogados.
De esta forma, las dependencias del Poder Ejecutivo incrementaron 57 por ciento el gasto en seguridad privada, al pasar de 77.4 millones de pesos erogados en 2015, para alcanzar los 122 millones en el 2018.
El gasto propuesto por el gobierno del estado en el presupuesto de egresos del año 2020 considera sólo erogar 29.5 millones de pesos, por lo que de seguir la inercia en los resultados de los procesos de contratación, ese dinero no alcanzaría para cubrir ni siquiera a cualquiera de estas dos empresas que han liderado el gasto en seguridad privada durante el sexenio.
El gasto anual en la partida 33801, destinada a servicios de seguridad y vigilancia, representa más de lo ejercido cada año por algunas instancias como el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales; la Comisión Estatal de Derechos Humanos; el Tribunal Estatal Electoral; el Tribunal de Justicia Administrativa; y la Secretaría Técnica y de Atención Ciudadana, cada una con gastos inferiores a los 120 millones de pesos, para toda su operación, incluyendo nóminas, gastos en servicios y demás compromisos.
