Tráfico de influencias, corrupción, cohecho y omisión embarran a la PGJEH y al TSJEH en perjuicio de menor


Rosenda Sánchez Sánchez, Secretaria de Acuerdos del Juzgado de Mixquiahuala, se ha valido de sus influencias para burlar la Ley incluso en perjuicio de su propio hijo

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Diciembre 02, 2019 04:00 hrs.
Derechos Humanos Estados › México Hidalgo
Emmanuel Ameth › Emmanuel Ameth Noticias

Un menor de apenas 6 años de edad fue víctima de violencia familiar por un crimen lamentable. El padre del menor ha llevado a cabo las denuncias correspondientes, cuyas diligencias se encuentran llenas de irregularidades gracias a que la madre del menor, de nombre Rosenda Sánchez Sánchez, Secretaria de Acuerdos al juzgado de Mixquiahuala, ha movido sus influencias para dejar el delito en total impunidad.

El padre del menor, Sabino Gómez Badillo., con lágrimas en los ojos, reveló a este medio audios, videos, declaraciones y oficios de expedientes expedientes que no dejan lugar a dudas sobre el delito cometido.

Lastimosamente, en Hidalgo puede más el influyentismo, el compadrazgo, los tratos en lo oscurito y los sobornos no sólo para dejar impune un delito, sino para que el mismo se siga cometiendo en perjuicio de un inocente cuyo agravio retumbaría no sólo en la conciencia de la sociedad hidalguense, sino que desnudaría un Sistema de justicia parcial, podrido, que obliga a sacudirlo para su correcto funcionamiento y cuyos protectores se pasean sin cargo de conciencia alguno.

Para no revictimizar al menor diremos que se trata de un crimen lamentable que es promovido por la Secretaria Rosenda Sánchez, y donde cualquier cantidad de jueces y empleados del Poder Judicial del Estado de Hidalgo han resultado embarrados; en un Sistema donde existiera un mínimo de justicia, los involucrados deberían pisar la cárcel, pues son responsables por ejercer prácticas dilatorias, de manipulación de pruebas, de encubrimiento y de perjudicar la vida de un inocente de 6 años; con un mínimo de ética, de menos deberían renunciar.

Los Hechos

En febrero pasado, luego de tener convivencia con su hijo, el informante señaló que tras notar una conducta extraña por parte de su hijo, vino una revelación que le dejó atónito. Incrédulo, pidió que la repitiera y esta vez la grabó, lo cual solamente le llenó de rabia y tristeza.

Posteriormente, vino el reclamo hacia la madre del mismo, misma que no quería dar la cara al tener previo conocimiento del hecho y sentir vergüenza. Los familiares de la misma, algunos víctimas de la misma situación ya sea de forma directa o porque el agresor -un familiar directo de Rosenda- habría hecho lo mismo con sus propios hijos, no les sorprendió el acto. Pero ninguno quiso actuar.

Relata Sabino que acudió con las autoridades para dar fe de los hechos, con pruebas en mano y solicitando las diligencias adecuadas al agente del ministerio público para que el proceso tuviera los elementos suficientes para llevarse a cabo de manera justa. Pero no contaba con que la justicia se prostituye del lado del mejor postor y que no se necesita ser un gran personaje para inclinar la balanza, pues basta ser un mero Secretario de Acuerdos, como Rosenda Sánchez Sánchez, de tener como pasre de su hijo mayor a un Defensor de Oficio de nombre Humberto Calva Pérez, así como de gozar con el padrinazgo de una Magistrada para burlar la Ley.

Las primeras señales del influyentismo llegaron cuando el caso fue remitido a un juzgado donde la empleada de gobierno laboró, siendo la juez de Tulancingo Iris Mireya Reyes Hernández quien comenzó con prácticas dilatorias para negar copias del expediente y todo tipo de bajezas jurídicas para negar investigaciones; también estuvo involucrada Laura Grijalva Escamilla, exjueza de Tula, quien atrajo el caso y quien no debió de declararse competente por mantener una relación de amistad con una de las partes, misma que refrendó su lealtad ordenando al agente del MP la dilación de pruebas, exámenes y demás elementos que llevaran el juicio a resolverse con justicia.

Los actos anteriores provocaron que el afectado pidiera la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y que tramitara un cambio de juzgado; cuál fue su sorpresa que el expediente fue reasignado al Juzgado de Mixquiahuala, el mismo donde trabaja una de las partes; allí, la juez se apegó a protocolo y manifestó que la demandada era su empleada, condición por la cual se excusó para poder juzgar el caso.

No fue sino hasta que el mismo cayó en el distrito de Tula que al fin se encontró con un juez imparcial, toda vez que no conocía a ninguna de las partes. Sin embargo, al ver Rosenda Sánchez que no era un funcionario a modo a sus intereses, comenzó a alegar que este era “compadre” de Sabino, quien lo conoció en audiencia y no tuvo mayor contacto con el mismo que el enmarcado por la Ley.

A decir del denunciante, Rosenda Sánchez Sánchez siempre presumió de su influyentismo y aseguró que “la Ley era ella”, que los jueces para los cuales había laborado eran incompetentes y que sabía perfectamente cómo funciona la justicia… cosa que lamentablemente, probó que es cierta.

Las acusaciones de tráfico de influencias tienen su sustento. No sólo la demanda transitó por juzgados afines a Rosenda, hubo prácticas dilatorias en perjuicio de un menor y el agente del Ministerio Público se negó a hacer algunas pruebas en tanto otras las hizo sin la presencia ni aviso de la parte demandante -y sí de la demandada-, sino que ha tenido que ha sido cambiada de juzgados por presuntas faltas de probidad; incluso, algunos de los señalados, fueron cambiados también a otras zonas con la intención de que la contraloría interna y otras instancias no pudieran localizarlos.

Es práctica común que los Secretarios, quienes son los que encabezan las audiencias en lugar de los jueces, que conforme les llegan los casos, nieguen la disponibilidad de defensores o de agentes disponibles y “recomienden” abogados con los cuales se ponen de acuerdo para resolver los casos en un sentido u otro. Es por ello que en lugar de procesar a Rosenda Sánchez, la PGJEH y el TSJEH prefieren cambiar el área de trabajo de la susodicha que involucrarla en un proceso, pues esta revelaría toda la trama de corrupción con la que operan las instituciones que se supone deben velar por la justicia.

El padre del afectado espera respuesta por parte del gobernador del Estado de Hidalgo para recibir no otra cosa que no sea justicia aunque no se limita a esta: pide que el expediente o bien se resuelva o bien se archive para acudir con instancias federales, pues como se tiene hasta el momento, olvidado el asunto y sin ningún avance, solamente se promueve la impunidad.

Los números de Carpeta son 12-ADO-029/2019 y 12-ADO-116-2019. El numero de expediente es el 838/2019.

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