Mientras se acumulan reportes sobre el cierre de estancias infantiles tras el recorte presupuestal de casi la mitad, educadoras de diversos estados niegan que ’se estén haciendo ricas’ y ofrecieron su ayuda al Gobierno federal para ubicar el origen de la corrupción dentro del programa para sancionar a los responsables ’de arriba’: delegados y coordinadores de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
Socorro Muñoz, coordinadora de una estancia infantil en la Alcaldía de Azcapotzcalco, afirmó que si los supervisores del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) determinaban que debían cerrarse estancias, ’Sedesol no permitía, entonces la corrupción estaba ahí, todos sabemos que Sedesol era la caja chica del gobierno […] Decirnos que somos rateras, ¿quién se hace rica con 900 pesos de 60 niños si se les da de desayunar y de comer?, ¿eso es corrupción?’.
La Sedesol trasladaba un subsidio de 950 pesos cada mes por niño a una cuenta bancaria, pero solo si los responsables de estancias comprobaban con las listas, firmadas por los padres, la asistencia de los infantes 15 veces y por lo menos con cinco horas de permanencia.
’El beneficiario es quien hace el registro de los niños directamente con las autoridades de Sedesol de cada estado, quienes hacen la captura y deciden si procede. Ellos son los que ingresan al niño al sistema para que tenga derecho a un apoyo económico. Ninguna de nosotras hace uso de ese sistema ni ingresamos niños; cómo vamos a manipular nosotras si los papás son los que registran directamente y quien revisa son los funcionarios de Sedesol en cada estado’, dijo.
’Para que le den el apoyo al papá y que lo depositaran mes con mes en las estancias a través de una cuenta bancaria del responsable de la estancia, se tenía que comprobar que el niño asistió. Las listas de asistencia –firmadas por los padres– son exaustivamente revisadas para determinar si procede el apoyo’, detalló. ’Sabemos que en estados era terrible el retraso del apoyo y por eso las condiciones’.
El martes, el Senador de Movimiento Ciudadano Samuel García ganó un amparo en contra del recorte presupuestal al programa, que ordena al gobierno publicar las reglas de operación de 2019. El Presidente Andrés Manuel López Obrador respondió que cumplirán lo que ordenen las autoridades judiciales, aunque no cree que ’un juez ampare una irregularidad’. Finalmente se publicaron al término de esta semana en el Diario Oficial de la Federación, lo cual hace oficial la entrega directa a padres en vez de a estancias.
La Diputada de Morena Rosalba Valencia Cruz, Presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, aseguró en entrevista que en ningún momento se ha señalado a las maestras de corruptas y reiteró a los padres de familia que aunque hay ’cambios grandes’, el programa no desaparecerá.
’La corrupción estuvo en las personas que estuvieron a cargo del programa y de la vigilancia, por ejemplo, los delegados, los subdelegados, los supervisores y los coordinadores. Ahí es donde se dio la corrupción’, señaló. ’Nuestro trabajo es que la ley se cumpla y las instancias correspondientes cumplan conforme a derecho con sus obligaciones’.
Elizabeth Angoa, encargada de una estancia infantil en Nezahualcóyotl, Estado de México, explicó que los recursos iban de la entonces Sedesol a las delegaciones de cada entidad.
’En las oficinas centrales de Reforma [avenida en la Ciudad de México] es donde se controlaba toda la red de estancias infantiles. Ellos determinaban el presupuesto para las entidades, donde hay delegados, coordinadores y asesores, de ahí se bajaba a las responsables’, afirmó. ’Sin embargo, el deterioro era controlable y depurable. No era desaparecerlo. Evidentemente hay una situación política de fondo’.
